ANÁLISIS

La reforma laboral agranda la brecha interna tanto en el Gobierno como en la patronal

El de­creto, de gran com­ple­jidad téc­nica, su­pone un cambio sobre la re­forma del PP, aunque no la de­roga

Garamendi
A la caza de Garamendi.

Cada cosa que toca ge­nera po­lé­mica y di­vide a las fuerzas que la apo­yan.Tal es el caso de la pro­me­tida y ya eje­cu­tada re­forma la­bo­ral. De gran com­ple­jidad téc­nica, el con­te­nido del Real Decreto Ley que re­gu­lará el fu­turo de las re­la­ciones la­bo­rales en España -tras el acuerdo fir­mado entre Gobierno, Patronal y Sindicatos- es de un gran al­cance nor­ma­tivo, aunque no su­pone la de­ro­ga­ción total de la re­forma la­boral apro­bada el 10 de fe­brero del 2012 a pro­puesta del Partido Popular.

Como han alertado ya diversos grupos de expertos laboralistas, puede complicar todavía más la relación entre empresarios y trabajadores y está destinada a incrementar la actividad en los juzgados de lo social.

Puede decirse que el acuerdo, que tiene que ser ratificado primero como Decreto Ley, va a sufrir más de una modificación, alguna de ellas relevante, una vez que previsiblemente sea debatido como Ley en el Congreso de los Diputados. Para el proyecto en el que los grupos que apoyan al gobierno quieren dejar su impronta, el Gobierno no tiene todavía garantizada la mayoría necesaria. Hasta ahora la voz más discrepante ha sido la del portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ha asegurado que no apoyarán la reforma laboral si no plasma la prelación de los convenios vascos, es decir, que tengan prioridad los convenios vascos sobre los de ámbito nacional.

Hay logros muy importantes para los trabajadores y para los sindicatos que les defienden. Pese a que no se han derogado las reformas realizadas por los gobiernos Zapatero en el 2008 y de Rajoy en el 2010, se ha convertido en una importante reforma. En cualquier caso, va mucho más allá de quienes desde la izquierda o la derecha la consideran una mini reforma sin gran importancia en el ámbito laboral. De ser así no se explicaría que cuatro organizaciones tan importantes de la patronal CEOE como son Anfac, representantes del sector de automoción, la histórica Asaja, del sector agrario, más las patronales de Madrid (CEIM) y Cataluña, (Foment del Treball Nacional) hayan votado en contra de la misma.

La reforma refuerza el poder de los sindicatos en la negociación colectiva, aunque algunas decisiones puedan parecer paradójicas, como el caso de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, contra el criterio de los sindicatos. Pero el hecho de que el convenio de empresa no pueda fijar salarios más bajos que en el sectorial, ofrece una garantía muy importante a los representantes de los trabajadores.

Tampoco es una cuestión menor la recuperación de la ultra actividad mientras no se consiga firmar un nuevo convenio. Los sindicatos han denunciado durante este tiempo cientos de abusos por parte de las empresas que han forzado las negociaciones hasta lo infinito, una vez terminado el plazo de vigencia del convenio para tomar decisiones unilaterales al margen del acuerdo con los representantes de los trabajadores.

Muy importante también es el intento del acuerdo de acabar con los abusos de la contratación temporal con la restauración de la fórmula de considerar que el contrato de trabajo se presume firmado por tiempo indefinido, pasando así los contratos temporales a ser una excepción y regulados de forma muy estricta. Este puede ser un aspecto donde se introduzcan enmiendas relevantes pues hay sectores, como el agrícola, a los que resultará casi imposible contratar de forma indefinida para tareas muy vinculadas con producciones muy concretas de temporada.

Quizás también se introduzcan enmiendas respecto del aumento de la penalización prevista para quien comenta fraude en la contratación temporal. Como comentaba un responsable del sector agrario a Capitalmadrid.com, solo al pensar las cuantías establecidas ahora por una presunta contratación fraudulenta se quitan las ganas de pensar en seguir trabajando en el campo.

Tal y como exige el procedimiento aprobado para ratificar el acuerdo alcanzado entre Gobierno, Patronal y Sindicatos queda todavía un largo trabajo por delante. Pero lo alcanzado no es menor. El acuerdo, con las cesiones que han tenido que hacer todas las partes, supone un éxito para el Gobierno, pues muestra que es capaz de alcanzar acuerdo por consenso social.

Es también un logro para el proyecto político personal de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de cara a hacerse con el liderazgo del ala más izquierda del PSOE. Como lo es para sindicatos y patronal que dan un paso en su papel de entendimiento de cara a la modificación del sistema productivo español.

La globalización, e incluso los efectos de la pandemia en el ámbito laboral, han consolidado la necesidad de afrontar de forma consensuada los grandes cambios que está experimentando y debe seguir sufriendo el mercado de trabajo en España y en el mundo.

El acuerdo puede ser una muestra del camino que deben seguir los agentes sociales a partir de ahora para afrontar los enormes cambios que se nos vienen encima. Responde a la petición de los organismos internacionales de que se haga con el consenso de todas las partes, en especial de la Comisión Europea que exigía esta reforma con acuerdo para autorizar el nuevo desembolso de 12.000 millones de euros.

Puede servir para darnos una credibilidad y una confianza internacional que, si no habíamos perdido estaba en cuestión y nos resulta muy necesaria. No. No es un acuerdo menor, aunque divida más a los partidos políticos y a la propia patronal.

Artículos relacionados