Perú es el quinto destino en Latam de la inversión de España, el mayor inversor allí (18% de la IED, 13.000 millones), por delante de Reino Unido (17%), Chile (13%) y EEUU (12%) y donde operan 500 firmas españolas.
En apenas unas horas de vértigo, Castillo, que afrontaba el miércoles pasado en el Parlamento su tercera votación de destitución, tras haber sido acusado por la Fiscalía de corrupción y de liderar un organización criminal para beneficios económicos, se adelantó a su comparecencia y anunció, en un inesperado mensaje al país, la disolución del Congreso, medidas de excepción y un gobierno por decreto.
Tras ello, fue acusado hasta por su propio partido, Perú Libre, que le llevó al poder, de intentar un golpe de Estado y su acción, condenada de forma unánime por todas las fuerzas políticas. Poco después fue cesado por el Legislativo por mayoría abrumadora de votos y detenido. Se puso así fin a un mandato de año y medio lleno de turbulencias, conflictos e incertidumbre en un país donde la corrupción causa ya el hartazgo, el descontento, la desconfianza y el hastío de los peruanos hacia la clase política.
A Castillo, cuya gestión era rechazada por el 75% de la población; cuyo Ejecutivo ha sufrido un goteo de renuncias y ha sido remodelado cinco veces en 16 meses, le sucedió como jefa del Estado su vicepresidenta, Dina Boluarte, primera mandataria en la historia del país. Boluarte, que llamó a una tregua al Congreso y ha fijado un gobierno de unidad nacional, hereda los mismos problemas que se suceden en los últimos años. Expulsada de Perú Libre por el secretario general, el comunista Vladimir Cerrón, y una de los dos ministros que ha permanecido en toda la era Castillo, no parece tener apoyo necesario para formar Ejecutivo estable ni respaldo en escaños en el Legislativo, lo que abre a puerta a la continuidad de la incertidumbre.
Aunque Boluarte ha nombrado un Gobierno de tecnócratas sin vínculos conocidos con partidos políticos, tan solo tres días después de la destitución de Castillo, con el ex fiscal superior Pedro Miguel Angulo de primero ministro y Alex Alonso Contreras al frente de Economía, la situación dista de calmarse. La presidenta, pese a jurar el cargo hasta 2026, no descarta ya adelantar la convocatoria las elecciones a 2024, si la situación lo exige para sofocar la tensión social y las graves protestas destadas en el país, especialmente en el sur, por la detención de Castillo. Un Castillo que sugiere haber sido drogado para leer el mensaje, dentro de “un plan maquiavélico”.
La economía resiste el ruido político
La incertidumbre en Perú se ha agravado en los últimos años y muestra de ello es el hecho de que en el país se han sucedido seis jefes del Estado desde 2018 (Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, el mandatario de transición Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte), cuatro de ellos destituidos por un Congreso muy fragmentado y de mayoría conservadora y que han dirigido el país en un entorno caracterizado por el pulso permanente entre el Congreso y los presidentes.
Lo único que ha continuado relativamente indemne en este lapso, como sucedió en el pasado con las presidencias de distinto signo político de Toledo, García y Humala, es el rumbo de la economía de modelo abierto y pro-mercado, que viene mostrando enorme solidez, y la independencia e influencia del banco central. Su presidente, Julio Velarde es juzgado uno de los garantes de este modelo y de la confianza de mercados e inversores desde que fue elegido en 2006. En 2021 fue ratificado hasta 2026.
Sin embargo, aunque política y economía parecen seguir derroteros diferentes desde hace 20 años, la crisis política e institucional permanente del país enrarece el ambiente y no se atisba final al clima de precariedad institucional en un país que ha sido en los últimos años ejemplo de éxito y modelo de estabilidad en el panorama de las economías de Latam. Antes de Castillo, que había superado dos votaciones previas de destitución en el Congreso bajo la fórmula de ‘incapacidad moral’ los centristas PPK y Vizcarra fueron cesados tras sendos ‘impechments’ con la misma figura en 2018 y 2020, el primero tras ser vinculado con la trama Odebrecht y el segundo tras ser investigado por supuestamente recibir sobornos.
Crisis institucional permanente
Pero la ligazón entre máximo poder del Estado y corrupción viene de más atrás. Tras el fin de la era Fujimori llegó al poder Alejandro Toledo (2001-06), prófugo de la Justicia después de haber sido acusado de recibir 20 millones de euros en sobornos de Odebrecht. Tras él volvió a gobernar Alan García, quien ya lo había hecho a mitad de los 80 y que se suicidó en 2019 cuando iba a ser arrestado por corrupción.
A su mandato siguió el de Ollanta Humala (2011-2016) que cumplió un año a prisión preventiva en 2017 tras haber sido acusado de lavado de activos de Odebrecht. Tras PPK y Vizcarra, asumió brevemente el poder (cinco días) Manuel Merino. Además, la adversaria de Castillo en las presidenciales, y a la que batió por exiguo margen de 44.263 vo¬tos, Keiko Fujimori, también afronta acusaciones de corrupción.
El nuevo terremoto político se produce en un momento económico delicado y de desaceleración del crecimiento. Los organismos internacionales apuntan a que Perú sólo avanzará el 2,7% este año, por debajo de la media regional y reducirá al ritmo al 2,2% en 2023. Pero, pese al deterioro de la confianza empresarial y la caída de la inversión privada, Lima aún cree posible un crecimiento del PIB del 3,1% en 2022. El PIB se expandió en 2021 el 13,31%, la tasa más alta desde que tiene registro el banco central, tras desfondarse el 11% en 2020 por el impacto del Covid. Aunque la inversión foránea creció el 18,3% en 2021, la perspectiva para 2022 es menos alentadora: se estima que se reducirá por la incertidumbre global y el repunte de la inflación.
Las empresas españolas, pese a la incertidumbre, han venido manteniendo su confianza y apuesta por Perú, donde Sacyr se hizo con la ampliación del aeropuerto de Lima a fines de 2021. Las firmas españolas tienen presencia arraigada en construcción, finanzas, energía, telecos y saneamiento. Allí operan, con importantes proyectos como el metro de Lima, compañías como FCC, ACS, Sacyr, Telefónica, Repsol, BBVA, Santander, Inditex, Redeia, Globalia, Endesa, Enagas, Naturgy, Ferrovial, Acciona, Sacyr, Mapfre, Meliá, NH, OHLA y un creciente número de pymes.
Según un estudio de la Cámara Oficial de Comercio de España en Perú y la Universidad del Pacífico, la inversión española contribuyó con unos 40.000 millones de dólares a la economía peruana entre 1993 y 2019, el equivalente al 1% anual del PIB del país andino a lo largo del período. Esa inversión se tradujo en la creación de 1,27 millones de empleos directos e indirectos.