El Gobierno ul­tima las me­didas fis­cales y ener­gé­ticas que apro­bará en el pró­ximo Consejo de Ministros

Un Sánchez acorralado tropieza con el déficit y las CCAA para acotar el desmadre eléctrico

El PP con­centra toda su ar­ti­llería en el re­cibo de la luz para de­bi­litar a Sánchez

Precio tarifa de la luz
Precio tarifa de la luz

El PP ha con­ver­tido de­fi­ni­ti­va­mente el pro­blema de las ta­rifas eléc­tricas en el eje de sus ata­ques al Gobierno y al pre­si­dente Pedro Sánchez. Toda la ar­ti­llería pe­sada del úl­timo tri­mestre del año se con­cen­trará en des­gastar al Ejecutivo y a la coa­li­ción PSOE-Unidas Podemos a costa del re­cibo de la luz. Además del PP, Sánchez tiene que sor­tear el pro­blema del dé­ficit y a las co­mu­ni­dades au­tó­nomas para lo­grar que baje el re­cibo de la luz y cum­plir así con el com­pro­miso que ha ad­qui­rido a final de año.

El primer partido de la oposición dedicará, por tanto, el Pleno de control en el Congreso del próximo día 15 a bombardear a toda la cúpula del Ejecutivo sobre lo que considera uno de los grandes fracasos de esta legislatura. El líder del PP, Pablo Casado, está convencido de que Sánchez fracasará en su intento, de ahí que se presente un otoño caliente a nivel político.

Y es que, el precio del kilovatio que ha superado la barrera de los 152,32 euros el megavatio hora sigue descontrolado a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe el paquete de medidas que, según palabras del propio Sánchez, permitirán que, al final de año, el coste de la luz en el mercado regulado “será similar al que se pagó en 2018”.

El Ejecutivo llevará al Consejo de Ministros un nuevo de paquete de medidas fiscales además de las ya aplicadas como la reducción del IVA del 21% al 10% que quiere se mantenga en el tiempo hasta que se resuelva la situación del mercado mayorista más la suspensión del 7% a la generación eléctrica. Además, trabaja en otras medidas fiscales que sacará del recibo, siempre que no afecten al déficit público y a los ingresos autonómicos.

El problema autonómico

El Estado baraja, por ejemplo, si eliminar el impuesto del 5,11% que las comunidades autónomas reciben del recibo de la luz y que, aunque es un recargo estatal, ha sido cedido a los gobiernos regionales. En el caso de que así sea, el Ejecutivo tendrá que compensarlo de alguna manera. “Estamos trabajando en todas las medidas posibles. Puede que haya elementos fiscales que tengamos que retocar, aunque sea de forma provisional”, ha declarado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Otra de las opciones que se estudian es destinar los 2.000 millones de euros que las arcas estatales están recibiendo por el elevado precio que está soportando los derechos de CO2 que, junto con el coste de la materia prima del gas natural, son los principales causantes de la enorme volatilidad que está sufriendo el mercado mayorista.

A vueltas con la energía hidroeléctrica

Por otro lado, se está sopesando sacar del pool el precio de la energía hidroeléctrica, otro de los elementos distorsionadores de la tarifa regulada. Junto con el CO2, y el gas, la energía hidráulica está siendo investigada por parte de la ministra Teresa Ribera. Por esa razón, Ribera ha acusado al sector de falta de “empatía”, en alusión directa a algunas empresas por estimar que acudían al mercado con ofertas muy elevadas buscando el beneficio propio siempre a costa del consumidor.

Fuentes del sector admiten por este motivo que el Consejo de Ministros deparará alguna novedad en esta dirección. De momento, no quieren manifestarse pero temen que el Gobierno prepara alguna sorpresa. Hasta ahora el sector se ha mantenido al margen pero esta semana todo el sector se ha mostrado partidario de que se modifique el mercado regulado. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, es de los que reclama con insistencia una “reforma” de la tarifa regulada para proteger a los consumidores domésticos de los altos precios que se mueven en el mercado mayorista.

En este sentido, ha reconocido que es posible el compromiso de Sánchez de terminar este año con un precio de la luz similar al de 2028. “Creo que hay que ser valiente y establecer una serie de medidas en las que el Ministerio está trabajando y creo que en alguna otra un poquito más drástica”, ha señalado.

La beligerancia del PP

Aunque el Gobierno apruebe un nuevo paquete de medidas para intentar bajar el coste de la luz, el PP no va a cesar en sus ataques. El primer partido de la oposición considera que Sánchez y su equipo energético han sido incapaces de atajar la situación y que los consumidores llevan tiempo pagando tres veces más en el recibo de la luz.

En el primer Pleno de control que se celebrará el próximo día 15 en el Congreso, va a pedir cuenta a las tres vicepresidentas. Es decir, a Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, reclamará a Calviño que detalle las consecuencias que tendrán las tarifas actuales para los hogares y empresas.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, preguntará a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz sobre ¿cuándo saldrá a la calle para protestar por la subida de la luz? Por su parte, el diputado Guillermo Mariscal, pedirá a la vicepresidente tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que explique si “su incompetencia para contener la escalada histórica de la factura eléctrica no es motivo suficiente para su dimisión”.

Además de sus ataques políticos en el Congreso y el Senado, el PP va a iniciar una campaña informativa a los ciudadanos explicando sus propuestas para que el recibo de la luz baje para los consumidores domésticos y las pymes, principales afectados. El partido que lidera Pablo Casado, sostiene que el coste de las tarifas podría reducirse un 20% con tres medidas básicas.

La primera de las propuestas que plantean es utilizar los 2.000 millones de euros logrados por las subastas de los derechos de emisión de CO2. Segundo, traspasar a los Presupuestos Generales del Estado la financiación de los costes no energéticos que supondrían unos 3.400 millones. Y tercero, reducir de forma permanente el IVA del 21 al 10%, con un ahorro de 2.000 millones, además de eliminar el impuesto de la producción eléctrica, estimado en otros 1.600 millones. En total, estima que podrían sacarse de las tarifas unos 9.000 millones de euros.

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