Los sondeos tras las elecciones catalanas están dando un apoyo psicológico muy importante a los negociadores para alcanzar el acuerdo.
El último de los sondeos realizado por el equipo demoscópico que trabaja para la formación que lidera Santiago Abascal, con fecha del pasado miércoles 17 de febrero, da como segunda fuerza política del arco parlamentario al partido político VOX con 87 escaños frente a los 85 que conseguiría el PP, cuatro menos que los que tiene en la actualidad, si se celebraran elecciones generales en este momento.
El PSOE perdería siete escaños para quedar en 113, mientras Unidas Podemos perdería 23, para dejar su representación en 12 diputados. También Ciudadanos sufriría un severo castigo quedando su representación en 2 diputados desde los 10 que tiene en la actualidad.
Los demás grupos parlamentarios y partidos políticos minoritarios también mejorarían pasando en conjunto de los 44 diputados actuales a 51. Los autores del sondeo encargado por VOX resumen estos datos asegurando que “la campaña electoral y los resultados de las elecciones regionales en Cataluña han transformado las expectativas de la derecha y el centro español. VOX sobrepasa por primera vez las preferencias de voto. Por el contrario, el PSOE no se beneficia a nivel nacional de la victoria del PSC. Ciudadanos se encamina a la irrelevancia”.
Al margen de que diversas fuentes, tanto del PP como del PSOE, insisten en asegurar que los acuerdos estaban muy avanzados antes de las elecciones catalanas y de que se conociera por supuesto este último sondeo. Otras fuentes, aseguran que esta prospección parece haber forzado a los negociadores del Gobierno y del PP a llegar a un acuerdo para consensuar los nombres de quienes van a formar parte del Consejo de Radio Televisión Española, del Consejo General del Poder Judicial y por lo tanto el nombre del presidente, o presidenta del Tribunal Supremo.
Acuerdo amplio
En el acuerdo se incluye el nombre del Defensor del Pueblo, cargo para el que existe consenso total con el nombre de Ángel Gabilondo. También está incluida en las negociaciones la renovación a más largo plazo de miembros del Tribunal Constitucional, en el que los populares quieren situar a Enrique Arnaldo y Carlos Lemes.
Desde el Gobierno y el PP admiten que vienen negociando desde hace mucho tiempo el reparto de los representantes de los órganos mencionados. Recuerdan que el primer gran intento de acuerdo, casi consumado, fue en noviembre del 2018. Pero la publicación de unos mensajes del entonces portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, publicados por El Español, en el que se vanagloriaba de las ventajas que para ellos suponía el acuerdo con el PSOE, echó por tierra lo pre acordado.
Cosidó decía sin tapujos que el acuerdo les permitiría controlar la importantísima Sala de lo Penal “desde atrás”. Un día después Marchena renunciaba a presidir el CGPJ y el Supremo, en un comunicado en el que aseguraba que jamás había concebido “el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”.
Luego ha habido varias ocasiones en las que se ha estado a punto de conseguir el acuerdo que finalmente no se ha conseguido por la negativa del PP a que formen parte del Supremo representes elegidos por Unidas Podemos. De los 20 representantes quiere que 10 sean del PSOE y 10 elegidos en nombre del propio PP.
Esta semana se sabrá finalmente si hay o no representantes de Unidas Podemos en el acuerdo para renovar el consejo del Poder General del Poder Judicial. La última parte de las negociaciones está comandada del lado del Gobierno por el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo. Por parte de los populares lidera los últimos retoques del posible acuerdo, Pablo Hispán, jefe de gabinete de Pablo Casado.
Pero antes han intervenido muchos. El marco general en el que se englobarían todos los acuerdos lo han pergeñado Félix Bolaños, secretario general de Presidencia del Gobierno y Teodoro García Egea, secretario general del PP.
En el ámbito más relacionado con la renovación del Supremo los principales interlocutores han sido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario de justicia de los populares y consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Enrique López.
Un papel no menor también para que se consiga un acuerdo en la renovación de los órganos mencionados, especialmente de los judiciales, lo ha jugado la Comisión Europea, que advirtió que seguiría muy de cerca el proyecto del Gobierno de reformar la ley que regula el nombramiento de los miembros del CGPJ para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria.
Y curiosamente, coincidiendo con las negociaciones en curso Gobierno-PP, esta misma semana la Comisión Europea y la Fundación Konrad Adenauer, en colaboración con la Agencia Europea de Derechos Fundamentales organizan una jornada sobre los Derechos Fundamentales en la Unión Europea.
Precisan en la convocatoria que los instrumentos y mecanismos de los que dispone la UE para que la aplicación del artículo 2 y de la Carta de Derechos Fundamentales no son retórica. Es una garantía para los españoles, que Europa se tome tan en serio todo lo relacionado con los Derechos Fundamentales de sus ciudadanos. Su advertencia fue un éxito, aunque la independencia de los nombramientos de los consejos y tribunales mencionados tenga todavía un largo camino por recorrer.