ANÁLISIS

Informe de PwC sobre el caso BBVA-Villarejo: ¿Y dónde está el autor intelectual?

El fo­rensic del BBVA en­tre­gado a la Audiencia Nacional es un in­sulto a la in­te­li­gencia de jue­ces, fis­cales y sobre todo víc­timas

Ángel Cano, ex CEO del BBVA.
Ángel Cano, ex CEO del BBVA.

¿Se puede mos­trar un ejer­cicio más evi­dente de ci­nismo in­te­lec­tual que el rea­li­zado con el in­forme fo­rensic de 102 pá­ginas en­tre­gado, el pa­sado vier­nes, por el BBVA a la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción sobre el en­cargo al ex co­mi­sario Villarejo para es­piar a po­lí­ti­cos, em­pre­sa­rios y pe­rio­distas desde 2004 a 2017, bajo la pre­si­dencia de Francisco González? Los lec­tores pueden ver el do­cu­mento com­pleto al final de este texto y de paso juz­gar­lo...

El informe, tercero que realiza la firma Price Waterhouse Coopers (PwC) por encargo del BBVA de Carlos Torres, a instancias de la Audiencia Nacional, contiene muchos datos sobre los contratos y facturas pagadas, sus firmantes y hasta los administrativos/as que las abonaron, pero no existe ni una sola mención sobre el contenido de los propios informes, su finalidad y, lo que es peor, quién los leía y quién los encargó.

En otras palabras, y aunque el informe denuncia y admite fallos importantes del BVVA en el control de los contratos y pagos, que tendrán su trascedencia jurídica sobre la responsabilidad penal y crematística del banco, el 'autor intelectual' -o autores- de los supuestos delitos incurridos no aparece por ningún lugar, ni se le espera. Tampoco menciona las personas que leyeron los polémicos informes entregados por Cenyt, la empresa del ex comisario Villarejo, ni los que dentro del BBVA los utilizaron durante 13 años en beneficio propio, o del banco.

Eso sí, el forensic admite y apunta responsabilidades hacia por lo menos once empleados del BBVA -algunos de ellos ya imputados en la causa por la Audiencia Nacional-, pero en su descargo solo sugiere faltas administrativas internas o que vulneran en todo caso el propio Código de Conducta del BBVA que, al más puro estilo de la legislación norteamericana sobre Buen Gobierno Corporativo, el ex presidente del BBVA, Francisco González, y el consejo de administración se "inventaron", como se enseña en las escuelas de negocios, a mediados de la década que va desde 2010 a 2020 (años después del primer contrato con Villarejo), para esquivar y/o evitar responsabilidades del consejo y de la alta dirección.

Cano, Corrochano y Béjar, el triángulo perverso

Los tres principales firmantes de las facturas y de los contratos, según el caso, son Ángel Cano, ex director general de Medios -y más tarde ascendido a CEO-, cuando se encargó el primer informe al ex comisario Villarejo; el propio director de seguridad, el ex policía Julio Corrochano (amigo personal de Villarejo), y Antonio Béjar, ex responsable de Riesgos del BBVA, y que actualmente colabora con la Audiencia y la Fiscalía.

Para los autores del forensic del BBVA está claro: Cano y Corrochano, amén de Béjar, como los otros ocho cargos mencionados (tres siguen en activo en el BBVA) deben explicar y pagar sus cuitas ante la Justicia, como responsables de una violación fragante de los Códigos de Conducta de la entidad. Una defensa legal previsible para el banco, al menos en el más puro estilo de la jurisprudencia estadounidense, para cercenar la responsabilidad al consejo, la de la alta dirección e incluso la del BBVA como entidad.

Béjar, como se dice más arriba, colabora con la Justicia desde el principio, argumentado más o menos que hacía lo que le mandaban, y Cano (pieza clave para explicar el origen de todo) ha solicitado al juez hace menos de tres semanas declarar después que se negara a hacerlo en 2019, amparándose en su derecho constitucional, argumentando que desconocía de que se le acusaba.

El tercero, Julio Corrochano, debe declarar de nuevo ante el Juez García Castellón después de enviar un escrito a la Fiscalía y la propia Audiencia en el que señala que recibió el encargo directamente del propio presidente del banco -en aquel momento Francisco González, ya imputado en la causa. El ex policía afirma, con rotundidad, que FG le instruyó para que sólo hablara de los informes obtenidos sobre más de medio centenar de políticos, empresarios y periodistas espiados, con Cano y Javier Ayuso, a la sazón jefe de prensa del BBVA hasta 2009. A su cese, Ayuso percibió una indemnización que según se ha publicado en las memorias del banco pudo estar entre 12 millones y 20 millones de euros. Cano a su vez percibió 55 millones de compensación cuando se fue del banco.

El caso FG-Villarejo es una superación de la realidad de las películas de serie negra, espías y sobre todo de las cinco novelas de la creadora británica Patricia Highsmith -recién recordada por la becaria experta en influencers-, donde su falsificador y asesino a sueldo preferido, Tom Ripley, encarga un asesinato a un labrador necesitado de dinero de la región del Veneto, donde el frío asesino se ha jubilado y pasa sus últimos días disfrutando del inmejorable Amarone de la zona

Es labor ahora de los fiscales y del magistrado encargado de la causa 97/2017, García Castellón, encontrar e identificar al "autor intelectual" que el forensic de PwC no encuentra, en el que sin duda es el mayor caso de corrupción política y económica, pública o privada, que se ha producido en este país desde el expolio de Banesto por el ex presidiario Mario Conde.

Informe Forensic

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