Diciembre ten­dría que ser ne­ga­tivo y el coste medio del me­ga­vatio ronda los 250 euros

El clavo ardiendo al que se agarra Sánchez para justificar su promesa de bajar la luz

En 2018, la fac­tura media fue de 77 euros y en 2021 su­pera ya los 90 euros

Electricidad
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Pedro Sánchez y su mi­nistra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo tienen muy crudo para cum­plir su pro­mesa de que los con­su­mi­dores aca­barán el año 2021 pa­gando menos por el re­cibo de la luz que en 2018, el ejer­cicio más caro hasta ahora. El precio de la elec­tri­cidad ha al­can­zado ya los 360,02 euros el me­ga­vatio hora, con lo que su­pera los 340 euros del pa­sado día 20. El coste medio men­sual ronda los 250 eu­ros. La fac­tura eléc­trica ten­dría que ser ne­ga­tiva en di­ciembre para que se con­firme el com­pro­miso de Sánchez. Pero las cuentas no sa­len.

A la vista del precio récord de 360 euros que ha marcado el megavatio hora y de que las circunstancias para 2022 “no son particularmente halagüeñas”, en palabras de la ministra Ribera, el Ejecutivo ha acordado prorrogar hasta el 30 de abril el recorte de los impuestos incluidos en la factura de la luz que se aprobaron en septiembre pasado. Este paquete de rebajas fiscales contempla la bajada del 21% a 10% del IVA, la eliminación del impuesto del 7% a la generación y la rebaja del impuesto especial del 5,11% al 0,5%.

El Gobierno ha aprobado una rebaja adicional destinada a los consumidores industriales de gas, introduciendo medidas de flexibilización para que puedan cambiar su tarifa o suspender sus contratos. Otra de las medidas aprobadas se refiere a la ampliación del plazo para las autorizaciones administrativas para proyectos renovables que concluye el 24 de diciembre.

La disyuntiva de Sánchez ante lo imposible

Una difícil disyuntiva y una complicada tesitura. Sánchez y Ribera siguen aferrándose a algo imposible de cumplir, sin dar respuesta a los consumidores cómo se las van a arreglar para justificar tal despropósito a la vez que desventura. El Ejecutivo confiaba que en noviembre y diciembre la situación mejorase gracias a la reducción de impuestos que había aplicado. Que paralelamente Bruselas aprobase o permitiera a los países miembros alguna medida de contención, y que el precio del gas y los derechos de emisión de CO2 se ralentizasen.

Si bien lo de Bruselas y el comportamiento del mercado eléctrico ha ido en contra pues, tanto los precios del gas como los derechos de CO2 siguen desbocados, a Sánchez y a Ribera les ha sobrado optimismo en que la luz bajaría y faltado prudencia, igual que les está sucediendo con las previsiones macroeconómicas fijadas en los Presupuestos de 2022. Y es que, el precio medio de la luz de diciembre se sitúa ya en los 250 euros el megavatio hora, unos 50 euros más elevado que en octubre pasado, el mes más caro.

Diciembre tendría que ser negativo

Según los datos de Facua, el recibo medio en lo que va de año ha aumentado más de un 15% con respecto a 2018. Si hace tres años, la factura media estuvo en 77,18 euros, en 2021 supera ya los 90 euros. El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, afirma que, para que se cumpla la promesa que han hecho Sánchez y Ribera, el recibo de diciembre tendría que ser negativo. Es más, señala que cada consumidor debería recibir este mes 12 euros.

La ministra parta la Transición Ecológica sigue criticando, por su parte, a Bruselas por no aceptar la propuesta de actuar sobre los precios de la electricidad y modificar la fórmula del mercado mayorista. Ribera ha vuelto a pedir en la reunión de ministros de Medio Ambiente que la UE no sea un “testigo mudo en la crisis de los precios de la luz”, una vez que en la cumbre de líderes europeos se frustrara un texto en el que pedía examinar la opción de compras de gas en situaciones de emergencia.

“Es responsabilidad del conjunto de los gobiernos y de las instituciones europeas hacer un análisis sobre qué más se puede hacer. No podemos ser testigos mudos frente a esta situación que impacta en las familias, pero también en la industria y en la capacidad de recuperación”, ha señalado.

Cambiar el marco regulatorio

Ribera ha insistido en que es necesario avanzar en dos líneas concretas: plantear opciones políticas para reaccionar a situaciones excepcionales” y “abrir una reflexión de largo recorrido que permita cambios en el mercado regulatorio europeo de los mercados energéticos”.

En este mismo sentido, ha remarcado que los gobiernos pueden tomar medidas fiscales y económicas para ayudar a las familias más afectadas por la subida de precios, como la rebaja de impuestos, pero ha advertido que “las medidas regulatorias son competencia de la UE”. Y, por tanto, los gobiernos de los países no pueden intervenir en esta dirección.

El Ejecutivo de Sánchez ha actuado en cambio sobre los impuestos que carga el recibo de la luz. El 21% del IVA ha sido reducido del 21% al 10%; ha suprimido el impuesto del 7% que se cobra a la generación y ha rebajado el impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, mínimo legal. El Consejo de Ministros ha acordado ampliar hasta el 30 de abril estos recortes de impuestos.

Un récord de 360 euros megavatio hora

“Estas medidas se justifican a la vista de que las perspectivas del precio mayorista, que ha vuelto a marcar un récord de 360 euros megavatio hora, “no son particularmente halagüeñas”, ha afirmado Ribera en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Sin embargo, el Gobierno ya ha anunciado que el recorte aplicado sobre las cargas fijas del recibo de la luz será bastante menor en 2022 que en los últimos meses de 2021. El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a consulta pública una propuesta según la cual reduce la rebaja de los cargos del recibo del 96% al 30,9% para el próximo año. Unidas Podemos ha pedido precisamente a Ribera que mantenga además la rebaja de cargos de la luz para contener la factura.

Por su lado, la asociación Facua demanda al Ejecutivo que imponga durante al menos seis meses un descuento mínimo del 50% en la factura de la luz, sometida a la tarifa semirregulada PVPC de las familias, excluyendo solo a las renta más altas. En la propuesta que hace, plantea que una parte corra a cargo de las compañías energéticas de manera proporcional a sus cuotas de mercado.

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