Monitor del Seguro

Serán clave para su éxito las con­di­ciones im­puestas a las ase­gu­ra­doras

A la espera del fondo público de pensiones

La ratio de fuerza la­boral por cada per­sona mayor se de­te­riora a mar­chas for­zadas

Sistema de pensiones
Sistema de pensiones

El Gobierno de Pedro Sánchez está ul­ti­mando el pro­yecto para crear un fondo pú­blico de pen­sio­nes, un ins­tru­mento fi­nan­ciero de ahorro des­ti­nado a im­pulsar los planes de pen­siones de em­pleo. Sin duda im­pulso hace falta, y no poco, para lo­grar que en España em­piecen a coger ca­rre­rilla estos planes de pre­vi­sión com­ple­men­taria co­rres­pon­dientes al se­gundo pilar de ahorro para la ju­bi­la­ción. Los datos lo de­mues­tran.

El volumen de activos de los sistemas privados de pensiones alcanzó en 2020 los 118.526 millones de euros, según los datos de Inverco. De ese total, los sistemas individuales acapararon 82.014 millones, y los de empleo tan solo 35.681 millones. De hecho, el pasado año , destacaron las aportaciones netas positivas al sistema individual, 1.336 millones de euros en el conjunto de 2020, volumen que no se registraba desde hacía 11 años, y las menores prestaciones netas en el sistema de empleo (152 millones frente a los 334 de 2019).

Si se analizan los datos de partícipes, las cifras son igual de desoladoras. Las cuentas de partícipes superaron los 7,5 millones en el caso del sistema individual, y en el del empleo a penas llegan a los dos millones. Según algunas estimaciones solo el 1% de las empresas ofrece este tipo de productos a sus trabajadores.

Se prevé que este instrumento esté listo a mediados de 2022. Pero antes la Administración tendrá que poner en marcha un concurso para conceder por un lado la gestión de los ahorros y, por otro, el depósito de los mismos.

Y aquí es donde entran en juego las aseguradoras, puesto que se trata de un fondo de pensiones de promoción pública, pero de gestión privada. Todavía no se conocen los detalles ni condiciones del concurso pero, en principio, la propuesta de la Administración de Pedro Sánchez suena bien. Además de poder participar en el desarrollo de esta iniciativa, es previsible que al calor de su desarrollo los planes de empleo comercializados por las compañías ganen visibilidad, lo que podría incrementar su comercialización.

Para entender la importancia que podría tener este proyecto hay que ponerlo en su contexto. En España tenemos un sistema público de reparto, que descansa fundamentalmente en un primer pilar de prestaciones definidas, es decir, los trabajadores financian con sus cotizaciones las pensiones de los jubilados en ese momento, y la pensión que reciben se establece según unos parámetros predeterminados, como pueden ser los años cotizados o el mejor salario entre un periodo de años cotizados. Este modelo se antoja actualmente insostenible debido, entre otras cosas, al envejecimiento de la población.

Según se detalla en el último informe ‘Sistemas de pensiones: una evaluación internacional comparativa’, elaborado por Mapfre Economics, “por las características de su estructura, y dadas la dinámica y tendencias poblacionales, en la actualidad el gasto público en pensiones como proporción al PIB es alto comparado con otras economías desarrolladas, alcanzando el 11% en 2019”.

Y lo peor es que no se prevé que dicho coste disminuya. Al contrario. Seguirá aumentando “debido al envejecimiento de la población y a la reducción prevista de la ratio de fuerza laboral por cada persona mayor, que va a sufrir un deterioro significativo en las próximas tres décadas, pasando de 2,7 personas en edad de trabajar (entre 20 y 64 años) por cada persona mayor de 65 años en 2020, a 1,3 en 2050”.

El segundo pilar, que es el que nos ocupa en este artículo, es de carácter voluntario (en términos generales) y, como se ha comentado al inicio, está muy poco desarrollado. Hay que recordar que una de las principales recomendaciones del informe de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo de noviembre de 2020 consiste en explorar fórmulas que permitan reforzar este pilar complementario del sistema de pensiones español. Fórmulas como la planteada ahora. Por último, el tercer pilar lo constituyen las aportaciones voluntarias que se realizan a los planes de pensiones privados individuales, contratos de seguros o cualquier otro instrumento de ahorro.

Según se explica en el informe de Mapfre, a partir del análisis internacional comparado de los modelos de varios países, se concluye que “ante la presión de los riesgos demográficos, económicos y financieros que, en diferente medida, enfrentan todos los sistemas de pensiones en el mundo, el camino de reforma que ofrece mayores posibilidades de brindar sostenibilidad y estabilidad en el medio y largo plazos, pasa por crear un mejor balance entre los diferentes pilares, como forma para redistribuir los riesgos a los que dichos sistemas se encuentran expuestos y, en última instancia, poder absorber de mejor forma los efectos derivados de su potencial materialización”.

Y esto es lo que precisamente se busca con ese estímulo al desarrollo del segundo pilar. Por tanto, por este lado el sector asegurador, que siempre ha insistido en la necesidad de complementar la pensión pública con los ahorros privados de cara a la jubilación, tendría motivos para estar moderadamente ilusionado. Otra cosa será cómo al final se concrete la propuesta, la cual deberá ser lo suficientemente atractiva como para que las entidades se animen a participar en el concurso. Y por atractiva nos referimos, entre otras cosas, a detalles como la comisión mixta que podrán cobrar.

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