ANÁLISIS

La victoria soberanista en Cataluña pone en riesgo la recuperación económica

Los so­be­ra­nistas ganan con la menor par­ti­ci­pa­ción en la his­toria de unas elec­ciones au­to­nó­micas

Oriol Junqueras de ERC
Oriol Junqueras de ERC

Resultado muy des­alen­tador en las elec­ciones au­to­nó­micas ce­le­bradas este do­mingo en Cataluña para la es­ta­bi­lidad po­lí­tica en el Estado. Consideradas unas elec­ciones tras­cen­den­tales no solo para esta co­mu­ni­dad, sino para España y para las re­la­ciones con la Unión Europea, el desen­lace no ofrece nin­guna ga­rantía de que vaya a servir para re­solver nin­guno de los enormes pro­blemas ges­tados du­rante los úl­timos años en la so­ciedad ca­ta­lana, entre ellos el de la pér­dida de su peso eco­nó­mico.

Con una bajísima participación, casi uno de cada dos ciudadanos en edad de votar no lo ha hecho, y con 20 puntos porcentuales de participación por debajo de los comicios celebrados en el 2017, hay que reiterar que deja sin resolver ninguno de los principales frentes abiertos por los propios políticos nacionalistas catalanes en los últimos diez años, frentes a los que no supieron aportar una solución los líderes nacionales.

Resulta casi imposible imaginar cómo se podrá resolver los problemas de división y enfrentamiento entre ciudadanos, el constante desgobierno que se ha evidenciado durante la última legislatura y la correspondiente huida de empresas. Lo que hasta ahora ha sido en muchos casos sencillamente el abandono de la sede social del grupo empresarial podría conllevar la pérdida de empleos y riqueza si no se consigue resolver el problema de convivencia que hoy sufre la sociedad catalana.

De hecho, las consecuencias de esa tensión constante han sido desastrosas. Si a ello añadimos el problema generado por la pandemia, en el último año el resultado ha sido que el PIB catalán ha caído el 11,4 %, 4 décimas por encima de la media nacional y se han destruido 85.000 empleos.

Además, ha provocado la más profunda división imaginable de la sociedad catalana, como desgraciadamente se ha podido comprobar durante los días de campaña en los que tanto los candidatos del centro, pero en especial los de la derecha, han tenido una misión imposible al tratar de ejercer libremente su derecho de expresión para exponer sus programas de gobierno.

La intransigencia de algunos se ha trasladado también al intento de impedir que medios como Televisión Española pudieran desempeñar su función de información al destruir parte de sus equipos pocas horas antes de que comenzara la jornada electoral.

Parece claro que celebrar unas elecciones con la ratio de contagios de la pandemia Covid-19 que hay hoy en día en Cataluña ha sido un disparate y una parte relevante de la ciudadanía ha optado por no acudir a votar. Es decir, que casi la mitad de los catalanes que podían votar se han desentendido de lo que pasa en Cataluña. El dato no puede pasar inadvertido, porque el separatismo al sumar más del 50% de los votos, tratará de utilizar este hecho como argumento de fuerza para reclamar ya la independencia.

La bajísima participación le resta todo valor a esa tesis. La muestra no es representativa de la población catalana como para justificar el órdago, sobre todo si nos atenemos a la práctica internacional, como es el caso de Canadá. Aunque esto debemos dar por descartado que les dará igual. Tendremos esta superación del listón del 50 % del voto independentista para los próximos meses. O años.

Dados los enormes recursos procedentes de Bruselas que está previsto que lleguen hasta el año 2026, es un riesgo que se pueda perder otra legislatura debatiendo fundamentalmente las cuestiones independentistas. Si no se antepone el intento de resolver el problema de la crisis económica y social se puede perder otra legislatura y generar más paro y desencanto social.

Las principales organizaciones empresariales españolas, como la patronal CEOE y el Círculo de Empresarios les vienen pidiendo a los políticos catalanes reducir la asfixiante fiscalidad, reducir el tamaño de la deuda y de su sobredimensionada administración pública, además de tratar de unificar la normativa autonómica para conseguir la unidad de mercado.

No parece que vaya a resultar sencillo a partir de ahora. La fragmentación del arco parlamentario catalán y la alianza de los independentistas para eliminar de todo posible pacto de Gobierno en Cataluña al PSC, hace prácticamente imposible ese pacto de Estado que Cataluña necesita para salir de su impasse económico y hace muy difícil la resolución del problema político catalán.

No hay que olvidar además que estos resultados pueden hacer todavía más difícil el apoyo de los republicanos de ERC a la gobernanza nacional si aceleran su proyecto de convocar un nuevo referendo de autonomía.

El resultado de las elecciones, además de poner en riesgo la llegada de los fondos de Bruselas sitúa a Cataluña ante una difícil encrucijada económica que puede afectar al resto de España. Es obligación de todos tratar de resolver este cuello de botella. No será fácil conseguirlo. Como decía Ortega la cuestión catalana no tiene solución, pero no por ello hay que dejar de buscarla.

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