El máximo ejecutivo de la principal eléctrica del país ha reiterado como en otras tantas ocasiones que el alto precio del recibo de la luz se debe principalmente a la serie de impuestos que lleva la tarifa. Por ese motivo, ha respaldado el compromiso realizado por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que “probablemente”, el Gobierno rebajará de forma “temporal” la fiscalidad aplicada a la generación de electricidad. Pese a ello, ha insistido en que son muchos los factores que afectan al recibo, pero sin duda, el más importante son los impuestos.
En octubre de 2018, el Ejecutivo de Pedro Sánchez suspendió temporalmente la aplicación del 7% a la generación eléctrica para reducir la factura, en un momento en que se habían disparado las tarifas para las empresas y para los consumidores domésticos. “No es descartable que haya que volver a hacer lo que hicimos en su momento, la suspensión de unos elementos fiscales con carácter excepcional y provisional”, dijo Ribera en respuesta a una interpelación del PP.
El presidente de Iberdrola ha sido muy claro en la junta celebrada en Bilbao al afirmar que son muchos los aspectos que provocan que el precio de la electricidad se dispare pero, ha recalcado que, “el más significativo es el grado de impuestos, cargas y tasas que se le imponen y que, en buena medida, pagan los ciudadanos”, ha comentado.
Hacienda, el gran beneficiario
Galán ha expresado también que el principal beneficiario de los altos precios del megavatio hora, sobre todo en un escenario como el actual, con un elevado precio del CO2, “es la Hacienda Pública”, que “recibe -ha dicho-, no solo unos cuantiosos impuestos, proporcionales al precio de la energía, sino también los ingresos por la venta de los derechos de CO2, que este año podrían alcanzar los 2.500 millones de euros”.
Además de las críticas lanzadas por los impuestos que la electricidad soporta, el máximo dirigente de la utility se ha mostrado confiado en que el Anteproyecto de Ley que persigue corregir el dividendo que reciben las centrales eléctricas no emisoras, como las nucleares, hidráulicas y algunas eólicas, como consecuencia de los costes del CO2 en el mercado de derechos de emisión, sea reconducido a lo largo de su tramitación parlamentaria.
En este sentido, ha expresado que espera se busquen soluciones, que “garanticen la coherencia plena entre la política energética que apuesta por la descarbonización y un marco normativo y regulatorio estable y fiable”.
Galán ha recordado ante los accionistas que, tal y como han indicado multitud de agentes y organismos en sus alegaciones al anteproyecto de ley, así como los analistas financieros y agencias de rating, “es imprescindible que el marco regulatorio preserve la seguridad jurídica y la confianza legítima de los inversores”.
Respecto a las perspectivas futuras sobre Iberdrola, el máximo dirigente ha dicho en su discurso que la compañía afronta este contexto global por la electrificación desde una posición “sólida” y “diversificada geográficamente”, que se verá reforzada en los próximos años “con nuestro plan de inversiones de 75.000 millones de euros hasta 2025”. Este plan permitirá triplicar la capacidad renovable del grupo hasta situarla en 100.000 megavatios al final de la presente década, con al menos 12.000 MW eólicos marinos.
Dividendo complementario
El presidente ha destacado la relevancia que ha tenido el ejercicio 2020, ya que se ha producido en unas circunstancias muy especiales por el Covid-19. “Iberdrola afronta este proceso con la misma determinación que viene mostrando desde marzo del año pasado”, ha dicho.
El crecimiento de la actividad de Iberdrola ha tenido un fiel reflejo en los resultados registrados el ejercicio 2020. El beneficio operativo bruto del grupo se ha situado por encima de los 10.000 millones de euros y el beneficio neto ascendió a 3.611 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 4,2% respecto a 2019.
La junta ha aprobado un dividendo complementario de 0,252 euros, pagadero en julio próximo. Si se suma el dividendo a cuenta, ello supone una remuneración total de 0,42 euros por título, con un aumento del 5% frente al año anterior. Para 2022, está previsto un reparto de 0,44 euros por acción.