Aunque la operación ya no tenga vuelta de hoja, y menos marcha atrás, la venta de los activos móviles de la brasileña Oi, el pasado mes de abril y que llevó más de año y medio de negociaciones, levanta ampollas en Brasil. La batalla por reclamar ahora más de un 20% del valor abonado se ha volcado sobre los tribunales, pero sobre todo ha sembrado el desconcierto en un país en medio de un complejo periodo electoral.
De momento, lo que ha hecho el juez Fernando Viana del TJRJ, ha sido poner el asunto en manos del Tribunal Arbitral del Mercado (TAM), ante el cual las partes enfrentadas tendrán dos meses de plazo para ponerse de acuerdo. La cuestión es que Oi, la operadora histórica brasileña, sigue inmersa en un gigantesco proceso de "recuperación judicial" (PRJ) iniciado en 2016, con una deuda de unos 12.700 millones de euros y, en consecuencia, intervenida por la justicia y en manos de los acreedores. Oi se ha visto forzada a desprenderse de sus mejores activos, entre ellos el negocio de móviles sobre el que ahora se debate su precio.
Además de la venta de la operación móvil firmada inicialmente a final de 2020, pero que solo pudo hacerse efectiva el pasado mes de febrero, Oi vendió 8.000 torres de antenas a Highline por 350 millones de euros; cedió su red DTH a Sky por otros 153 millones; y, sobre todo, el mayor banco de inversiones de Latinoamérica BTG Pactual acordó pagar más de 2.500 millones de euros por el 65,3% de la unidad de infraestructuras V.Tal (antigua InfraCo), cuyo principal activo, son más 400.000 kilómetros de fibra óptica.
La nueva OI
Pero para que la “nueva Oi” pueda operar con normalidad, sin la mordaza de la “recuperación judicial”, habrá primero que cerrar la venta de la operación de sus activos móviles. De ahí, el enorme impacto de la demanda conjunta de Vivo, TIM y Claro, las filiales de Telefónica, Telecom Italia y American Móviles (propiedad del empresario mexicano Carlos Slim). Sin un acuerdo de las partes, Oi seguiría bajo la tutela del TJRJ, con un proceso de concurso de acreedores que tenía como fecha límite el pasado 31 de marzo. Peor aún: aunque nadie se lo crea, el Ministerio Público de Rio de Janeiro amenaza a la operadora histórica brasileña con la apertura de un “proceso de liquidación judicial”.
Todo apunta, pues, hacia alguna solución de compromiso. Tim, Vivo y Claro estarían dispuestas a estudiar una rebaja sensible de la “indemnización” reclamada, según fuentes brasileñas. Al margen de los argumentos técnico/financieros esgrimidos por las tres operadoras, Oi mantiene, sin embargo, que de aceptar las exigencias planteadas por las compradoras, el precio de la operación móvil se situaría al mismo nivel del que Highline llegó a proponer por los mismos activos, precio que se rechazó, para poder negociar y aceptar la oferta presentada conjuntamente por Tim, Vivo y Claro.
Solución pactada
Tras la probable solución pactada, Oi podrá volver a la normalidad, no solo sin la mordaza del proceso de recuperación judicial, que quedaría cerrado para final de año, sino también con una deuda más llevadera de “solo” 3.710 millones, o sea 9.000 millones menos de la que tenía en 2016, cuando quedó rehén del TJRJ. Oi adeuda además a Anatel otros 1.410 millones de euros, por multas acumuladas, para cuyo pago escalonado tendrá de plazo hasta el 2033.
Acuerdo de Telefónica con Ran Sharing
Al margen del presente y futuro de Oi, lo que también calienta la actualidad del sector en Brasil, es el acuerdo de “Ran Sharing” firmado entre Vivo y Winity, gracias al cual, la operadora de Telefónica consolidará su liderazgo en el mercado brasileño, utilizando 3.500 puntos de espectro adquiridos por el nuevo socio en la subasta de 2021, y situados principalmente en zonas rurales y en tramos de carretera. Así, además de evitar eventuales duplicaciones de infraestructura, lo que hace Vivo, con esta fórmula, es extender su cobertura a 1.100 ciudades de pequeña y media dimensión.
Ante la ola de críticas, por parte principalmente de las llamadas PPP´s (operadoras regionales y de pequeña dimensión), el CEO de Winity, Sergio Bekeierman, afirma que el “alquiler de espectro” a Vivo representará en términos de Capex y Opex, un ahorro de 24.000 millones de Reales (unos 4.650 millones de euros). Además, subraya, el acuerdo firmado con Vivo representa la mitad de su capacidad de espectro, con que abre la puerta a acuerdos con otras operadoras, sea con unas condiciones similares (el cliente construye la red y solo alquila el espectro de Winity), o con vista al desarrollo de modelos alternativos de redes privadas.
De hecho, Winity calcula que aquellas otras 4.500 ciudades en las cuales no tiene el espectro alquilado a Vivo, representan un mercado de 42 millones de clientes potenciales, que quedaría, así, a la disposición de otras operadoras eventualmente interesadas, empezando por las PPP´s. En todo o caso, recuerda que el entendimiento con Vivo aún está pendiente de las explicaciones reclamadas por Anatel. Y reconoce, al respecto, que el aspecto “novedoso del negocio”, representará un reto para Anatel, con elementos regulatorios inéditos en Brasil.