OPINIÓN

Plus Ultra: libre competencia y tribunal de lo penal

La su­puesta vin­cu­la­ción po­lí­tica con Venezuela pro­voca más sos­pe­chas que reali­dades

Venezuela
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Una línea aérea de pe­queña di­men­sión ha re­ci­bido una im­por­tante ayuda de Estado, 53 mi­llones de eu­ros. El por qué de esta elec­ción no ha sido bien ex­pli­cado. El go­bierno de Pedro Sánchez ha es­tado es­con­dido. La al­ter­na­tiva de una po­lí­tica de sos­te­ni­miento de las com­pañías aé­reas de base na­cional de­bió, quizá, orien­tarse a for­ta­lecer Iberia y agrupar en su en­torno a Plus Ultra y Air Europa.

Algo parecido a lo que ocurrió con los ferrocarriles españoles el pasado siglo reagrupados en Renfe. La ayuda a cualquier compañía de un estado miembro de la UE colisiona con el derecho a la libre competencia. Toda ayuda acarrea la presunción de vulnerar las reglas de competencia. La Comisión Europea, que tiene esa responsabilidad comunitaria, vigila y cuida para que se cumpla una competencia libre y leal entre los estados miembros.

La Comisión estuvo alerta y pidió explicaciones a las autoridades españolas. Respuesta convincente por parte de la SEPI, el organismo público encargado de canalizar dichas ayudas. Alemania había concedido ayudas a Luhthansa en una proporción mucho mayor por trabajador que la recibida por los empleados de Plus Ultra. La Comisión había aceptado la ayuda alemana y en virtud de los argumentos españoles ha cerrado el caso Plus Ultra.

Vía judicial

Curiosamente un parlamentario europeo del contingente español aireaba y condenaba la presunta ayuda. Ningún parlamentario alemán había llegado tan lejos. El caso Plus Ultra se cerraba en Bruselas y se habría en los juzgados españoles de lo penal.

Los 53 millones de ayuda a Plus Ultra no son una donación sino un préstamo concedido por el Fondo de Solvencia. Un organismo autónomo encuadrado en Hacienda y gestionado por Economía. El Fondo dispone de una dotación presupuestaria de 10.000 millones de euros que en el pasado ejercicio apenas dispuso de una cuarta parte. Con el contencioso en la jurisdicción penal, los préstamos deben estar congelados Arriba las manos .

Ahora bien, tratándose de un préstamo hubiera sido más operativo utilizar la vía ICO- Banca privada para su instrumentación. Organismos con mayor experiencia para evaluar la solvencia del deudor.

En el caso Plus Ultra han prevalecido criterios políticos. Exigencias del gobierno venezolano sobre quien aterriza en sus aeropuertos. Gestión del ministerio de Exteriores vía embajador en Caracas y preferencia del ministerio de Transportes por la alternativa Plus Ultra.

Y, sin embargo, los funcionarios españoles siguiendo las instrucciones de sus respectivos ministros han instrumentado el crédito, defendido con éxito su concesión en Bruselas y ahora, como premio, son acusados en un juicio penal.

Dos desatinos. Las compañías aéreas siguen sin consolidar sus posibilidades postpandemia mientras disciplinados y competentes funcionarios sufren la incertidumbre de un juicio penal: ¿malversación, corrupción?

En el caso Intelhorce me tragué durante cinco años una píldora semejante. Absolución de la Audiencia andaluza y del Supremo, más contundente, pero ninguna responsabilidad para los acusadores e instructores de la causa. Desatinos del Estado de Derecho.

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