Hasta ahora, Hacienda ha admitido que no lo ha podido hacer, pues se trata de un proceso complejo debido a que la descentralización de la gestión de los fondos añade dificultad al proceso de control. Pero Bruselas ya advirtió en septiembre que el sistema debería estar operativo antes de la entrega del próximo plazo de las ayudas. Y desde entonces ya han llegado dos nuevas advertencias.
La primera se produjo a mediados de octubre, cuando el Ejecutivo comunitario admitió que deben hacer una revisión de cómo cumple España sus compromisos para aplicar el sistema de control y lo harían aprovechando la solicitud de entrega del tercer plazo de los fondos Next Generation.
Una semana más tarde, la advertencia llegó desde la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, del Grupo Popular Europeo. Abroncó a los altos cargos del ejecutivo comunitario, tanto directores generales como comisarios, que comparecieron en la Eurocámara, por lo que ella considera laxitud en la vigilancia del cumplimiento del plan español y el destino de los fondos europeos.
Sin críticas públicas
Hohlmeier rechaza que esté acusando al Gobierno español de falta de control, pero justifica sus exigencias de datos en base a la necesidad de máxima transparencia con la que se comprometieron todas las instituciones a la hora de aprobar la utilización del mayor contingente de fondos que nunca haya aprobado hasta la Unión Europea para solventar una crisis.
España ya ha recibido 31.000 millones de euros de los aproximadamente 160.000 millones que recibirá hasta el 2026. Además, fue el primer país de la Unión en recibir un pago del mecanismo de Recuperación. Fue en diciembre de 2021 cuando se efectuó el primer pago de 10.000 millones de euros.
A ello hay que sumar un segundo tramo de 12.000 millones de finales de julio de este año más el anticipo de 9.000 millones que Bruselas había desembolsado en agosto del año pasado. Junto con Italia, es el país que más dinero va a recibir y a los que más recursos se han aportado hasta ahora.
Por eso la presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo, la veterana política de la CSU alemana, Monika Hohlmeier, considera que hay que empezar por España en extremar las exigencias de vigilancia. Cuando llegue el caso de los demás países ya exigirá, según sus propias palabras, a la Comisión que vigile por el buen uso de los recursos comunes.
La visita esta semana del comisario Johannes Hahn se produce en el momento en el que se cumplen los nueve meses de plazo que había pedido España para poder aplicar el sistema de control contemplado en el acuerdo firmado con Bruselas.
Es lo que se conoce como hito 173. Este exige la creación de un Sistema Integrado de Información del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el que cargar el plan y la información sobre su aplicación y seguimiento del cumplimiento de los objetivos previstos. También se incluyen otras cuestiones como el resumen de auditoría y los datos sobre beneficiarios de las ayudas.
Beneficios a expresas extranjeras
Entre la información no aportada hasta ahora, está en concreto la relacionada con el compromiso de España de mejorar la recopilación de datos sobre los beneficiarios reales de las empresas extranjeras no registradas en nuestro país que se realizará a través de un acuerdo con el Consejo General de Notarios y la Agencia Tributaria. España también se comprometió a mejorar el acceso a esta información para su control creando una unidad específica dentro del Ministerio de Hacienda, cuyo funcionamiento no es de conocimiento público a día de hoy.
Bruselas ha rehusado hasta ahora precisar si el próximo desembolso, de unos 6.500 millones de euros, se va a ver afectado si España no ha cumplido la totalidad de estos compromisos.
Fuentes parlamentarias europeas consideran que es el tema central del encuentro que mantendrá el comisario responsable del Presupuesto con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, en los próximos días y sobre el que tienen previsto poderle preguntar en una próxima comparecencia en el Parlamento Europeo. El comisario conocerá también la opinión de los representantes del Partido Popular con los que se entrevistará en Madrid.
Según fuentes comunitarias, los plazos urgen. Podrían producirse retrasos, aunque descartan que puedan estar en peligro los aproximadamente 130.000 millones de euros todavía pendientes de llegar de Bruselas hasta el 2026.