OPINIÓN

La inseguridad jurídica en España es...

Los par­tidos po­lí­ticos y al­gunas grandes cor­po­ra­ciones do­minan el poder le­gis­la­tivo y en sus gue­rras fra­tri­cidas pre­va­lecen más sus in­tereses que los de los ciu­da­da­nos.

Congreso de los Diputados.
Congreso de los Diputados.

Inseguridad ju­rí­dica es que un ciu­da­dano se vaya de viaje o in­cluso a casa de al­guno de sus hijos para ayu­darle a cuidar a sus nie­tos, y que de re­pente se pongan en con­tacto con él de forma ur­gente sus ve­cinos de toda la vida para con­tarle que al­guien ha en­trado en su vi­vienda y la ha ocu­pa­do...

Y que tras regresar a toda velocidad a casa, resulte que le es imposible entrar y echar directamente a esas personas que están utilizando su casa sin su permiso, a menos que comience un largo proceso de desahucio o contrate a unos matones, lo que no parece muy de recibo.

Derecho de propiedad

El ejemplo vale perfectamente para una segunda vivienda, que nadie tiene derecho a ocupar mientras se suponga que existe eso que llamamos derecho de propiedad, que al parecer existe, aunque no esté muy claro del todo en estos tiempos, ya que sufre de una desprotección creciente.

Inseguridad jurídica es que a una empresa o un particular que tenga una casa alquilada como inversión, el Gobierno le prohíba subir a sus inquilinos la renta por encima del 2% cuando la inflación del país está cerca del 9%. Y lo haga, alegando los problemas de la gente para pagar el alquiler en situaciones de crisis económica, pero sin hacer la autocrítica de que son las políticas públicas precisamente las causantes de esas situaciones.

Sin duda, el Estado tiene todo el derecho y hasta la obligación de socorrer a quienes necesiten ayuda, pero con sus propios recursos que provienen de los impuestos a los ciudadanos, no con los ingresos de determinados colectivos. Y si decide hacerlo, al menos habilitar una política que permita compensar esas pérdidas, como han hecho en países vecinos al nuestro, por ejemplo Portugal.

Prohibición de circular

Inseguridad jurídica es que una administración prohíba a cualquier ciudadano circular con su coche por la ciudad en la que vive o trabaja, por tener el vehículo determinadas características y años, alegando cualquier tema medioambiental que por supuesto no está científicamente comprobado y para el que además existen soluciones de todo tipo, entre ellas las exigencias de las propias concesiones ITV del Estado.

Y hacerlo sin darle ninguna alternativa ni preguntarle si tiene unas condiciones económicas para cambiar de vehículo o si lo necesita para desplazarse por su actividad laboral o por lo sea.

Inseguridad jurídica es que en medio de una reforma de la casa alquien se encuentre debajo de una baldosa un paquete con 10 o 20 millones de pesetas, que enseguida intuye que había escondido allí su abuela o cualquier pariente de los muchos que habitó esa casa, y que cuando va a cambiarlos por euros a un banco, le digan que no es posible, que ese dinero ya no es de curso legal tras haber vencido el plazo que dieron para que se cambiase.

Un sistema legal más justo

Podrían ponerse muchos más ejemplos, pero basta con estos. Es evidente que un buen sistema legal, que sea justo, debería defender que los ciudadanos y las empresas españolas tengan siempre todas las garantías necesarias para poder cumplir sus obligaciones con confianza y seguridad.

Y que eso debería hacerse sin tener que cumplir los tantas veces imposibles requisitos legales que se exigen, las incontables trabas administrativas y la lentitud exasperante de los procesos judiciales. También los continuos cambios de normativa y sus vacíos legales, y la grave falta de medidas y la poca vigilancia del cumplimiento de las leyes, que desgraciadamente suelen ser lo habitual, y es todo lo que conforma la inseguridad jurídica.

Numerosos expertos dicen actualmente respecto al funcionamiento de los tribunales de Justicia, que el problema no es ya solo su lentitud, lo que habitualmente se suele criticar, sino que la situación ha llegado a un punto en que es más que probable que el fallo más grave resida en la baja calidad y la imprevisibilidad de muchas de sus sentencias.

Lo que dice la Constitución

Pero todo esto no debería ser así, la Constitución española recoge en su artículo 9.3 que “garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”, asegura la Carta Magna de forma muy clara.

Sin embargo, esto que suena tan bien, está bastante reñido con la realidad de España en estos momentos, y es muy preocupante por muchas causas, tanto de libertad personal como económicas. Para nadie es desconocido que los agentes económicos buscan siempre que los mercados sean predecibles, y que para ellos la seguridad jurídica es el primer requisito a la hora de invertir. Una nación donde la seguridad jurídica brille por su ausencia estará mucho más parada económicamente, ya que el capital nacional no se moverá de debajo del ladrillo y el dinero se irá al exterior, y por supuesto la inversión foránea ni se acercará.

Partidos y grandes corporaciones

Probablemente, una vez más podemos echar la culpa a los políticos, grandes improvisadores para estirar y modificar a su gusto todas las legislaciones según sus intereses, como si fueran goma. Pero también a algunos de los grandes grupos empresariales y financieros españoles con fuertes intereses corporativos a la hora de la elaboración de leyes y normas a su medida.

Recordemos una doctrina específica que lleva puesto el nombre coloquial de un banquero ya fallecido. Ambos colectivos llevan años y años enredando y malmetiendo con la magistratura para intentar obtener posiciones de ventaja, que desgraciadamente consiguen la mayoría de las veces.

No hay más que leer la prensa estos días siguiendo la modificación del delito de sedición y quién sabe si en el futuro el de malversación, además del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y la que acaba de armar el Gobierno al proponer a un exministro de Justicia y a una directa colaboradora suya para el Tribunal Constitucional.

Como si alguien pudiera extrañarse por esto a estas alturas, después del paso de Dolores Delgado de ministra de Justicia a Fiscal General del Estado. Y hay poco que decir de toda la pantomima que está rodeando a la subida impositiva de energéticas y los bancos.

Si en todo lo que se cuece alrededor de todos esos cambios hubiera transparencia, luz y taquígrafos de verdad, y cualquier ciudadano tuviera las mismas posibilidades que políticos y empresarios de dar sus razones, todo esto sería más llevadero, pero lamentablemente no es así.

Sin hoja de ruta

En este momento, Pedro Sánchez está al frente de un Gobierno que no tiene ninguna hoja de ruta más que ganar las próximas elecciones a costa de lo que sea, y es incapaz de gestionar las negociaciones y continuas exigencias de sus socios de Podemos y nacionalistas catalanes y vascos con cierta coherencia.

Por ello, esas idas y vueltas constantes en casi todas las materias que afectan directamente a la seguridad jurídica, como impuestos, fiscalidad, consumo y comercio o relaciones laborales, entre otras muchas. Se puede pasar del cero al infinito en cualquiera de ellas en una décima de segundo y desgraciadamente sucede cada día.

Pero no es el Ejecutivo el único en agitar esta inseguridad, el PP también tiene mucho que callar sobre decisiones tomadas respecto a estas materias cuando gobernaba. Y en la actualidad se limita a prometer que derogará todo lo que hacen sus rivales, cosa que luego históricamente nunca ha hecho, así que sería mejor que se callase. Hay ejemplos para aburrir.

Aunque no se ven trazas de cambio a mejor en estos tiempos, confiemos en que las cosas puedan ir cambiando aunque sea poco a poco, para una mayor seguridad jurídica de los ciudadanos y también de las empresas y los inversores y así podamos recuperar una confianza necesaria que hemos ido perdiendo. Y esperemos también que nadie decida que defender la seguridad jurídica es una cosa de fachas, como probablemente más de uno estará pensando ya y quizás pretenda incluir en un argumentario político, de esos que dan asco, para repartir por tierra, mar y aire, como la estupenda y tranquila situación de Cataluña en la actualidad frente a como estaba hace unos años. En fin, que cosas.

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