El grupo petrolero y eléctrico ha provocado que País Vasco y Cataluña se hayan adherido y presionado al PSOE a modificar su postura inicial.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado el recorte del impuestazo para “adaptarlo” a la resolución de la Comisión Europea sin importar ahora que esta bajada vaya a suponer una reducción de 2.000 millones de euros de los 7.000 millones que el Gobierno tenía previsto recaudar de las energéticas y de la banca. Santander, BBVA y CaixaBank no se han pronunciado pero se espera que exigirán el mismo trato que se va a dar al sector petrolero y eléctrico.
Si bien todo el sector energético ha sido igual de crítico contra el Gobierno de Pedro Sánchez, Repsol, Iberdrola, Endesa y Naturgy han sido las cuatro compañías que más fuerza han hecho entre los partidos nacionalistas para que la medida se suavizase. Las buenas relaciones y los acuerdos que tienen sellados el Ente Vasco de la Energía (EVE) y Repsol han sido un elemento muy relevante para que el Gobierno de Euskadi haya presionado a Sánchez.
Imaz y Galán, los dos tenores
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha insistido una y otra vez en las inversiones que la petrolera estaba realizando en España, concretamente en el sector refino y en el proceso de descarbonización, para criticar al Gobierno y advertir de que se sentía fuertemente castigada.
En la presentación de los resultados del tercer trimestre, la compañía anunció un resultado neto de 3.222 millones de euros y un beneficio neto ajustado de 4.564 millones. Según la compañía, la senda de recuperación de los precios del crudo y del gas está permitiendo compensar “parcialmente” las pérdidas sufridas en los ejercicios de 2019 y 2020 de más de 7.100 millones de euros. Una cifra que los directivos de Repsol recuerdan para criticar el impuestazo que el Gobierno de Pedro Sánchez y la propia Comisión Europea quieren aplicar a los beneficios de las petroleras y eléctricas.
Repsol añade además que, desde el pasado mes de marzo, aplica descuentos a sus clientes en gasolineras de su propiedad y en las abanderadas que ascienden a unos ahorros de más de 300 millones de euros. Pese al actual momento positivo en sus cuentas, la compañía ha decidido registrar unas provisiones de 2.086 millones de euros por el deterioro del valor contable de sus refinerías.
Por su parte, la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán, utiliza siempre que puede toda su artillería pesada para hacer de lobby en el País Vasco y recordar que es la empresa que más impuestos paga. A ello se une que tiene su sede en Bilbao por lo que Galán ha actuado de palanca ante el PNV. El mensaje que el máximo ejecutivo siempre lanza es que la compañía centrará sus inversiones en países con una “regulación estable”, algo que en España no sucede por los continuos vaivenes y cambios del actual Ejecutivo.
Marcos regulatorios estables
Iberdrola acaba precisamente de anunciar en su Capital Markets, celebrado en Londres, que invertirá 47.000 millones de euros en el periodo 2023-2025 para impulsar la transición energética, el empleo y las emisiones cero en carbono. En palabras del propio Galán, el 80% de estas inversiones se destinaran a países con calificación crediticia A, marcos regulatorios estables y objetivos de electrificación.
Estados Unidos será el país que recibirá una mayor partida de las inversiones con el 47% de las mismas. En cambio, en España, las inversiones superarán los 6.000 millones de euros en tres años, equivalentes al 13% del total, en línea con la media de los tres últimos ejercicios.
Reino Unido será el segundo país donde Iberdrola apostará con un 16%. La eléctrica impulsará además la diversificación geográfica en países como Alemania, Francia y Australia a los que destinará otro 13%. Por tanto, España ha dejado de ser hace tiempo el país líder para invertir y Estados Unidos y Reino Unido son prioritarios en su plan de expansión internacional.
Por lo que se refiere a Endesa, días antes de que la Comisión de Asuntos Económicos aceptase las dos enmiendas del PNV y PDeCAT, la eléctrica había estimado un impacto negativo de 400 millones de euros de aplicar el Gobierno el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas. El consejero delegado, José Bogas, ha rechazado ante los analistas este gravamen por considerar que “la norma va contra el espíritu de la Comisión Europea”, ya que gravará los ingresos y no los beneficios. Pese a ello, Bogas ha ratificado la previsión de resultados de este año, cifrada en 1.800 millones de euros.
Naturgy ha logrado hasta septiembre 1.061 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más de un 36% en un entorno de precios de gran volatilidad de los mercados energéticos internacionales y en un momento de “elevada incertidumbre regulatoria”, tal y como ha destacado su presidente, Francisco Reynés. El máximo ejecutivo de Naturgy ha atacado duramente el recargo a los beneficios, aunque no variará su política de inversiones en España.
Pese al complejo entorno macroeconómico, Naturgy mantiene su compromiso de inversión recogido en el Plan Estratégico, que prevé 14.000 millones de euros en desarrollo orgánico, hasta el final del periodo 2021-2025. La hoja de ruta de la compañía estará centrada en el desarrollo de sus redes de distribución de gas y electricidad, la generación eléctrica renovable y el desarrollo de gases renovables.
Endesa, de las más beneficiadas
Endesa será una de las más beneficiadas. De un impacto en los dos ejercicios de unos 800 millones de euros, el recorte podría reducirse a menos de la mitad. En el caso de Iberdrola, se sitúa también en torno a esta cifra. En Naturgy, algunos analistas estiman la rebaja alrededor de los 170 millones de euros.
La nueva tasa afectará solo al negocio que se realice en España y no a las actividades que las empresas desarrollen en el exterior. Quedan también excluidos los suministros a precios regulados como PVPC de electricidad, la tarifa TUR de gas, GLP envasado (bombona de butano) y GLP por canalización. Los negocios regulados de redes de transporte y distribución de gas natural y electricidad estarán igualmente exentos.
En Baleares, Canarias Ceuta y Melilla, se excluyen de gravamen los ingresos obtenidos por generación eléctrica. Los ingresos regulados que reciben las renovables bajo la fórmula del Recore están igualmente exentos.
La Comisión de Asuntos Económicos ha aprobado una enmienda del PNV que saca del gravamen los ingresos correspondientes al impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto especial de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo y las tasas complementarias a carburantes y combustibles petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión.
AOP sigue en desacuerdo
La Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP) ha vuelto a cargar contra el impuesto y ha advertido de que el nuevo gravamen “pone en riesgo las inversiones en transición energética y la creación de empleo en el sector refino”.
La patronal insiste en que en el trámite parlamentario no se han incluido las deducciones en el gravamen de las inversiones necesarias para avanzar en el proceso de descarbonización de la economía y de la sociedad y para garantizar el aprovisionamiento en la UE, “lo que supone un claro desincentivo para dichas inversiones, en un momento en que son claves”.