La mi­nistra de Hacienda, María Jesús Montero, ame­naza con “regular los be­ne­fi­cios de las com­pañías”

Las eléctricas, alarmadas por la mala imagen provocada por el elevado precio de la luz

El sector ener­gé­tico re­clama al Ejecutivo una mayor in­ter­ven­ción ante Bruselas

Calviño y Montero.
Calviño y Montero.

Las ta­rifas eléc­tricas se han con­ver­tido en un arma arro­ja­diza contra el Gobierno y las com­pañías del sec­tor, dí­gase Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP bá­si­ca­mente. Sin duda al­guna, son los dos frentes contra quienes las aso­cia­ciones que de­fienden los in­tereses de los con­su­mi­dores y de los au­tó­nomos y pymes lanzan sus dar­dos. El PP, e in­cluso el par­tido de coa­li­ción como es Unidas Podemos, apro­ve­chan tal cir­cuns­tancia para hacer sangre y des­gastar a Pedro Sánchez. A ve­ces, con ra­zón.

Las compañías eléctricas se encuentran ante una difícil tesitura. Por un lado, ante los ciudadanos que consideran que las únicas beneficiadas de este subidón de las tarifas son las empresas porque piensan que, a mayor precio y más consumo, más aumentan los ingresos. Y por otro, porque el Ejecutivo está reclamando al sector eléctrico un “apoyo claro” para que el precio de la luz baje.

Fuentes del sector han reconocido a CapitalMadrid que comienzan a ver con gran preocupación la mala imagen que se está transmitiendo de las empresas por el alto precio cuando, según comentan, está demostrado que son circunstancias internacionales las causantes de este “desmadre”. Es decir, el alto precio del CO2 y del gas como materia prima de las centrales de ciclo combinado.

Balones fuera del Ejecutivo

La propia ministra de Hacienda, Mará Jesús Montero, ha vuelto a ratificar que “el Gobierno está preocupado y ocupado, a la vez, en intentar abaratar el precio de la energía, pero que no depende solo de decisiones nacionales. Montero ha echado más leña al fuego, si se quiere, contra las compañías, señalando que habría que regular el beneficio de las eléctricas. Ha vuelto a insistir en que hay que recortar los beneficios caídos del cielo que las compañías reciben por las centrales nucleares, hidráulicas y las centrales renovables construidas antes de 2015.

Las empresas, por su parte, no quieren, en la medida de lo posible, calentar la situación. Reclaman, en cambio, al Ejecutivo de Sánchez más presión en Bruselas para reformar la tarifa regulada, conocida como PVPC, y reducir la dependencia que tiene del mercado mayorista o pool, en estas fechas en máximos históricos.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. Teresa Ribera, ha reconocido en declaraciones a la cadena Ser que está habiendo “una demanda importante por parte de las eléctricas y de organizaciones o sectores de introducir cambios en la tarifa regulada”. Ribera ha señalado que, desde 2013, la tarifa regulada ha permitido a los consumidores acogidos a ella -unos 10 millones de clientes frente a 17 millones en el mercadlo libre-, beneficiarse de un descuento respecto a las del mercado libre debido a una prima que se había establecido para evitar dicha volatilidad.

En busca de nuevas fórmulas

Ante las perspectivas de que el mercado mayorista va a seguir en alza durante cierto tiempo, Ribera ha reconocido que, “probablemente”, habrá que buscar alguna fórmula para evitar que la tarifa regulada que hoy depende mucho de la volatilidad del mercado eléctrico sufra estos altibajos. La patronal Aelec propone, por ejemplo, que se desvincule esta tarifa del pool y vincularla a precios de la energía más estables.

La vicepresidenta tercera ha vuelto a hacer un llamamiento a Bruselas para que intervenga en la evolución del mercado eléctrico como en el volumen y el elevado precio del CO2. Según Ribera, los actuales precios del pool se deben precisamente al aumento del gas y de los derechos de emisión del CO2.

La Comisión Europea, por su parte, no quiere entrar en el debate y únicamente se limita a señalar que “estamos vigilando de cerca la situación y estamos en contacto con las autoridades españolas”, ha subrayado la portavoz del Ejecutivo comunitario, Vivian Loonela.

Mientras tanto, las tarifas eléctricas no paran de subir. El precio medio volverá a tocar nuevos máximos históricos hasta alcanzar los 117,29 euros el megavatio hora (MWH). En agosto de 2020, el precio medio era de unos 40 euros, por lo que se ha producido un aumento del 196%, casi el triple de hace un año.

El recibo de la luz de un usuario medio se ha encarecido un 36,2% respecto a igual mes de 2020, situándose en los 85,34 euros de media, según Facua Consumidores en Acción. El 24 de junio pasado el Gobierno aprobó un Real Decreto para reducir los impuestos que se aplican al suministro de energía eléctrica para consumidores domésticos, autónomos y pymes. Bajó el IVA de la luz del 21% al 10% hasta finales de año y suspendió el impuesto del 7% a la generación eléctrica durante tres meses. Una medida que, hasta ahora, los consumidores apenas la han notado.

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