Rajoy quiso poner en marcha este im­puesto pero desistió por la opo­si­ción po­lí­tica y la crisis de 2008

Pedro Sánchez utilizará la presión de Bruselas para imponer el peaje en las autovías

Resucita una carga fiscal lar­ga­mente re­cla­mada por con­ce­sio­na­rias y cons­truc­toras

Autopistas
Autopistas

El com­pro­miso ante Bruselas por parte del Gobierno de co­menzar a co­brar por el uso de las au­to­vías en España ha en­can­tado a las em­presas cons­truc­to­ras. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo tiene que dar ra­zones a la Comisión Europea de que dis­pone de di­fe­rentes op­ciones para asumir los 140.000 mi­llones de euros que va a re­cibir en ayudas sino que con­tro­lará el dé­ficit pú­blico. Además, el Estado ha de­jado de in­gresar una su­cu­lenta can­tidad de di­nero por culpa de las au­to­pistas que han eli­mi­nado sus peajes por lo que la UE ha me­tido más pre­sión.

La vieja idea que el PP y la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quisieron poner en práctica hace años ha tomado ahora carta de naturaleza por parte del Gobierno socialista. A falta de ingresos y demasiados gastos más la presión de Bruselas, la fórmula de implantar un peaje en las autovías españolas puede ser una fuente de captación de dinero para aliviar el déficit de las arcas públicas y cumplir con las exigencias de la Comisión Europea.

De cristalizar este proyecto que deberá ser consensuado con los diferentes partidos políticos, se cumpliría con una reivindicación de las grandes empresas constructoras -ACS, Acciona, OHL, Sacyr, Ferrovial y FCC- y de Seopan. Un informe de la patronal de la construcción estima que la aplicación de peajes en la red de 14.100 kilómetros de autovías libres de pago generaría una bolsa de ingresos de 12.650 millones de euros anuales por tarificación.

Por otro lado, el déficit anual que las autopistas que han revertido al Estado desde 2019 alcanza los 1.000 millones de euros, como consecuencia de las pérdidas de recaudación fiscal y el aumento del gasto de conservación de las mismas.

Seopan y constructoras, a favor

El plan ahora de Sánchez cuenta con todos los parabienes, tanto de Seopan como de las grandes constructoras. El Ministerio de Fomento lleva intentando aplicar un impuesto a las autovías pero el PSOE y el PP lo han desterrado siempre que han gobernado por el coste político que tendría la medida. La ex ministra de Fomento del PP, Ana Pastor, ordenó guardar en el cajón los informes que los técnicos del departamento tenían elaborados por la oposición frontal del PSOE.

El entonces director de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (SEITT), Juan Alfaro, señaló en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, que el pago por uso en las carreteras “llegará tarde o temprano” y “gobierne quien gobierne”.

Alfaro reconoció la necesidad de este gravamen a las autovías para ayudar al mantenimiento de estas infraestructuras y por la presión que siempre ha ejercido Bruselas. El alto responsable del Ministerio de Fomento sostenía que el debate impulsado por Bruselas, antes o después, “es inevitable e incuestionable” y, por tanto, deberá abordarse en España. La ex ministra del PP, Ana Pastor, en cambio, no se atrevió a ponerlo en marcha, cuando todos los informes que había encima de la mesa demostraban la necesidad de aplicar este peaje.

El plan de cobro por el uso de las autovías es algo en lo que, tanto la Administración Central como las propias autonomías, están de acuerdo en aplicar porque consideran que les ayudaría a sufragar parte de las infraestructuras pero la medida ha dispuesto siempre de mucha controversia. Tanto los transportistas como los automovilistas se han mostrado siempre en contra.

El ex secretario de Estado de Infraestructuras y ex ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió también en su momento esta idea, llegando a reconocer que los técnicos de su departamento estaban estudiando diferentes modelos pero que, dada la situación económica -se estaba intentado superar la crisis de 2008-, esta posibilidad “está en la mesa técnica y no en la mesa política”.

Con esta frase, Catalá admitía abiertamente que el Gobierno no se atrevía a poner en marcha este proyecto porque la situación económica del país no estaba en esos años para gravámenes de este tipo, pese a que Seopan y la propia patronal empresarial CEOE, lo reclamaban con fuerza.

La patronal de la construcción ha sido siempre la más incisiva en aplicar un impuesto a las autovías. Seopan propuso hace años un sistema de pago por distancia en todos los tipos de vehículos, con una tarificación que variaría entre 0,03 y 0,14 euros por kilómetro, lo que supondría unos ingresos de hasta 6.830 millones de euros anuales.

La diferencia con el resto de Europa

España cuenta con 14.130 kilómetros de autovías que están libres de pago en España y por las que el Estado no ingresa nada. Aparte, hay que añadir otros 1.907 kilómetros de autopistas que han revertido al Gobierno Central y que han dejado de aportar dinero a las arcas públicas. En España, solo se cobra por las autopistas cuando en la mayoría de los países comunitarios tanto las autopistas como autovías soportan algún tipo de gravamen.

Bruselas quiere que las carreteras sean pagadas en parte, en primer lugar, por quien las utiliza y, segundo lugar, por el que, al servirse de ellas, contamina. La UE, por tanto, está presionando para que España aplique algún tipo de tarificación a sus autovías a igual que hacen la mayoría de los países comunitarios.

Los 140.000 millones de euros que España recibirá de Bruselas obligarán a Pedro Sánchez a comprometerse a introducir un peaje en las autovías y justificar una vía de ingresos añadida. Será, por tanto, la gran moneda de cambio de Sánchez, y la forma de justificar la medida ante el resto de los grupos políticos.

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