La totalidad de la banca española ha defendido su papel de colaborador para la superación de la actual crisis derivada de la pandemia, con una contribución muy activa tanto en la canalización de las líneas ICO a empresas y autónomos, así como en las moratorias legales y sectoriales concedidas a particulares tanto en hipotecas como en créditos al consumo.
Todo este esfuerzo del sector bancario, también del asegurador, parece resultar baldío a tenor de cómo desde el Gobierno de Pedro Sánchez se vuelve a criminalizar a los bancos de algunos asuntos espinosos, muy en línea con la crítica constante y corrosiva de los socios de Unidas Podemos contra los "malvados banqueros".
El ejemplo más reciente es el de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que sobre la situación de concurso de acreedores de Abengoa, una compañía con problemas anteriores al coronavirus, ha cargado contra los bancos acreedores y la Junta de Andalucía, en manos del Partido Popular.
Según Montero, "el gobierno ha apoyado en todo momento" a dicha compañía para "preservar los puestos de trabajo", mientras que otros (bancos y el gobierno regional andaluz) han condenado a la situación extrema en la que se encuentra esta sociedad.
El Gobierno también mantiene otro frente abierto con el sector bancario derivado de cómo se establecerá el sistema de quitas a los créditos ICO, ya que la banca teme que esta solución gubernativa suponga un mayor impacto en su morosidad y en los resultados de lo que ya se había calculado por cada entidad ante posibles impagos.
¿Esfuerzo inútil?
El sector bancario, sobre todo desde algunas patronales como la Asociación Española de Banca (AEB), ha defendido que la reputación de los bancos se ha recuperado tras la anterior crisis financiera, en las que las entidades sí estuvieron en el ojo del huracán por su financiación a un sector inmobiliario que acabó con una enorme burbuja.
En la actual crisis, derivada de la situación sanitaria, la mayoría de los bancos se han volcado en ofrecer todo tipo de soluciones, tanto legales como sectoriales, para que la financiación llegara tanto a las empresas con mayores problemas como a los particulares que tuvieran más dificultades para afrontar los créditos concedidos.
En concreto, y con datos al cierre del pasado mes de enero, la banca había recibido 260.000 solicitudes de moratorias hipotecarias, de las que ya se habían dado curso a unas 222.000 por un saldo vivo pendiente de amortización por 20.000 millones de euros.
Respecto a los créditos no hipotecarios, el número de solicitudes ascendía a 410.000, de las que ya se habían cursado unas 362.000, con un saldo pendiente de amortización en torno a los 2.700 millones.
En cuanto a las líneas ICO, con datos al cierre de 2020, los autónomos y empresas habían recibido más de 114.000 millones de euros de financiación, con cerca de un millón de operaciones aprobadas de las que se beneficiaron 591.500 empresas, el 99% de ellas pymes y autónomos según los datos del Ministerio de Economía. El aval ascendía a más de 87.000 millones de euros.