La consultora Roland Berger calcula que, para el próximo mes de setiembre, cuando expire el plazo de las moratorias, el volumen del crédito moroso podrá situarse entre los 14.000 y los 21.000 millones de euros, representando hasta un 12% del volumen de crédito total. La tasa de morosidad del sector crecerá, así, entre 5 y 7 puntos, para situarse entre el 10% y el 12%. Atribuyendo un 95% de fiabilidad a sus previsiones, la misma consultora advierte, además, que entre un 30% y un 45% del volumen de crédito que se beneficia de la moratoria entrará en morosidad defintiva en Portugal.
De hecho, con solo un10% de la población y una sexta parte del PIB de España, Portugal es, en términos relativos, el país occidental más afectado por la morosidad, que a finales de 2020 ya afectaba al 21,5% del volumen de crédito total de la banca. Unos ocho puntos más que Irlanda (13,4%), y muy por encima también del Reino Unido (9,8%), Italia (9,3%) y España (9,2%). En términos absolutos, Portugal ocupa la quinta posición, con unos 43.800 millones, frente a los 254.000 millones de Francia y los 187.000 millones de España.
Sector financiero
Aunque solo represente en torno a un 30% del sector financiero luso, la banca española se ve obviamente afectada. Santander Totta, que en 2020 aportó 338 millones al resultado del grupo (35,5% menos que en 2019), al final del tercer trimestre ya contabilizaba 88.000 clientes en moratoria, con un saldo de 9.000 millones de euros, un 21% de su cartera crediticia. A BPI de CaixaBank le pasa lo mismo: su aportación a los resultados del grupo cayó un 68%, hasta 105 millones, y los 5.600 millones de créditos afectados por la moratoria son un 22% de la cartera.
Bankinter, triste y lacrimoso
Bankinter, que se hizo en Portugal con el negocio de Barclays, es el que más sobrados motivos de preocupación tiene. A finales de 2020, tenía unos 15.000 contratos de crédito en moratoria, por una total de 1.054 millones de euros. Pero aunque la mayoría de las moratorias corresponden a la clientela particular, con prestaciones de crédito hipotecarios (6.700) y al consumo (3.318), la entidad tiene gran parte del negocio enfocado en el segmento empresarial (4.528 moratorias), que es, a todas luces, uno de los más gravemente afectados por la pandemia.
Las moratorias establecidas por el Gobierno solo tenían de plazo hasta marzo, pero ya con casi todo el país en situación epidémica de máximo riesgo, Bankinter salió a la palestra para reclamar la extensión de dicho plazo por lo menos hasta setiembre. Además, contrariando las previsiones oficiales, advirtió que la recuperación económica ya no sería posible este año, anticipando por lo tanto la probable necesidad, no solo de una nueva prórroga de las moratorias en general, sino también de apoyos específicos destinados a las empresas y a los sectores más fragilizados.
La banca portuguesa pura
En todo o caso, según el Banco de Portugal (BdP), las ocho mayores entidades financieras del país concentran casi todo el peso del crédito en moratoria. La estatal Caixa Geral dos Depósitos (CGD), que representa una tercera parte del sector y cuyos resultados sufrieron el último año una caída del 37%, hasta 492 millones, es la segunda entidad más afectada. A final de enero, sumaba 6.000 millones de euros, un 13,7% de los 43.500 millones de crédito concedido en Portugal. Y, para entonces, ya tenía casi una tercera parte de las moratorias en riesgo de iimpago.
Concretamente, aunque sitúe el 68,8% de sus moratorias de crédito en el “stage 1”, aun sin claros indicios demorosidad, el banco público luso deberá prestar una atención especial a todas las demás: un 23,7% son consideradas “stage 2”, o sea aquellas que exigen una “extrema vigilancia”, y el 7,3% restante integran el grupo de alto riesgo “stage 3”. En resumidas cuentas, el líder luso, que absorbió un 30% de los 23.800 millones inyectados durante la última década por el Estado en el sector, tiene el 31,2% de sus moratorias bajo claro riesgo de incumplimiento de pago.
Elevada morosidad
Al término del tercero trimestre 2020, Portugal ya tenía más de 750.000 operaciones de crédito en mora, por unos 46.000 millones de euros. Un 71 % del total correspondían a créditos a la vivienda y al consumo, o sea a la clientela particular, frente un 29% de créditos a las empresas. Para entonces, el BdP, ahora bajo el mando de Mario Centeno, que había estado antes al frente de las Finanzas y del Banco Central Europeo, ya lanzaba gritos de alarma ante el riesgo de un incremento brutal de la ratio NPL (“no performing loans”) del sector.
Advertencias claras
Lo que hace ahora la banca es advertir que la situación actual no podrá mantenerse por mucho más tiempo. O sea, que los hogares y las empresas no tendrán más remedio que hacerse a la idea de la inevitabilidad del final de las moratorias oficiales. Para ello, reclama a las familias cambios drásticos en la gestión de sus presupuestos, recortando gastos que no sean de primera necesidad, utilizando menos el coche, etc., y recomienda también renegociar los servicios contratados, empezando por las telecos, las aseguradoras y las eléctricas.
Lo mismo pasa con las empresas, que deberán seguir luchando por mantenerse a flote, en un escenario económico y financiero muy complicado. De hecho, el ministro de la Economía Siza Vieira prepara con Centeno, no solo una futura eventual nueva extensión del plazo de las moratorias crediticias (nadie cree posible que para setiembre la pandemia estará controlada), sino, además, la necesidad de mantener a flote aquellas empresas y sectores que están en una situación límite, prácticamente paralizadas, sin capitales proprios, y con el futuro en riesgo.
La salida que el gobierno de Antonio Costa tiene sobre la mesa, y que es reclamada a gritos por las asociaciones empresariales, pasa por la creación de nuevos instrumentos, como una “reestructuración” de los créditos, a través un esfuerzo público y privado, teniendo en vista la recapitalización de las empresas y de los sectores más afectados, empezando por el turismo y la restauración. Dicha “recapitalización” pasaría por medidas de “casi capital”: la emisión de deuda convertible en acciones, y a través la concesión de “prestamos/créditos participativos”.
Según la autoridad reguladora del mercado de valores CNMV, de lo que se trata ahora, ante la inevitabilidad del final de las moratorias crediticias, es evitar un incremento brutal, ya no solo de la tasa de morosidad del sector financiero, sino igualmente del ritmo de las insolvencias empresariales. Por su parte, las asociaciones de consumidores, como Deco, recomiendan que las familias negocien directamente con la banca la busca de soluciones, para evitar encontrarse a partir de setiembre en situaciones de incumplimiento de pago del crédito.
Cola en soluciones sanitarias
Así, con la pandemia campando a sus anchas, sin que nadie pueda prever a ciencia cierta para cuándo estará controlada (Portugal está a la cola en Europa en relación con los testes y la vacunación), las moratorias portuguesas serían las más “generosas” en Europa. Eso dice la asociación patronal bancaria APB: pese a representar casi el 25% el volumen total de créditos, la “generosidad” del sector en relación con las moratorias, empezando por Santander Totta y CaixaBank/BPI, estaría unas cuatro veces por encima de la media de la banca europea.
Sin embargo, dicha “generosidad” tiene límites. Al contrario de las moratorias públicas cuyos plazos expiran a finales de setiembre, aquellas facilitadas voluntariamente por la banca ya no son tan “generosas”: ante el silencio abrumador del gobierno socialista, las relacionadas con créditos al consumo han caducado entre setiembre y diciembre 2020, y las hipotecarias expirarán el 31 de marzo. Lo que hará la banca será negociar soluciones de pago individuales, o sea a la medida de cada cliente, como la posibilidad consolidación de varios créditos.
Con datos parciales, se calcula que la banca concedió el último año unas 800.000 moratorias voluntarias (aplazamientos del pago de hipotecas y créditos al consumo por un año y seis meses respectivamente), que sumaban unos 30.000 millones de euros. El rechazo a extender dichos plazos tiene que ver con proyecciones negativas: Fitch advierte que, si 2020 ya fue muy malo, el 2021 lo será probablemente mucho peor Pero también considera que la banca tiene ahora una mayor capacidad de resiliencia que la tenía en la última crisis financiera mundial.