Los pe­queños y me­dianos em­pre­sa­rios des­con­fían de los planes de Sánchez para el re­parto

La España olvidada teme que no le llegue nada de los 140.000 millones de Bruselas

Las mo­di­fi­ca­ciones le­gales com­pro­me­tidas con la UE ponen en riesgo la es­ta­bi­lidad del Gobierno

Pedro Sánchez, en Bruselas.
Pedro Sánchez, en Bruselas.

El go­bierno de Pedro Sánchez no ha ex­pli­cado to­davía a los pe­queños y me­dianos em­pre­sa­rios (en su ma­yoría per­te­ne­cientes a la lla­mada España ol­vi­dada) cómo so­li­citar las ayudas de los 140.000 mi­llones que lle­garán de Bruselas hasta el 2026. Pese a que el eje­cu­tivo ha re­ci­bido 9.000 mi­llones de fi­nan­cia­ción eu­ro­pea, y está a la es­pera con­se­guir antes de fin de año otros 10.000 mi­llones de eu­ros, son mu­chos los em­pre­sa­rios que se quejan de la falta de un do­cu­mento mo­delo para aco­gerse a estas ayu­das, las más im­por­tantes que vaya a re­cibir España en su his­to­ria, según el propio Gobierno.

Si la semana pasada reiteraban sus quejas por esta situación los empresarios agrupados en la Asociación de Trabajadores autónomos (ATA), este pasado fin de semana se han sumado a la reivindicación de transparencia diversos representantes del sector agrario. El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Enrique Pascual, expresaba su temor en la inauguración de los ‘V encuentros mediáticos en la Ribera del Duero’ de que los recursos vayan a acabar en manos de las administraciones públicas y de unas cuantas grandes empresas con las que aseguran viene dialogando el Ejecutivo.

Para el sector agroalimentario, además de un agravio, supone una paradoja pensar que puedan quedar excluidos de las ayudas, pese a encontrarse de lleno en el ámbito para el que se han pensado las mismas. Más del 50 % de los nuevos fondos de la UE están pensadas para la lucha del cambio climático y la transición energética que les afecta de lleno en el futuro de su ámbito de negocio.

En los últimos 10 años, como consecuencia de los efectos del cambio climático la graduación de los vinos de la Ribera del Duero ha experimentado un aumento de hasta 2 grados, algo que puede poner en peligro la existencia de la propia denominación de origen en un período de 10 a 15 años si no se adoptan medidas, según ha advertido el director de la Escuela de Enología San Gabriel, José Enrique García Agüera. Por ello reivindican, desde provincias de la España vacía, una justa distribución de los fondos comunitarios.

A la crítica por el obscurantismo sobre cómo se van a distribuir los fondos y la escasez de los que van a llegar al campo se suma la portavoz de Agricultura del PP en el Congreso de los Diputados. Para Milagros Marcos es un disparate que se hayan rechazado la mayoría de las enmiendas que ha presentado su partido con el objetivo de enmendar los errores presupuestarios del Gobierno y buscando que los fondos NextGeneration UE no solo lleguen a las grandes empresas.

El PP ataca en el Congreso

El error de Sánchez, según Marcos, es que quiere diseñar el futuro de la España vaciada desde el centro de la Castellana, sin comprender la realidad del campo español. Marcos critica además que el Gobierno favorezca la creación de plataformas políticas en la España vaciada donde el PSOE está perdiendo el apoyo de los ciudadanos.

Desde el sector, se acusa al Gobierno de un grave fallo de transparencia en todo lo que afecta a la planificación y distribución prevista de los recursos. Además, se echa en falta que no haya actuado como lo han hecho los ejecutivos de Enmanuel Macron, Angela Merkel o Mario Draghi que han acudido a sus respectivos parlamentos para presentar para su aprobación los acuerdos alcanzados con la Comisión Europea.

Firma Montero

En España, María Jesús Montero, en su calidad de ministra de Finanzas, los firmó con el Comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, sin que el proyecto pasara por el Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez se vió obligado a instancias de la Comisión Europea a hacer público el acuerdo tras denunciar la existencia del mismo el líder del Partido Popular, Pablo Casado.

La exigencia del ejecutivo comunitario de que se hiciera público el acuerdo es muy comprensible cuando se conoce que lo firmado por el Gobierno de Pedro Sánchez, en nombre del Reino de España, incluye 110 proyectos concretos de inversión, con 102 reformas estructurales y que van a exigir que 60 modificaciones legales con el rango de Real Decreto.

Todo ello debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un momento de creciente fraccionamiento de las cámaras por la cada vez mayor distancia entre los posicionamiento ideológicos y económicos de los partidos que conforman el Gobierno de coalición.

Esta es una cuestión determinante de cara al futuro normativo español. Las reformas legislativas que deben ser enviadas a Bruselas afectan a la actual legislación tributaria, a las pensiones, a la reforma laboral, a la regulación energética, a la cadena alimentaria, a la educación, al futuro nuevo estatuto del trabajador, a la formación profesional, a la Seguridad Social y a la Ley concursal, y a un largo etcétera.

Como es evidente, lo firmado por la titular de Hacienda, que debe ser validado por los reales decreto referidos, no solo comprometen al actual Ejecutivo, sino a los futuros gobiernos en España.

Como consta en el acuerdo, el cumplimiento de las condiciones del mismo será examinado por los hombres de negro de Bruselas cada tres meses. El incumplimiento de los acuerdos podría suponer, dependiendo de su gravedad, la paralización de la entrega de los nuevos tramos de las ayudas.

No está España para perder un solo euro. El envite que tiene que afrontar el Gobierno de Pedro Sánchez no es menor. No hay que descartar la ruptura de la actual coalición gubernamental. Pero, pese a este riesgo real, el Ejecutivo no puede olvidar que los fondos están pensados para la remodelación del modelo productivo español y no se puede dejar a nadie al margen. Aunque se trate de colectivos de la España tradicionalmente olvidada.

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