ACS y la ca­na­diense Dundee Energy han sido las cons­truc­toras del al­macén ga­sista

Sánchez, sin argumentos para no pagar a los acreedores de ACS por el fallido almacén del Castor

Bruselas res­palda la sen­tencia del Supremo que obliga al Estado a in­dem­nizar a sus fi­nan­cia­dores

Almacén de Castor, ACS
Plataforma del almacén Castor, ACS

Al Gobierno de Sánchez no le va a quedar otra que asumir el pago de los 1.350 mi­llones que costó el ya­ci­miento del gas Castor, pa­ra­li­zado en 2013. El Tribunal Supremo dic­ta­minó en oc­tubre que el Estado debía abonar esta cifra al Santander, CaixaBank y Bankia, las en­ti­dades que fi­nan­ciaron la pa­ra­li­za­ción del pro­yecto rea­li­zado por Escal UGS (filial de la cons­truc­tora ACS) y la ca­na­diense Dundee Energy. El co­mi­sario eu­ropeo de Justicia, Didier Reinders, apoya la sen­tencia del alto tri­bunal por lo que el so­te­rra­miento del Castor tendrá que ser su­fra­gado por las arcas pú­bli­cas.

La respuesta a una pregunta formulada por los eurodiputados de ERC, Jordi Solé y Diana Riba, reclamando que fueran las empresas que construyeron el proyecto de almacenamiento de gas quienes sufragasen el coste y no el Estado, salva de un gran apuro económico a ACS y al presidente Florentino Pérez. En cambio, pone en un brete al Ejecutivo si, como dijo en su momento el alto tribunal, debe indemnizar al Santander, Caixabank y Bankia no solo con los 1.350 millones de euros sino también el pago de intereses. De los 1.350 millones de euros, al Banco Santander le corresponde el 50,9%; un 34% CaixaBank y el 15% restante, Bankia.

Los eurodiputados de ERC ponen en cuestión que sea el Estado y, en última instancia los contribuyentes, quienes tengan que pagar las pérdidas de una inversión privada -aunque fue recomendada en su momento por el ex ministro socialista de Industria y Energía, José Montilla, y aprobada después por el Gobierno de Mariano Rajoy-, considerada perjudicial para el medio ambiente y los habitantes de la zona donde se construyó.

Reinders señala en su respuesta que, las normas de protección de los consumidores de la Unión Europea no excluyen, en un principio, la compensación de los inversores privados mediante fondos públicos. Insiste también en que la sentencia del Tribunal Supremo “no entra en conflicto con las normas del mercado interior de la Energía” y que “el pago de la compensación exigida por el Derecho nacional tampoco entra, en principio, en el ámbito de aplicaciones de las normas sobre ayudas estatales de la UE”.

Del polémico almacén de gas queda todavía por resolver el coste del proyecto, cifrado en 1.350 millones de euros, las empresas afectadas por la paralización del proyecto -en este caso la sociedad Escal UGS -participada por ACS-, y las entidades Banco Santander, Caixabank y Bankia-, que se hicieron cargo, en su día, del montante global de las deudas.

Comisiones de investigación

El controvertido almacén de gas, clausurado poco tiempo después de que empezasen las primeras inyecciones de gas importado, ha sido sometido a una comisión de investigación por parte del Parlamento de la Generalitat y sigue trayendo cola. Una comisión estuvo también propuesta y aprobada en uno de los plenos del Congreso de los Diputados en el mes de septiembre de 2018, sin que pudiera constituirse por la convocatoria de elecciones el 28 de abril de 2019.

Cuando José Montilla fue ministro de Industria, Turismo y Comercio durante los años 2004-2006, en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, recomendó la construcción del almacenamiento del Castor frente a la costa de Vinaròs (Castellón). Dicho emplazamiento se eligió, por tanto, durante el Gobierno de Zapatero para hacer frente a la fuerte demanda energética de gas natural y servir de almacenamiento ante posibles problemas de suministro de este tipo de combustible. La ejecución dependió más tarde del Gobierno de Mariano Rajoy por lo que, tanto el PSOE como el PP, son parte afectada en el conflicto.

Todo el gas natural que se consume en España debe ser importado de países con gobiernos inestables políticos, como es el caso de Argelia, de ahí que el Gobierno socialista fuera quien, primero, contempló la necesidad de contar con un almacén subterráneo de estas características. El PP retomó la idea y fue quien, posteriormente, lo puso en marcha. Este enclave comenzó a operar en 2012 pero debió ser paralizado en 2014, debido a una serie de seísmos que se produjeron en la zona.

Las obras arrancaron en 2008

Las obras del proyecto fueron adjudicadas en 2008 a la empresa Escal UGS, participada por la constructora ACS que preside Florentino Pérez. Su cierre ha costado 1.350 millones de euros, cantidad que todavía está pendiente de resolución.

En la comisión del Parlamento catalán, Montilla -consejero ahora de Enagás-, declaró abiertamente que el proyecto del Castor era absolutamente necesario por una concluyente razón: “Nuestra dependencia gasística era y es total”, dijo el exministro en la citada comisión. ¿El Castor era necesario? En aquel momento, sí”, dijo. El exministro de Industria recalcó también que, si bien recomendó su construcción, posteriormente no tuvo nada que ver ni en la adjudicación de las obras ni en la clausura del emplazamiento.

Fue el único ministro de Industria que declaró en la comisión del Parlamento catalán. El exministro del PP, José Manuel Soria, y la actual vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica se negaron a comparecer. Algo que al ex ministro Montilla no le agradó, pues consideraba que debían haber prestado declaración.

Además de la comisión del Parlamento catalán, el caso Castor ha sido objeto de debate tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. La plataforma ciudadana ‘Caso Castor’ acaba de proponer en la Cámara Baja a los diferentes grupos parlamentarios varias enmiendas para sea ACS quien asuma la indemnización del proyecto y no las arcas públicas.

Esta plataforma integrada por las organizaciones Xnet, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y el Instituto de Derechos Humanos, subraya que el propio Código Civil prevé la nulidad de una obligación y la restitución recíproca y que este principio general está también recogido en la regulación de la contratación pública. Concluye diciendo que “va en contra del ordenamiento jurídic

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