ANÁLISIS

Las rectificaciones de Escrivá agudizan la descoordinación del equipo económico de Sánchez

Las con­ce­siones de Sánchez a los na­cio­na­listas con­ducen a una España más de­sigual

José Luis Escrivá, ministro de Sánchez.
José Luis Escrivá, ministro de Sánchez.

José Luis Escrivá ha sido des­au­to­ri­zado en la ma­yoría de las grandes pro­puestas que ha su­ge­rido desde que hace 20 meses ac­ce­diera al Gobierno de Pedro Sánchez como mi­nistro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por eso, sin ser re­le­vante su su­ge­rencia de in­tro­ducir un im­puesto para los más ricos de la Comunidad de Madrid, al ser re­cha­zada por la mi­nistra de Hacienda, María Jesús Montero, evi­den­cia, una vez más, la des­coor­di­na­ción del Gobierno ante los retos eco­nó­micos ac­tua­les.

No coordinarse en materia de impuestos, terreno en el que más evidente se muestra la solidaridad ciudadana, es especialmente grave.

Montero sintió que estaban entrando en su propio terreno sin haber pedido permiso, cuando además en el mes de abril encargó a un grupo de 17 expertos, presidido por Jesús Ruiz-Huertas, que le plantearán una reforma fiscal pensada para toda España. El mandato a los expertos es que realicen propuestas para recaudar más y hacerlo sobre todo por la vía del Impuesto de Sociedades y del IRPF, además buscar la armonización de los impuestos sobre la riqueza como patrimonio y sucesiones. El informe está previsto tenerlo finalizado a principios del próximo año pues cuentan con 10 meses para hacerlo.

Por ello, y para que no hubiera dudas, Montero desmintió a Escrivá tanto por lo que está pasando ahora como por lo que pueda suceder en el futuro. Según la titular de Hacienda: “Esa propuesta no está en la agenda del Gobierno, ni lo va a estar nunca”. Afirmación arriesgada dados los vaivenes habituales en el Ejecutivo.

Quizás convenga ser menos rotundo que María Jesús Montero. La propuesta del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, de crear un impuesto que grave los beneficios asociados a Madrid por su condición de capital de España a la que Escrivá ve un amplio recorrido tendría encaje en la Constitución tal y como han advertido expertos fiscalistas y como argumentó Puig.

^^Propuestas valencianas**

Recuerdan los expertos partidarios de la propuesta del presidente de la Comunidad Valenciana que el artículo 138 de la Constitución lo permite, pues con este artículo el Estado garantiza la realización de hecho del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución. Por ello ser solidarios entre Comunidades conduciría a que los más ricos de las Comunidades más favorecidas tuvieran un gravamen especial para ayudas a las más pobres. Como Madrid estaría entre las más favorecidas, debido a los beneficios que obtiene por su capitalidad, podría verse grabada con esa nueva figura.

Los populares lo rechazan e inciden en el apartado segundo de este mismo artículo donde dice que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Además de rechazar directamente el impuesto para los ricos de la Comunidad de Madrid interpretan que las concesiones recientes que ha hecho Pedro Sánchez a los nacionalistas vascos con la transferencia de tres nuevos impuestos y a los catalanes con una financiación multimillonaria del aeropuerto de Barcelona, implican privilegios diferenciales, tanto económicos como sociales, para estas comunidades que rechaza la Constitución por encima de cualquier otra norma. Decisión que se ve obligado a adoptar para poder seguir contando con su apoyo parlamentario y así continuar en La Moncloa.

Tras las concesiones a los nacionalistas, suenan especialmente llamativas las explicaciones de Montero del rechazo al castigo a Madrid al rechazar la iniciativa de Puig-Escrivá por considerar contraproducente que ningún Gobierno, sea del color político que sea, fuera a trabajar en esa dirección. La hoja de ruta del Gobierno en política autonómica es que “nunca enfrente territorios, por lo que sus iniciativas se encaminan a "buscar el consenso, el diálogo, la capacidad de ponernos de acuerdo entre todos los territorios que conforman España para que no se produzcan comparaciones, agravios, para que unas personas piensen que tienen menos oportunidades que otras por el hecho de vivir en un territorio o en otro”, aseguraba Montero.

Propósitos declarados

Sería bueno que se cumplieran los propósitos declarados de la ministra de Hacienda. Pero las concesiones realizadas hasta ahora a los nacionalistas, junto al acoso constante a las decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, obligan a cuestionar muy seriamente lo que el Gobierno dice, que tantas veces no ha coincidido con lo que ha hecho.

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