Los conocidos como países frugales de la Unión Europea, Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia, a los que, a la hora de exigir control del déficit y la deuda, siempre se suma Alemania, han acabado por imponer su criterio.
Quieren lisa y llanamente que la Comisión Europea vuelva a exigir a los Estados miembros el cumplimiento de las normas aprobadas para asegurar que los países de la Unión mantienen unas finanzas públicas saneadas que no pongan en riesgo la moneda única. Estos países vienen señalando con su dedo en concreto a Grecia, Italia, Portugal, España, Bélgica y Francia por el nivel de deuda muy por encima del 100 % de su PIB. En concreto la deuda española supone el 117,68 % del PIB.
Pese a estas presiones y ante la falta de respuesta concreta por parte de la Comisión, el Gobierno holandés ha llegado el pasado miércoles día 2 incluso a pedir, de forma expresa y pública, que se mejore ya el cumplimiento y la supervisión de las reglas fiscales.
Bruselas, tras dejar siete años en suspenso los criterios de estabilidad, ya se ha puesto de acuerdo sobre el texto del borrador de la aplicación de las nuevas reglas del pacto fiscal europeo que dará a conocer esta semana, una semana de gran actividad. Junto a la reunión del Colegio de Comisarios, que se celebrará como es tradicional el miércoles, el Consejo de Asuntos Económicos y Fiscales se reunirá los días 8 y 9 con una amplísima agenda.
En la misma, destaca el análisis que los ministros de Economía y Finanzas de los 27 deben hacer sobre la aplicación de los Fondos Next generation. Las dudas sobre cómo se aplican y controlan en España continúan aumentando.
Nuevas exigencias
En cuanto a las nuevas exigencias de control del gasto, la Comisión admite las razones y exigencias de los estados frugales. Por ello pretende ser eficaz y realista, al mismo tiempo que quiere que las normas sean lo suficientemente flexibles como para no ahogar financieramente a ningún Estado miembro, incluso si llegado el caso volviera a incumplir las nuevas normas.
Hasta ahora, ningún Estado miembro ha sufrido sanción alguna por incumplimiento del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza del 2012 que es el que está en vigor en la actualidad y que supuso la gran reforma del original Pacto de Estabilidad y Crecimiento adoptada en 1997 por el Consejo Europeo.
Para los países frugales, ya resulta necesario examinar la aplicación del Pacto revisado por la Comisión Europea en 2015, año en el que se publicaron sus últimas orientaciones. Estas, además, han quedado en suspenso tras el cúmulo de crisis sucesivas económicas, sociales y sanitarias, que han sumido a los Estados miembros en la grave situación actual.
Las disensiones internas en la Comisión siguen siendo amplias en algunos aspectos por lo que no se han podido eliminar algunos de los criterios del Pacto de Estabilidad. Fuentes del parlamento europeo sostienen que seguirán vigentes dos de los grandes puntales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como son que el déficit público anual no supere el 3 % del PIB y que la deuda no alcance el 60% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. El debate a partir de ahora es cuanto tiempo se dará a cada país para que cumpla con las normas establecidas.
España tiene difícil poder conseguir el control de la deuda a corto plazo. Según los últimos datos del Banco de España, correspondientes al cierre de agosto, el conjunto de la deuda pública sumaba 1,491 billones de euros, es decir el 117, 68 % del PIB.
Como ha venido sugiriendo en sus últimas comparecencias el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, habrá más flexibilidad sobre los plazos a la hora de respetar los criterios de estabilidad.
Según adelantaba el diario El País el pasado sábado, Bruselas ya ha conseguido un acuerdo interno para su propuesta de reforma. La novedad principal supone que a diferencia de las normas anteriores que eran de aplicación general, a partir de que se alcance el nuevo acuerdo, la Comisión diseñará con los países afectados planes fiscales de cuatro años, que podrán extenderse hasta siete si se asumen las condiciones previstas por la Comisión en el ámbito de las reformas económicas y según las inversiones públicas que se realicen.
Otro aspecto relevante, es que las inversiones para la transición ecológica, la revolución digital y la defensa, podrían quedar fuera de la contabilización de la deuda.
Lo que sucederá el miércoles será la publicación de la propuesta de la Comisión Europea. Con la misma se da el pistoletazo de salida a una negociación en la que chocarán los intereses de los países más endeudados con los de los países frugales que recuerdan que las normas vigentes se aprobaron para garantizar el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, cuyo proceso sigue en marcha.
Pese a la comprensión del Ejecutivo comunitario, los elevados niveles de deuda de la administración pública hacen presagiar unas difíciles negociaciones entre el Gobierno y la Comisión. Para que este endeudamiento no suponga un grave problema de gestión para el Gobierno que esté en funciones en ese momento, será necesario también el mejor entendimiento con el Banco Central Europeo, el primer comprador de deuda española.
La desafortunada intervención de Pedro Sánchez tras el varapalo del BCE al proyecto del Gobierno de impuesto a la banca, criticando al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, resulta impropio de un jefe de Gobierno europeo. Pero sobre todo pone en riesgo las mejores relaciones institucionales y de respeto que se deben mantener con una de las instituciones que es un pilar central en el funcionamiento de la Europa que nos hemos dado sus ciudadanos. Sus reticencias a la hora de comprar deuda española no solo pondría a Sánchez contra las cuerdas, pondría a España al borde de la suspensión de pagos.