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El TJUE ha ad­mi­tido a trá­mite una se­gunda cues­tión pre­ju­di­cial sobre el ín­dice

IRPH: Algunos jueces ignoran al Supremo ante la Justicia europea

Los con­su­mi­dores an­sían que las sen­ten­cias se sus­pendan hasta el fallo del tri­bunal co­mu­ni­tario

Tribunal Supremo
Tribunal Supremo

Algunas vo­ces, no mu­chas, dentro de la ma­gis­tra­tura es­pañola cues­tionan el pro­ceder y las mo­ti­va­ciones del Tribunal Supremo (TS) res­pecto al IRPH. La úl­tima de ellas ha sido Carmen Robles Zamora, ti­tular del juz­gado de ins­truc­ción nú­mero 2 de Ibiza, que ha ele­vado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la se­gunda cues­tión pre­ju­di­cial sobre la su­puesta abu­si­vidad de este ín­dice hi­po­te­ca­rio. El or­ga­nismo co­mu­ni­tario ha de­ci­dido ad­mi­tirla a trá­mite, lo que añade más pre­sión a la pos­tura del TS.

En octubre, el Supremo resolvió cuatro pleitos sobre el IRPH de forma contraria a los intereses de los afectados, sentenciando que este índice no era intrínsecamente abusivo, pese a que frecuentemente había faltado transparencia en su comercialización.

Unas semanas después, el titular de un juzgado barcelonés expuso una cuestión prejudicial sobre el asunto ante el TJUE, que fue admitida a trámite. A esta interpelación se suma ahora la consulta de la jueza ibicenca.

Los jueces piden claridad

La magistrada motiva su consulta en la urgencia de clarificar la interpretación del caso, en aras de garantizar la seguridad jurídica. La visión de las diferentes instancias y órganos judiciales sobre el asunto está siendo claramente divergente, hecho que, en opinión de la jueza, puede causar un grave perjuicio a los afectados.

La cuestión prejudicial plantea al tribunal europeo un total de 16 preguntas sobre la interpretación de la directiva 93/12 CEE del Consejo, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores.

El texto cuestiona la publicación en el BOE del índice, que "salva todas las exigencias de transparencia" en materia de cálculo e información al usuario; así como la sustitución del extinto IRPH cajas por IRPH entidades, ambos "de idéntico y complejo método de cálculo".

En marzo, el TJUE determinó que la comercialización de este controversial índice hipotecario está sujeto a la citada directiva, que regula los controles de transparencia en los contratos celebrados con consumidores. Tres años antes, el Supremo había dicho que estos controles no eran aplicables al IRPH.

Las siglas de la discordia

El IRPH es un índice de referencia para los préstamos hipotecarios que fue comercializado masivamente durante los años de la burbuja, como alternativa al euribor. Para calcularlo, las entidades financieras enviaban al Banco de España (BDE) la media aritmética de los intereses de sus hipotecas. El supervisor hacía la media de las cifras de todas las entidades y publicaba el resultado.

La principal crítica a esta cláusula radica en su coste: los usuarios acaban pagando un sobrecoste de entre 250 y 300 euros, según los datos de las organizaciones de afectados, que defienden el carácter abusivo del indicador y el derecho de los usuarios a que el dinero que han pagado de más les sea reembolsado. De hecho, las asociaciones de consumidores exigen que los pleitos en torno al IRPH sean suspendidos cautelarmente hasta que el tribunal europeo clarifique las dudas expresadas por los magistrados españoles.

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