El pre­si­dente de la pa­tronal pre­para una re­vo­lu­ción in­terna de los altos cargos

La CEOE se desangra por dentro por culpa del apoyo explícito de Garamendi a los indultos

Nueva brecha en una pa­tronal muy di­vi­dida de siempre y en su re­la­ción con la Justicia

Garamendi y Díaz.
Garamendi y Díaz.

El apoyo ex­plí­cito del pre­si­dente de la CEOE, Antonio Garamendi, a los in­dultos a los gol­pistas ca­ta­la­nes, que el Gobierno tiene pre­visto aprobar este mar­tes, ha agu­di­zado la ya muy tensa re­la­ción de la pa­tronal em­pre­sa­rial con el Poder Judicial. Además con­so­lida la brecha entre su pre­si­dente y mu­chos em­pre­sa­rios que dis­crepan con la que con­si­deran una po­lí­tica de en­trega total a las exi­gen­cias de Pedro Sánchez. Mientras, Garamendi pre­para po­lé­micos cam­bios en la es­truc­tura de la se­cre­taría ge­neral de la CEOE y que afec­tarán a sus más altos car­gos.

Las declaraciones de Garamendi afirmando que “si los indultos hacen que las cosas se normalicen, bienvenidos sean” rompe con la tradición de la patronal española de exigir a todos los poderes del Estado cumplir con la legalidad vigente. Sitúa además a la patronal en una posición que ha criticado tradicionalmente, la de la aceptar la inseguridad jurídica de España que podría producirse tras la prevista decisión del Gobierno. El no cumplimiento de las leyes siempre ha sido señalado por la CEOE como un hándicap para la llegada de nuevas inversiones a nuestro país necesarias para la continuidad de su modernización económica y social.

El pronunciamiento del máximo represente de la gran patronal española, como han recordado en las últimas horas antiguos altos ejecutivos de la patronal CEOE, el presidente de CEPYME Gerardo Cuerva y sobre todo el presidente del Círculo de Empresarios Manuel Pérez-Sala, va en contra del principio de “legalidad” y de los rotundos informes emitidos tanto por el Tribunal Supremo como por la Fiscalía, que los consideran contrarios a derecho pues no hay arrepentimiento de los condenados, amenazan con reincidir en su acción, y desprecian los indultos.

El Tribunal Supremo en su informe de 21 páginas hecho público el pasado 26 de mayo, se oponía textualmente a la concesión de cualquier forma de indulto, ya fuera total o parcial, a los 12 golpistas del 1-O condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia. Lo justifica porque no aprecia arrepentimiento, ni razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia.

Informes judiciales en contra

A ello hay que añadir que el informe, cuyo ponente ha sido presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, concluye que la pena sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición. Pero concluye que “la constatación del fracaso de los fines de prevención especial, apreciable sin necesidad de mayores esfuerzos argumentales, obliga a rechazar el indulto solicitado a favor de los condenados”.

El tribunal también explica que el indulto, contrariamente a lo que sugieren algunas de las solicitudes presentadas en nombre de los condenados, -hay que recordar que la solicitud no la ha hecho ninguno de los condenados como prevé la norma legal para poder acceder al indulto-, no puede presentarse como una segunda instancia ante el Gobierno de la nación. Marchena recuerda que tampoco puede otorgarse como el último mecanismo para reparar la supuesta vulneración de derechos fundamentales.

El texto elaborado por el presidente de la sala segunda del Supremo que emitió la sentencia añade que “lejos de subrayar las razones que justificarían la innecesariedad de la pena, optan por centrarse en una crítica jurídica de la sentencia dictada por esta Sala, llegando a cuestionar los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional”.

En este sentido, dos centenares de juristas se han manifestado públicamente en contra de la anunciada decisión del Gobierno de Sánchez porque los indultos podrían alterar de hecho la decisión de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los golpistas.

Advierten que, según la Ley, los indultos no pueden ser considerados revocables como tiene previsto justificar su decisión el Gobierno, pues la norma señala que “la concesión del indulto es por su naturaleza irrevocable con arreglo a las cláusulas con que hubieran sido otorgados”.

Mientras tanto, Moncloa sigue preparando todo lo relacionado con los indultos como si se tratara de un espectáculo. Antes de que los apruebe el martes, Sánchez va a acudir este lunes al Liceo de Barcelona a presentar las ventajas de su decisión.

Pese a los apoyos buscados lo hace sin apoyo político. El Gobierno de la Generalitat ha anunciado que no acudirá. Tampoco acudirán los representantes de los partidos políticos que configuran la mayoría del Gobierno de la Generalitat y gracias a los cuales gobierna en Madrid Pedro Sánchez. Y no lo harán PP, Ciudadanos ni Vox.

Recursos a la espera

Pese a que Sánchez presenta su decisión para evitar la división de la sociedad catalana, el presidente del Gobierno está llevando a una profunda división de la sociedad española y de una parte de sus representantes empresariales.

El anuncio de Vox de que recurrirá ante todas las instancias jurídicas posibles nacionales e internacionales la decisión de Sánchez, con el apoyo de Garamendi, hace prever que el asunto va a estar presente en la vida política y económica más allá de lo que busca el Gobierno. Aunque tratará de que pase a un segundo plano con la convocatoria de un consejo extraordinario para aprobar la eliminación del uso de las mascarillas a partir del sábado 26 no le va a resultar sencillo de conseguir.

Sin embargo, a Garamendi le va a ser difícil explicar a su ejecutiva su decisión de apoyar los indultos, aunque considere que así se garantiza la gestión de una parte de los fondos procedentes de Bruselas. El dinero no lo justifica todo.

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