La pa­tronal quí­mica Feique cifra en 550 mi­llones el coste del fondo de ayuda a las re­no­va­bles

El Gobierno provoca las iras de todo el tejido industrial del país

Galán (Iberdrola) ca­li­fica de “falso” que las nu­cleares e hi­dráu­licas estén amor­ti­zadas

Ignacio Galan
Ignacio Galan

El Gobierno tiene en contra a todo el te­jido in­dus­trial del país, desde el ener­gé­tico, al quí­mico, a las pymes y hasta los con­su­mi­dores do­més­ti­cos. El origen de esta ira está en la po­lí­tica de ta­rifas eléc­tricas y los re­cortes que desa­rrolla para hacer frente a la des­car­bo­ni­za­ción y la transición ener­gé­tica. La re­baja de be­ne­fi­cios a las eléc­tri­cas, los so­bre­costes a las pe­tro­leras y quí­micas por las ayudas a las re­no­va­bles y el con­se­cuente au­mento del re­cibo de la luz, han con­ci­tado las quejas de to­dos.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, ha lanzado duras críticas contra el Ejecutivo por las “cargas” que quiere aplicar a las centrales nucleares, hidráulicas e instalaciones eólicas construidas antes de 2005, basándose en que reciben una serie de beneficios, bajo el sobrenombre que vienen caídos del cielo (windfall benefits, en inglés). Este recorte les supondrá en conjunto a Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Acciona, unos 1.000 millones de euros.

El Ejecutivo basa este recorte bajo el argumento “falso”, según Galán, de que estas instalaciones están totalmente amortizadas. El presidente de Iberdrola ha dejado claro que estas instalaciones, en muchos casos, están en pérdidas y, por supuesto, lejos de estar amortizadas. “Decir lo contrario, es faltar a la verdad. Ahí están las cuentas en el Registro Mercantil”, ha señalado.

El máximo ejecutivo de la mayor eléctrica española se ha mostrado confiado en que, a lo largo del trámite parlamentario del Anteproyecto de Ley que pretende corregir el dividendo que reciben estas centrales -nucleares, hidráulicas y algunas eólicas-, se llegue a una solución alineada con el marco jurídico, que aporte “certidumbre” al sector.

Una planificación clara

“Necesitamos una planificación clara, evitando sorpresas y contradicciones, y actuar con diálogo y consenso para incentivar a los que cumplen”, ha señalado Galán, señalando directamente al actual Gobierno y a la política energética que está desarrollando.

Uno de los aspectos discordantes del presidente de Iberdrola es el tratamiento y la utilización que el Ejecutivo está haciendo del mercado europeo del CO2 y que puede fluctuar, como así es. A veces, incluso es objeto de gran especulación. Galán ha señalado al respecto que los ingresos de este mercado de CO2 van a parar a las arcas del Estado y que España va a ingresar por este concepto este año unos 2.500 millones de euros, por los precios que se mueven.

El responsable de la eléctrica ha recordado, por otro lado, que la mayor parte de los países perciben que la transición energética que está en marcha es una gran oportunidad que conllevará una gran competencia para la inversión, dado que muchos países como EEUU, Reino Unido o Francia, por ejemplo, quieren atraer inversión. Sin embargo, advierte: “Los ganadores serán los países con marcos regulatorios estables y predecibles, bajo el principio de quien contamina, paga”.

“Solo generando estabilidad y confianza es posible movilizar el capital privado en sectores intensivos como el eléctrico. Nuestras decisiones son para más de 50 años. Y la seguridad jurídica será esencial para actuar de forma competitiva”, ha insistido Galán.

Iberdrola prevé invertir este año 17.000 millones de euros dentro del plan inversor de 150.000 millones previstos hasta 2030 para lograr la neutralidad climática. Esta cifra supondrá la creación de 30.000 nuevos empleos, adicionales a los 80.000 que trabajan para el grupo.

Denuncias del sector químico

Junto al eléctrico y el petrolero, el químico es otro de los sectores que se siente claramente perjudicado por las decisiones energéticas del actual Gobierno. En palabras del presidente de la patronal Feique, Carles Navarro, el Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que el Ejecutivo quiere sacar adelante para sufragar el sobrecoste de las subvenciones a las renovables, les va a suponer al sector cerca de 550 millones de euros. El global para el conjunto de la industria española asciende a 2.650 millones de euros para el periodo 2021-2025.

Uno de los factores que mayor impacto tiene sobre la competitividad del sector es el precio eléctrico. Según el presidente de Feique, la industria química española es mucho menos competitiva que las empresas alemanas y francesas. Por ejemplo, una empresa electrointensiva española paga por el kilovatio un 116% más que una compañía francesa y un 58% más que una alemana.

El sector químico reclama una profunda revisión del mercado eléctrico, ya que, en su opinión, no resulta lógico que en un mismo día se pase de tarifas horarias cero euros a 100 euros.

Ribera defiende la factura

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido, por su parte, en el Congreso de los Diputados la nueva factura de la luz que entró en vigor el pasado 1 de junio, con diferentes tramos horarios. Ante las críticas que se han producido y las quejas de varios colectivos, ha señalado a este respecto que el Gobierno trabaja en “una propuesta más equitativa” para compartir los costes entre los consumidores.

Pese a todo, Ribera ha destacado que la nueva fórmula beneficia a “todos los consumidores” y, en particular, a todos los que pueden desplazar consumos a las horas que la “red está más congestionada”, limitando así su desgaste, así como las necesidades de nuevas inversiones y más costes fijos.

Periodo de adaptación

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, ha reconocido que se necesita tiempo y series temporales para tener conclusiones sobre lo que está sucediendo en el mercado eléctrico. “Hay que tener en cuenta que solo llevamos una semana con la nueva estructura de peajes y tenemos que ver si, en su caso, necesita adaptaciones y, por supuesto que lo vamos a hacer”, ha señalado.

Fernández ha recordado que la CNMC supervisa a diario los mercados y ha advertido que si se detectan comportamientos no conformes a la regulación “se abrirán expedientes y se adoptarán sanciones, si es preciso”.

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