Plantean que se im­pida por de­creto el mer­cado “especulativo” de los de­re­chos de emi­sión

Las eléctricas exigen al Gobierno un cambio radical en el sistema de cálculo del recibo de la luz

Sánchez uti­liza el so­bre­precio del CO2 para re­cortar el IVA y bajar un 10% el re­cibo eléc­trico

Recibo de la luz.
Recibo de la luz.

El Gobierno ha ven­dido la ba­jada del IVA al 10% y la sus­pen­sión tem­poral del 7% que grava la pro­duc­ción de elec­tri­cidad como una me­dida de “gracia” que per­mi­tirá re­cortar de un plu­mazo un 10% el re­cibo de la luz a los con­su­mi­do­res. Sin em­bargo, ha ocul­tado de dónde sa­cará los 1.000 mi­llones que Hacienda ha es­ti­mado que de­jará de in­gresar por este re­corte im­po­si­tivo. Los de­re­chos de CO2 que se co­mer­cia­lizan por con­ta­minar su­fra­garán el ti­je­re­tazo de los im­puestos de Pedro Sánchez a la ta­rifa eléc­trica.

La ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ocultado los ingresos adicionales que el Estado está recibiendo por el elevado precio del mercado del CO2 y que van a costear la bajada del recibo de la luz. El precio de la tonelada de CO2 está presupuestado para este ejercicio en 25 euros la tonelada y ahora se comercializa a 50 euros.

El Estado, por tanto, no verá reducido sus ingresos por el recorte del IVA y el impuesto a la producción sino que verá compensado esta bajada con los 2.500 millones de euros que obtiene por la venta de los derechos de emisión de CO2. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, lo dijo alto y claro en la junta de accionistas de la eléctrica celebrada el pasado 18 de junio.

“No olvidemos que el principal beneficiario de los altos precios de la electricidad, sobre todo en un escenario como el actual, con un elevado precio del CO2, es la Hacienda Pública, que recibe no solo unos cuantiosos impuestos proporcionales al precio de la energía, sino también los ingresos por la venta de esos derechos, que este año podrían alcanzar los 2.500 millones de euros”, dijo Galán.

Una medida que llega tarde

La portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que Hacienda dejará de ingresar entre 900 y 1.100 millones de euros por el recorte del IVA, que pasará del 21% actual al 10% y la suspensión el tercer trimestre próximo del 7% que grava la producción de electricidad. De ambos recortes, unos 400 millones corresponden al impuesto de producción eléctrica y el resto a la bajada del IVA.

Fuentes consultadas del sector reconocen que la reducción del IVA en el recibo de la luz es una medida que está bien -aunque tardía-, porque repercutirá de forma directa en la factura aunque es un impuesto que está muy por encima de otros países comunitarios y del que el Ejecutivo ha estado ingresando mucho más. En Francia, por ejemplo, los consumidores pagan un 5% de IVA en sus recibos; en Italia, un 10%; Portugal, un 6%; Irlanda, un 13,5% y Alemania es el país que más se aproxima a España con un 19%.

Con este recorte, el consumidor verá reducido un 10% el global de su factura aunque del Gobierno no ha aclarado si la medida se aplicará a partir del próximo mes de julio. Las eléctricas desconocen aún la metodología que los Ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica van a establecer para aplicar los recortes en el nuevo recibo de la luz. “Hay que ver cómo se articula todo”, han señalado a Capitalmadrid.

Las empresas eléctricas consideran que, aunque se rebaje el IVA, el Ejecutivo deberá hacer una reforma a fondo del mercado, con medidas estructurales que impidan la enorme volatilidad a la que está sometido el precio de la luz. En primer lugar, piensan que lo de la eliminación “temporal” del 7% de la producción eléctrica es une medida “estética”, y política a la vez, que busca acallar voces en un momento en el que los precios están disparados.

Reforma a fondo del mercado

Ante la situación actual y que se repite cada vez más, con precios disparados y descontrolados, lo que algunas partes subrayan es que habría que actuar sobre varios aspectos. Un primer paso, es atacar el sistema del mercado del CO2. El componente del CO2 se ha convertido es un negocio especulativo y en un instrumento financiero en el que muchos inversores se están aprovechando.

En los Presupuestos Generales del Estado, se estableció un precio para la tonelada de 25 euros y se ha disparado hasta los 50 euros actuales. Junto con el precio del gas, se han convertido en las dos figuras causantes de que el precio de la electricidad se haya disparado por encima de los 94 euros megavatio hora y que el recibo de la luz haya subido una media de un 46,5% durante este mes de junio.

El sector eléctrico defiende, por tanto, que si el mercado del CO2 se ha convertido en un elemento tan especulativo, el Gobierno debería impedir vía decreto que los derechos de emisión se negociaran libremente. Es decir, que evite que se haga negocio con los derechos de emisión y que se controle más.

Otra de las medidas que las empresas reclaman es cambiar el mercado marginal de forma que la última tecnología que entre en el pool no sea la que marque el precio. Un sistema más equilibrado es que haya, como en otros países europeos, mercados de ajustes, donde los megavatios hora que se compren se vendan al precio real que en ese momento se están produciendo. Con el método actual, no se adelanta nada que entre al pool mucha electricidad renovable muy barata si al final entra el gas y te dispara el coste.

Por esa razón, el sector urge al Gobierno una reforma en todos los niveles del mercado y que se acabe con la fórmula marginalista y se vaya a un precio real de mercado y no al pool donde entran todas las tecnologías como las renovables, la nuclear, la hidráulica, el gas y el carbón. “El consumidor doméstico no puede estar sometido a esta fuerte volatilidad”, denuncian.

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