La ener­gía, uno de los ejes sobre los que el pre­si­dente pre­tende que pi­vote el cre­ci­miento

Teresa Ribera, ante el reto de hacer bajar la luz y salir indemne del fiasco energético

Pedro Sánchez man­tiene a la vi­ce­pre­si­denta ter­cera para ase­gurar la re­cu­pe­ra­ción eco­nó­mica

Ribera visita un stand de la COP25.
Ribera visita un stand de la COP25.

La vi­ce­pre­si­denta ter­cera y mi­nistra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se man­tiene igual que la vi­ce­pre­si­denta pri­mera y mi­nistra de Economía, Nadia Calviño, la ti­tular de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Industria y Turismo, Reyes Maroto, en el nuevo Gobierno. Pedro Sánchez ha dado con­ti­nuidad a los cuatro de­par­ta­mentos de los que de­pende la re­cu­pe­ra­ción eco­nó­mica, con un pro­ta­go­nismo pre­pon­de­rante para Ribera, de quien de­penden las grandes de­ci­siones de la transición ener­gé­tica.

La energía es uno de los ejes sobre los que el presidente quiere que pivote el crecimiento de los próximos dos años. Y Teresa Ribera tiene sobre su mesa una parte del gran reto de Sánchez de ganar unas próximas elecciones generales. La nueva política energética y los cambios a desarrollar son parte del alma mater de la economía española. Por eso, de la nueva regulación eléctrica y petrolera que imponga el Ejecutivo y de los cambios que obliga Bruselas a introducir por la descarbonización dependerá que los inversores confíen en España.

En los tres años que lleva al frente del departamento, Ribera ha tenido aciertos como es la fuerte apuesta por las renovables y ganar la batalla del cierre de las centrales de carbón y las nucleares. Pero, por ahora, no ha logrado dar con la tecla de contener los precios de la electricidad. Precisamente, uno de los compromisos que PSOE y Unidas Podemos llevaban en sus programas electorales. Al margen del conflicto catalán, este fracaso está restando mucha credibilidad social a Sánchez.

Nada más llegar al Ministerio en 2018, el primer mensaje fue precisamente en esa dirección: bajar el recibo de la luz y despertar el apetito de los inversores hacia un sector que recibirá una buena parte de los fondos comunitarios para la ejecución del Plan Nacional Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). “Hemos de recuperar la confianza de los inversores en nuestro país. No es fácil, pero es importante. Necesitamos marcos previsibles, estables y respetuosos con las necesidades y la función que cada cual debe desempeñar en este proceso de cambio”, señaló hace tres años.

Un vuelco a la política de Rajoy

Cuando aterrizó en Moncloa, Pedro Sánchez se propuso dar un vuelco rotundo a la política energética que había desarrollado su antecesor Mariano Rajoy. Ribera transmitió en voz alta en su primera comparecencia en la Comisión respectiva del Congreso las tres primeras medidas que a instancias de Sánchez su departamento iba adoptar: cerrar el parque nuclear a los 40 años de vida útil, revisar la normativa de renovables y apostar decididamente por las energías verdes, modificar el sistema de fijación de precios de la electricidad para que bajar el recibo de los consumidores y clausurar la mayor parte de las centrales de carbón.

A decir verdad, en estos tres años, Ribera no ha dejado títere con cabeza en el sistema energético que había heredado y, por ello, ha sido agriamente censurada por la oposición del PP. La reforma energética basada una parte en el programa socialista y otra en las exigencias impuestas por el partido de coalición Unidas Podemos, ha generado no solo una fuerte confrontación parlamentaria sino también una guerra entre las empresas eléctricas y petroleras.

Y es que, si bien algunas medidas no han resultado tan chocantes como lo ha sido el cierre de las centrales de carbón. Otras, en cambio, han sido bastante arriesgadas, como las relativas a la clausura del parque nuclear, el cuestionamiento de las infraestructuras de gas, el anteproyecto de ley para la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema eléctrico del que se pretende obtener unos 7.000 millones de euros, que tanto ha cabreado sobremanera a las petroleras, y la eliminación de los beneficios caídos del cielo -los llamados windfall profits-, ingresos que reciben las tecnologías que no emiten CO2. Nucleares e hidráulicas dejarán de percibir por esta medida unos 1.000 millones de euros.

Eliminación del impuesto al sol

La eliminación del llamado impuesto al sol fue una de las primeras decisiones que Ribera adoptó para favorecer el autoconsumo y reducir el precio de la electricidad. Una medida muy aplaudida porque el Gobierno la vendió como la solución para que bajase la luz. Y, sin embargo, esto último que parecía iba a ser tan fácil, se ha convertido en un quebradero de cabeza para el departamento de la vicepresidenta tercera y para todo el Ejecutivo.

Lejos de lograr que se reduzca el precio del recibo de la luz, la tarifa eléctrica ha vuelto a ser el centro de la polémica de los consumidores domésticos y la industria con el elevado coste que soportan. Las propias eléctricas se han puesto del lado de los consumidores y no han dudado en señalar que son muchos los factores que afectan a la tarifa pero, sin duda, como ha recalcado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el más significativo es el grado de impuestos, cargas y tasas que tiene el recibo, y que en buena medida pagan los ciudadanos.

Otro de los aspectos más polémicos del elevado precio de la luz es el tratamiento y la utilización que, según fuentes del sector, el Ejecutivo está haciendo del mercado europeo del CO2 para justificar el alto precio de la electricidad. Galán ha señalado al respecto que los ingresos de este mercado de CO2 van a parar precisamente a las arcas del Estado y que España va a ingresar por este concepto este año unos 2.500 millones de euros debido a los altos precios que se mueven.

El incremento en el coste de la electricidad se basa en las últimas fechas en los elevados costes que registran el gas y los derechos de C02. Los derechos de emisión han superado los 50 euros por tonelada, más del doble de lo que estaba presupuestado

Las presiones de los consumidores

Debido a las presiones de las organizaciones de consumidores, el Gobierno se ha visto obligado a suspender temporalmente el impuesto del 7% a la generación eléctrica y la reducción del IVA del 21% al 10% para contener el coste del recibo. Esta rebaja, de momento, no ha surtido ningún efecto a la baja en la tarifa. El precio de la electricidad en el mercado mayorista ha vuelto a superar los 90 euros megavatio/hora debido a la ola de calor y la media mensual de junio ha batido el récord de 93,30 euros/mwh.

La propia Teresa Ribera ha admitido que los altos precios de la electricidad registrados de las últimas semanas se mantendrán durante los próximos meses. Tal advertencia confirma que el Gobierno, por ahora, no ha dado con la tecla para que bajen las tarifas, algo a lo que el partido de la coalición, Unidas Podemos, especialmente se había comprometido.

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