OPINIÓN

Los fondos europeos y las limitaciones estructurales españolas

Hay re­formas im­pres­cin­di­bles por rea­lizar en España que es­peran su turno

Pedro Sánchez, pte del Gobierno.
Pedro Sánchez, pte del Gobierno.

España, como Italia, es be­ne­fi­ciaria de los re­cursos del pro­grama Next Generation EU apro­bado por los re­pre­sen­tantes de los 27 países de la Unión Europea. Italia anda en­re­dada por la ela­bo­ra­ción del plan de res­cate. El di­señado por un grupo de ex­pertos pre­si­didos por el ex di­rec­tivo de Vodafone, Vitorio Colau, fue re­cha­zado por el go­bierno de Conte. El nuevo pro­yecto re­ser­vaba las ayudas para em­presas y fa­mi­lias y de­di­caba es­casos re­cursos a nuevas in­ver­siones y sa­ni­dad. Matteo Renzi y su for­ma­ción Italia Viva, re­chazó esta nueva pro­puesta y re­tiró a sus mi­nis­tros de la coa­li­ción. Un nuevo go­bierno en lista de es­pera.

En España, gracias al voto patriótico de Vox, se le deja al gobierno manos libres para diseñar y distribuir los dineros europeos. Lamentablemente, la sesión del Congreso de los Diputados del 28 de enero, no ha permitido conocer cuáles eran los planes gubernamentales. Opacidad y sospecha de que las habilidades de los cocineros de Moncloa despierten más desconfianza que tranquilidad.

Italia sin gobierno, pero ninguna duda de que los 200 mil millones de euros asignados por Bruselas sean para los italianos. El dinero está disponible, pero los guardianes del Tesoro reclamarán contraseñas para abrir la caja. Contraseñas que consisten en una mejora del sistema de pensiones, así como de la judicatura y de la competitividad.

La sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, también estará entre las exigencias comunitarias. La propuesta del Ministro del ramo, sobre los 35 años para el cómputo de las pensiones, sería una aceptable moneda de cambio. Mejor sería toda la vida laboral para el cálculo de las prestaciones por jubilación, porque los últimos años pueden ser muy inciertos en la vida del trabajador. Prolongar la edad de cotización, también tiene la ventaja del cálculo actuarial con una eventual rebaja de la factura de las pensiones.

El sistema judicial español, tanto los órganos jurisdiccionales como una importante parte de los textos legales, es manifiestamente mejorable de cara a garantizar la “seguridad jurídica”. Los tribunales de lo mercantil reclaman profesionalidad y una legislación más precisa; demasiada discrecionalidad. No solo se trata de la politización de la judicatura, sino de una puesta al día del Tercer Poder del Estado.

Productividad. Mientras en la UE se funciona como un mercado único que permite aquilatar las ofertas, en España las fronteras autonómicas no garantizan ninguna ventaja a la competitividad. Demasiada arbitrariedad.

Reformas estructurales imprescindibles, aunque también hay otras, como la investigación encargada a multitud de organismos para cubrir el expediente y ofrecer empleos a allegados mientras los investigadores de fuste tienen que conformarse con sueldos bajos y buscarse el reconocimiento profesional en otras latitudes.

Ante todo, está el deterioro de las cuentas públicas. ERTE, ayudas empresariales y menos recaudación tributaria. Un destino prioritario para las ayudas comunitarias si se quiere evitar, cuando se calme la pandemia, subir impuestos y recortar gastos, lo que sería un serio inconveniente para la recuperación económica. El cambio climático ha dejado de ser un mantra de los ecologistas. Grandes complejos industriales e inversores de primera fila están cada vez más interesados. Se está borrando la dicotomía entre la avaricia del corto plazo y el miedo de que se cumplan las profecías de los ecologistas.

Exxon Mobil, el mayor productor americano de petróleo, está reduciendo sus inversiones en hidrocarburos a la vez que dedica más recursos a energías limpias alternativas. Larry Fink, co-fundador de Black Rock, el primer grupo mundial de gestión de activos, comenta: “tengo 68 años y siete nietos y desearía legarles un planeta mejor, pero no lo estoy haciendo por mi condición de administrador (fiduciario) del dinero de terceros, sin pensar que el cambio climático afectará al futuro de mis inversiones”. ¿El gobierno de España, encerrado en la Moncloa, puede ser el protagonista ideal para administrar los recursos comunitarios para las Nuevas Generaciones?

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