LLamado a declarar en calidad de investigado (imputado, en la jerga jurídica anterior) por la Sala 6 de la Audiencia Nacional que dirige Manuel García Castellón, y por la Fiscalía Anticorrupción en una pieza separada del caso Villarejo, el ex periodista García Tobin hizo buena aquella expresión popular sobre el cazador, cazado. O dicho de otra manera, del comunicador comunicando. Pero no en el ejercicio de su profesión como experto, que se supone que es, sino del teléfono que no deja de comunicar... sin duda para evitar admitir incómodas verdades.
En su larga hora de respuestas al intenso interrogatorio de los fiscales Miguel Serrano y César De la Riva y del magistrado de apoyo Joaquín Gadea, Tobin terminó sacando de quicio a sus interrogadores, en una actitud muy próxima al desacato, y que provocó que uno de los fiscales la comparase con una evidente "tomadura de pelo", como terminaría de sugerir también el magistrado Gadea.
Tobin pudo acogerse a su derecho a no declarar para no inculparse, en su calidad de imputado, pero muy probablemente pretendió presumir de comunicador y terminó por no comunicar nada, al menos en favor de quienes, desde 2011, le ficharon procedente de la agencia Bloomberg y abonan su considerable salario, y probablemente, siguiendo la tradición en casi todos los involucrados en este caso en el BBVA, su previsible indemnización y acordada pensión.
En su deseo de ganarse el sueldo, probablemente, el actual jefe de Comunicación del BBVA terminó cometiendo varios errores o, al menos, complicando todo para sus intereses:
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No supo exonerar a sus dos jefes inmediatos, el ex presidente Francisco González y el actual presidente Carlos Torres, sobre los que no tuvo más remedio que afirmar que reportaba directamente a ellos y añadiendo que su margen de maniobra o era nulo o mínimo, ya que decía "lo que convenía al banco", admitiendo que no era necesariamente la verdad sino lo que le marcaban desde Seguridad o Asesoría Jurídica.
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No quiso informar, utilizando evasivas continuas, sobre quien creó, o bajo cuya autoridad se hizo, la carpeta Google Drive interna, que fue utilizada por los diferentes estamentos del banco, especialmente el área jurídica y de seguridad, para "investigar" y depurar responsabilidades internas en la contratación y pago de facturas a la empresa Cenit, propiedad del entonces comisario de Policía en activo José Villarejo.
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La creación de esta carpeta -habitual en la práctica de cualquier entidad bancaria- se antoja a los estamentos judiciales como un asunto clave para depurar previsibles responsabilidades penales (ocultar información o dificultar la labor de la Justicia) ya que la responsable de Seguridad del banco, Inés Ochagavía, cuando desveló su existencia en su declaración al Tribunal, sugirió que esta carpeta fue utilizada desde varios departamentos para probablemente esa función, al menos hasta que llegó el encargo formal por parte del banco para que la firma auditora PriceCoopersWaterhouse (PWC) y otros dos despachos lo hicieran bajo la técnica conocida como "forensic".
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Implícitamente, al no señalar a nadie, Tobin admitió que fue él quién lo hizo (crear la cuenta), aunque lo rodeó de una parsimonia irritante. Lo que vino a decir el ex periodista de Bloomberg (quizá nunca debió dejarse tentar por las altas finanzas), es que el banco funcionaba con una filosofía que parece de risa, desde fuera. "Se hacían las cosas así, porque había que hacerlas", vino a decir sobre la carpeta de Google Drive. Tan así, se puede decir, como contratar a un policía en activo, nada más que un comisario condecorado por varios Gobiernos, para espiar a empresarios, políticos y periodistas durante 14 años por más de 10,5 millones de euros.
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Lo que si parece claro de la declaración del dircom del BBVA es que no se enteró, hasta 2018, de la existencia de la red de espionaje montada por el BBVA a partir de 2004, bajo presidencia de Francisco González y con Javier Ayuso y José Gorrochano al frente de Comunicación y Seguridad, respectivamente. Pero ni eso fue capaz de dejarlo meridianamente claro el "comunicador que comunica". Es cierto que fiscales y magistrados no buscaban en esta ocasión ese objetivo sino, sobre todo, conocer el responsable de que el banco, bajo presidencia de FG y de Carlos Torres después, tardara tanto en colaborar con la Justicia y les informara del espionaje ilegal y la contratación de Villarejo, una vez que se publicara en la prensa en 2018. Al hacer de cortafuego, el comunicador se metió en un "fregao" innecesario.
Este lunes comienza una semana clave para la instrucción de la causa 97/2018 sobre FG, Carlos Torres y BBVA, ya que acuden a declarar el ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano, firmante como jefe de Medios de casi todas las facturas abonadas a Cenit (la firma utilizada por el ex policía actualmente en prisión preventiva) y José Corrochano, ex jefe de Seguridad, y que ha apuntado al propio Francisco González, Ángel Cano y al ex dircom del BBVA hasta 2008 Javier Ayuso -aparente testigo protegido en el caso y vinculado a instancias del CNI por algunos espiados perjudicados y hoy personados en la causa- a partir de este martes.
La Justicia va lenta pero va... como la nave de Fellini. O como las películas de miedo.