El PSOE, con el apoyo del PP en esta ocasión, se ha cargado la pasada semana la tramitación de la mayoría de las enmiendas que sus socios de Gobierno de Unidas Podemos y sus aliados parlamentarios de ERC y Bildu presentaron a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 sobre vivienda. Unas propuestas, por supuesto, de corte sumamente radical, encaminadas a regular por decreto los precios de los alquileres y prohibir los desahucios.
Según la argumentación de los letrados del Congreso, se trataba de enmiendas que regulan asuntos que no deben incluirse en la Ley de Presupuestos, y que por ello deberían canalizarse por otros cauces legales.
El camino es la Ley de Vivienda
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondiendo a unas duras críticas de Bildu por rechazar las enmiendas, culpó a sus socios parlamentarios de lo ocurrido, y agarrándose a un clavo ardiendo, como es su costumbre, dijo que es en la tramitación de normas como la Ley de Vivienda o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ('ley mordaza') donde los grupos parlamentarios deben buscar puntos de "equilibrio" para poder aprobarlas en las Cortes, después de la tramitación de los Presupuestos, que es lo que ahora toca.
Obviamente, el PSOE justificó su decisión en base al criterio expuesto por los letrados del Congreso, que advirtieron de que esas enmiendas regulan asuntos ajenos a la Ley de Presupuestos, y deberían quedar fuera de su tramitación. Y el PP no tuvo que justificar nada, ya que está directamente en contra de los desahucios, y sus propuestas para abaratar los alquileres y de política de vivienda en general son tan radicalmente distintas a las de Podemos que probablemente se acercan mucho más a las del PSOE.
Pero la realidad es que los dos partidos del Ejecutivo de coalición llevan mucho tiempo sin ponerse de acuerdo, casi desde el principio de la legislatura, sobre los textos de una Ley de Vivienda, que sería donde deberían estar incluidas las políticas sectoriales de esta materia.
Demagogia muy fácil
Y además la coyuntura económica actual, con la inflación por las nubes y las hipotecas subiendo como cohetes por los aumentos del precio del dinero del Banco Central Europeo (BCE), van conformando cada día un panorama que se complica por momentos, y en el que además es muy fácil incitar a la demagocia desde todas las trincheras que se asomen a los problemas de la vivienda o el alquiler.
Desde el partido morado han lamentado que los socialistas se hayan "aliado" con los populares para no permitir el debate de las enmiendas en la Comisión de Presupuestos. Y han reprochado a ambas formaciones que hayan aplicado ese veto en un momento de creciente preocupación por la situación de la vivienda en España, marcada por un contexto de subida de las hipotecas, para lo que ya se están estudiando fórmulas que al menos las congelen, y también de los alquileres, que no han dejado de subir después del duro desplome que provocó sobre este mercado el coronavirus.
En un primer momento parecía que se mantenía una enmienda de Unidas Podemos, Bildu y ERC, relativa a posibles incentivos fiscales en materia de alquiler de viviendas, mediante reducciones fiscales a los propietarios que actúen "con responsabilidad social", pero finalmente ha sido vetada por el Ministerio de Hacienda, al considerar que supondría una disminución de los ingresos de 7,2 millones de euros.
Ejemplo de Portugal
No obstante, habría que matizar mucho que es esto de "responsabilidad social", y parece una obviedad, pero no lo es. Nada más dispararse la inflación y para paliar los efectos de la misma sobre los inquilinos, el Gobierno se apresuró en poner un límite temporal a la posible actualización anual del precio de los alquileres del 2%, muy inferior a la inflación real, de momento desde abril hasta diciembre de este año. Sin embargo, no ha puesto en marcha ninguna política compensatoria para los arrendadores como sí han hecho otros países vecinos, por ejemplo Portugal. El Gobierno luso también ha limitado las subidas del alquiler pero incluyendo desgravaciones fiscales a los arrendadores, como es lógico.
Sin embargo, el Gobierno español, que apuesta por imponer nuevos impuestos a las empresas energéticas y financieras por sus mayores ingresos por la inflación, y también ha limitado las subidas del alquiler por ley, no ha hecho lo mismo con tantos y tantos productos de primera necesidad que están subiendo muy por encima de la inflación, como el precio del pan o de la leche o la fruta y otros muchos más, con subidas que en algunos casos se acercan al 40%.
El derecho a disponer de una vivienda digna está recogido en la Constitución española. Nada que objetar a ello excepto que debe hacerlo el Estado o el Gobierno con sus recursos, no con los de ningún tipo o clase de ciudadanos. No sería de recibo que este ni ningún otro gobierno democrático recupere algunas de las políticas más paternalistas y profundamente injustas del franquismo, como fueron sin ningún género de dudas las llevadas a cabo en materia de vivienda, congelando los alquileres durante décadas y ofreciendo numerosas subrogaciones a las familias que vivían en ellas.
En definitiva, usurpando la propiedad de las casas a sus legítimos propietarios y haciendo política social con el dinero de esos particulares durante años y años, hasta que los ministros socialistas, primero Boyer y luego Borrell, les fueron devolviendo la propiedad de sus viviendas de forma escalonada, primero a través del llamado ‘Decreto Boyer’, y luego con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Penalizar antes que incentivar
No ha trascedido todavía nada concreto respecto a otras propuestas o intenciones de los socios del Gobierno o del propio Ejecutivo, sobre políticas de vivienda, pero hay dos iniciativas sobre las que se ha especulado mucho en los últimos tiempos que dan bastante miedo, ya que siguen la estela de la mayoría de las iniciativas que para nuestra desgracia se toman en España y que lamentablemente se preocupan de penalizar en lugar de incentivar.
La primera, sería una reducción del 60% al 50% de la deducción por alquiler a los caseros en sus declaraciones de la renta. Y hay otra, que defienden los más radicales, que nos retrotrae directamente a los tiempos del franquismo, que sería mantener la congelación de los alquileres para siempre o hasta nueva orden. Miembros del Gobierno han manifestado que si persiste el actual marco inflacionario, no les temblará el pulso en prorrogar, nada más que en prorrogar, el límite de la subida de los alquileres en el 2% hasta que vaya cambiando la coyuntura.
En definitiva, un escenario bastante lamentable y en el que puede pasar cualquier cosa, sobre todo por el hecho de que hay elecciones a la vista y eso significa que los políticos harán lo que les convenga para ganarlas, no lo que necesiten los ciudadanos para llevar una vida digna. El PSOE está mucho más cerca del PP que de Podemos en materia de vivienda, por ello los retrasos de la ley durante estos años, y después de lo que ha pasado con las enmiendas el choque parece inevitable, pero nunca se sabe, y menos con este Gobierno….