La CNMC exige estabilidad y más orden a Red Eléctrica

La pro­puesta de pla­ni­fi­ca­ción de la red de trans­porte eléc­trico re­mi­tida por REE a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prevé unas in­ver­siones de casi 6.670 mi­llones de euros hasta 2026. Inversiones que, según el or­ga­nismo de com­pe­ten­cia, de­be­rían es­ta­blecer una serie de prio­ri­dades y una senda in­ver­sora su­jeta al prin­cipio de sos­te­ni­bi­lidad eco­nó­mica y fi­nan­ciera del sis­tema dada la ac­tual ines­ta­bi­li­dad.

La totalidad de las inversiones previstas en la propuesta tendrán un impacto en la retribución de la actividad de transporte de 844 millones en el último año del período, según señala la CNMC en su informe sobre la propuesta de planificación de inversiones del gestor de la red de transporte de electricidad para el próximo lustro.

Del total de inversión, 5.629 millones de euros se destinarán al desarrollo de infraestructuras en los sistemas nacionales, que tienen un límite máximo de inversión con derecho a retribución que sufraga el sistema eléctrico. Los 1.039 millones restantes corresponden a las interconexiones internacionales de España con Francia por el Golfo de Vizcaya -730,9 millones-, Marruecos -233,6 millones-, Andorra -14,7 millones-, así como la de Norte España-Portugal -59 millones-.

Estas últimas inversiones no computan dentro de los límites de inversión máxima retribuible, de acuerdo con los últimos cambios normativos. Así, para los próximos cinco años, la inversión total anual, sujeta a limitación, rondaría los 938 millones por año. Eso implicaría que un elevado nivel de inversiones sobrepasaría en varios años el volumen máximo de inversión fijado por la normativa actual.

La CNMC choca así de nuevo con los responsables del gestor de REE al reclamar un orden en las inversiones y unos límites realistas. En su informe, el organismo recuerda que, dada la incertidumbre económica derivada de la pandemia, la gran sensibilidad de la limitación retributiva frente a los cambios en las perspectivas macroeconómicas y la elevada inversión en algunas actuaciones, "debería establecerse una senda inversora sujeta al principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico".

Esta senda podría revisarse cuando se logre una mayor estabilidad económica. No obstante, valora la propuesta a la espera de incorporar las consideraciones surgidas en el trámite de audiencia por los agentes afectados, entre otros, las comunidades autónomas, y de la evaluación ambiental estratégica.

Por ello, señala el supervisor, sería oportuno valorar de nuevo su contenido, una vez que se disponga de la información consolidada, y antes de que se envíe definitivamente al Congreso de los Diputados. En su opinión, la propuesta que se eleve al Parlamento debería ser conservadora en los esfuerzos inversores a exigir al sistema y que estos puedan establecerse frente a unos límites "objetivos y realistas".

En este sentido, recomienda establecer un orden de prioridad claro, detallado, que recoja los condicionantes de ejecución necesarios para cada infraestructura, desgranando las actuaciones que puedan adoptarse de manera secuencial, permitiendo el seguimiento de la propuesta y su supervisión, así como su revisión.

Dicho orden de prelación, de cara a una posible reducción de las inversiones previstas, debería tener en cuenta tanto la incertidumbre existente en la ejecución de cada una de las actuaciones, como la reducción presupuestaria de su contribución a los límites de estabilidad y su adecuación a los principios rectores fijados en la orden de planificación energética de 2019.

En diciembre del año pasado, el Gobierno español prorrogó la vigencia del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, debido a que la correspondiente a 2021-2026 no pudo aprobarse antes de enero de 2021 por los retrasos en su tramitación ocasionados por la covid.

Aunque pendientes de la hoja de ruta para 2025, las acciones de Red Eléctrica siguen ganando altura con paso firme después del duro ajuste sufrido en febrero tras la presentación de sus cuentas de 2020. Una vez respuesta de la decepción inicial y de las incertidumbres, el valor ha recuperado del orden de un 20% de su precio para situarse en puertas de los 17 euros por título.

Este nivel se ha convertido en durísima barrera para la actual fase alcista tras chocar con ella en cinco ocasiones ya en el último año y medio. Se superarla abriría un nuevo hueco al alza de un euro y medio adicional de subidas, pero en caso de chocar de nuevo con ella podría recaer otra vez hasta los 15,5 euros por acción.

Artículos relacionados