ANÁLISIS

Nadia Calviño in­siste en que es un do­cu­mento ne­go­ciado, lo que niegan todos

El desacuerdo del Gobierno con los agentes sociales y oposición lastra el plan de recuperación

Las pri­meras ayudas lle­garán en julio y coin­ci­dirán con la ava­lancha de tu­ristas bri­tá­nicos

Nadia Calviño,  vicepresidenta económica.
Nadia Calviño, vicepresidenta económica.

El plan de re­cu­pe­ra­ción, trans­for­ma­ción y re­si­liencia del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo ob­je­tivo es fa­ci­litar la sa­lida de la crisis pro­vo­cada por el Covid 19, ya está en Bruselas. Son 343 pá­ginas re­pletas de re­tos, re­formas e in­ver­siones que serán ne­ce­sa­rios rea­lizar para lo­grar un cambio ab­so­luto del mo­delo eco­nó­mico an­te­rior. Se con­centra en cuatro ejes: transición eco­ló­gica, trans­for­ma­ción di­gi­tal, cohe­sión so­cial y te­rri­to­rial e igualdad de gé­nero. No ha sido pac­tado ni con agentes so­ciales ni opo­si­ción, lo que su­pone un las­tre.

Tampoco con las Comunidades Autónomas y entidades locales, ni con la oposición, pese a que el Gobierno interpreta lo que es evidente para la opinión pública, asegurando que si lo ha hecho.

Otra oportunidad perdida en el ámbito político por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que, pese a que dedica cinco páginas a hablar de las negociaciones que ha realizado con agentes sociales, líderes de CCAA y ayuntamientos y de la oposición para elaborar el plan, muchos niegan rotundamente que este plan, a diferencia de lo que ha hecho Mario Draghi en Italia, se haya negociado.

Pese a esta denuncia, el Ejecutivo dice a Bruselas que el plan ha sido consultado, hasta el punto de que escribe en el mismo que “el Gobierno ha incorporado como un elemento central de la elaboración del Plan la participación de las distintas instituciones públicas y grupos políticos, de los agentes sociales y el tejido empresarial, bajo el convencimiento de que solo así, mediante el diálogo y la colaboración, se pueden diseñar reformas e inversiones con el potencial de transformar un país”.

Sorpresa en Bruselas

Desde el ámbito empresarial apuntan su sorpresa cuando leen en la página 95 y siguientes que el objetivo del Gobierno ha sido que “el Plan se defina partiendo de un proceso consultivo amplio, en el que los agentes sociales tengan un papel relevante, tanto en la definición de las reformas e inversiones, como en la ejecución del propio Plan. La incorporación de los agentes sociales ha contribuido además a dotar de transparencia al proceso de redacción del Plan”.

La respuesta es más dura todavía desde el ámbito político. Varios dirigentes del Partido Popular además de rechazar que el plan se haya negociado con ellos, han criticado duramente en las últimas horas la propuesta del Gobierno de eliminar la tributación conjunta del IRPF incluida en el Plan de Recuperación, aunque la eliminación se vaya a producir de forma gradual.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, escribía en Twitter que el presidente del Gobierno "asfixia otra vez a clases medias y familias. Socialistas y comunistas seguirán gastando y el resto pagando. Así soportamos los españoles con nuestro sueldo las nóminas de su macro gobierno y corte de asesores".

Por su parte, la responsable económica del partido, Elvira Rodríguez, criticaba que el Gobierno incorporara una subida de impuestos “para la clase media, los hogares con declaración conjunta que son los que menos ingresos tienen”. Medida que, por cierto, no fue incluida ni en las explicaciones de los aspectos más relevantes del plan enviado a Bruselas, pese a que será una de las que a más personas afecte si finalmente la aprueba el Congreso de los Diputados.

Agencia Tributaria y las declaraciones conjuntas

La Agencia Tributaria tiene previsto recibir en la campaña de la renta de 2020 unos 3,2 millones de declaraciones conjuntas, a las que se aplica una reducción en el caso de que solo trabaje uno de los cónyuges. La reducción en el caso de unidades familiares integradas por los dos cónyuges es de 3.400 euros, y en las familias monoparentales se reduce a 2.150 euros.

Aunque es una medida que ha recomendado la AIREF, como puede comprobarse, esta no consta entre las medidas destacadas en el resumen entregado a los medios con ocasión del anuncio del envío a Bruselas del plan del Gobierno:

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Presentacion_Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf.

Quizás por ello el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, señalaba también en su cuenta de Twitter que “los españoles se merecen un Gobierno con un plan económico serio y que diga la verdad". Y aprovechaba para añadir a través de este mismo medio que el próximo 4 de mayo, tras la celebración de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid, “Sánchez tendrá un pie fuera de Moncloa”.

La estimación de los sondeos que se han estado realizando en las últimas horas, de que el Partido Popular podría gobernar, previsiblemente con el apoyo de VOX, pese a que no se pueden hacer públicos sus resultados, provoca una gran incertidumbre respecto a cómo se aprobarán los decretos y leyes que sean necesarios para la utilización de los fondos cuando estos lleguen de Bruselas. La Comisión prevé que se pueda disponer de ellos a partir del mes de julio.

El Ejecutivo comunitario dispone de dos meses para evaluar los planes. Si la Comisión da su visto bueno, los Estados miembros contarán con cuatro semanas adicionales para aprobarlos o rechazarlos por mayoría cualificada. A partir de la luz verde de ambas instituciones comenzarán a llegar las ayudas.

Decisiva la aprobación

El Gobierno español considera muy importante su aprobación y está dispuesto a empezar a utilizarlos incluso antes de que lleguen, pues como ha señalado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, estas cantidades ya están incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que podrían empezar a utilizarse incluso antes de que fueran aprobados formalmente por las instituciones comunitarias mencionadas.

Junto a los fondos se considera vital el impulso que pueda generar la recuperación del sector turístico. En este sentido aparece como una señal muy esperanzadora el anuncio del ministro de Exteriores británico, Dominique Raab, de que a partir del 21 de junio se suprimirán la mayoría de las restricciones para moverse libremente tanto en el Reino Unido como fuera, una vez que se habrá superado el 70 % de vacunación de la población del Reino Unido.

Algunos medios, como el Sunday Times, incluso se atrevían a fijar la fecha del 31 de mayo, como el momento a partir del cual los británicos podrán iniciar su periodo de vacaciones en los destinos europeos tradicionales, España entre ellos.

La decisión de Pedro Sánchez de no negociar previamente el plan con los agentes sociales, CCAA y oposición y la subida regresiva de impuestos que conlleva eliminar los beneficios de la tributación conjunta, decisión que ha tratado ocultar a la opinión pública para no dañar sus expectativas electorales, no son el mejor ejemplo de cómo debería gestionarse una ayuda tan importante como la que llegará de Bruselas. Todavía estamos a tiempo de seguir el ejemplo de otros países, como Italia, que han negociado el apoyo con la mayoría de los partidos políticos y agentes sociales, sobre todo cuando gran parte de los recursos llegarán de Bruselas a lo largo de seis años y al final de los cuales Sánchez podría no ser ya presidente del Gobierno.

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