Varapalo a Sánchez y Teresa Ribera en su plan para re­formar el sis­tema ener­gé­tico de la UE

Iberdrola y Naturgy reclaman que las medidas para bajar la luz sean transitorias y temporales

La mi­nistra ca­li­fica de “incongruentes” las pro­puestas plan­teadas por la Comisión Europea

Teresa Ribera, ministra de Transición Energética.
Teresa Ribera, ministra de Transición Energética y vicepresidenta.

Iberdrola y Naturgy han re­cla­mado al Gobierno de Pedro Sánchez que las me­didas ex­cep­cio­nales adop­tadas a pro­puesta de la vi­ce­pre­si­denta y mi­nistra de Transición Energética, Teresa Ribera, para fre­narla subida del precio de la elec­tri­cidad sean "transitorias y tem­po­ra­les" y duren hasta que se busque una so­lu­ción a largo plazo. Los pre­si­dentes de ambas com­pañías, Ignacio Galán y Francisco Reynés, como en su día lo hizo José Bogas (CEO de Endesa), hi­cieron pa­tente esa pe­ti­ción en el curso de la en­tre­vista que man­tu­vieron con Ribera justo el mismo día que la mi­nistra veía re­cha­zadas sus pro­puestas de re­forma por la Unión Europea.

La vicepresidenta tercera sufrió este miércoles un serio revés en Bruselas en su intento de llevar a cabo una reforma profunda del sistema energético comunitario que permita bajar de un plumazo las tarifas eléctricas. Ni la reforma del mercado mayorista, conocido como pool, ni las compras conjuntas de gas por todos los países de la UE saldrán adelante a no ser que la cumbre de jefes de Estado, prevista para los próximos 21 y 22 de octubre, las apruebe. Ni Ribera ni Sánchez parecen dar una a derechas, y nunca mejor dicho.

La propia ministra ha calificado de “manifiestamente incongruentes” las propuestas planteadas por la Comisión Europea. Según ha expresado, dichas propuestas “no abordan la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos”.

Ribera, con Iberdrola y Naturgy

La ministra para la Transición Ecológica había concluido los encuentros con los máximos ejecutivos de las cuatro grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, además de Acciona, afectada también por el recorte de 2.600 millones al sector. Ribera ha reclamado al sector un mayor grado de implicación con la industria, solicitando que garanticen “precios estables” y “razonables”.

En la entrevista con Naturgy, el presidente Francisco Reynés, ha pedido a la ministra que las medidas recogidas en el Real Decreto 17/2021 tengan carácter transitorio y temporal y asegurar que su aplicación “sea solo de seis meses”. “De no ser así, esta incertidumbre hará imposible firmar ningún contrato o de PPA largo plazo”, señala la compañía.

Reynés ha planteado además que la minoración prevista en el Decreto no se aplique a las tarifas a precios fijo /PPAS para clientes industriales firmadas antes del 14 de septiembre, “porque esto impediría el desarrollo de las renovables y, por tanto, el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

La energética anunció a principios de septiembre un tipo de contrato denominado Iniciativa Compromiso que supone un precio fijo de 60 euros por MWH por dos años sin condiciones. La compañía mantiene estas condiciones a pesar de las medidas lanzadas con posterioridad por el Ejecutivo.

Naturgy ha valorado positivamente el encuentro con la ministra y el diálogo constante entre administraciones y actores económicos para abordar soluciones en sectores clave para España, como es el energético. En una nota, la compañía subraya que ha “reiterado a la ministra la importancia y el valor de compromiso de Naturgy con la sociedad”. En este sentido, se reafirma en su voluntad de mantener su apoyo a sus clientes con medidas dentro del margen de actuación de la energética”.

Reunión con Galán

A última hora del miércoles, Iberdrola hizo público un comunicado, después de la entrevista mantenida por su presidente Ignacio Galán con la ministra. Iberdrola sResalta que "entre los asuntos tratados se pueden destacar:

1.- Que la minoración prevista en el RDL 17/2021 por el precio del gas no afecte a aquellos clientes con contratos a precios fijos. Asimismo, se ha trasladado la necesidad de que la minoración de ingresos de CO2, contemplado en el Anteproyecto de Ley que se tramita en el Parlamento, sea modificada. 2.- Confirmar el horizonte temporal y carácter transitorio de las medidas de RDL 17/2021. 3.- Impulsar las medidas necesarias para asegurar el suministro de gas durante el próximo invierno".

Resistencia comunitaria

El informe de la Comisión descarta por ahora intervenir el mercado eléctrico como reclamaba el presidente Pedro Sánchez, y como su socio Unidas Podemos le pide insistentemente. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha urgido igualmente al Gobierno que intervenga en el precio de la luz para no dañar el tejido empresarial.

Álvarez ha denunciado que empresas del sector siderúrgico, la metalurgia y la hostelera están sufriendo “de manera dramática la subida de los precios de la electricidad”. “Hay que tomar medidas para que estas empresas puedan mantener la actividad y no tengan que recurrir a expedientes de regulación temporal de empleo. No tendría ningún sentido porque creo que el Gobierno tiene instrumentos para poder rebajar las tarifas de la energía eléctrica”, declarado.

Y Bruselas dijo nanay

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, había afirmado la pasada semana que se habían recogido las peticiones de los países que más han presionado para realizar una reforma a fondo del sistema energético que habría dado oxígeno al Ejecutivo de Sánchez. España, Francia y Grecia conformaban la terna de países más beligerantes junto con República Checa y Rumanía. En cambio, no se encontraban en este grupo Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suecia o Finlandia, partidarios, los cinco países, de medidas a corto plazo más sociales pero no decisiones tan drásticas como es la reforma a fondo del sistema eléctrico europeo vigente.

Lo que hace una semana parecía estar encauzado y que podía beneficiar a Sánchez y a Teresa Ribera, ha dado un giro de 180 grados. En palabras de la comisaria de Energía, Kadri Simson, Bruselas permite solamente movimientos dentro de la legislación actual, tales como abrir “ayudas de emergencia” a consumidores vulnerables o el pago de parte de las facturas de electricidad siempre que esté debidamente justificado. El documento contempla también que los Estados autoricen el aplazamiento del pago del recibo de la luz y permitir ayudas a empresas o sectores, en línea con las normas de competencia.

Los dos puntos más ambiciosos del paquete que proponían España y Francia básicamente han quedado aplazados. El primero, y muy importante para Sánchez y Ribera, era poder disponer de una caja de herramientas que permitieran coordinar respuestas a nivel nacional para responder de forma rápida a la subida de precios. Es lo que se conoce como “poder intervenir los precios y el mercado”.

En materia de gas, ambos países pedían reglas comunes sobre almacenamiento, crear grandes bolsas de gas, para que en caso de que se disparasen los precios poder hacer frente a esa situación. Demandaban además una mayor coordinación de las compras de esta materia prima para mejorar la capacidad de negociación, por ejemplo, con Rusia y con Argelia, los dos países más duros. Para evitar esa presión, piden a Bruselas ser más ambiciosos en el apoyo de las energías verdes como vía de rebajar la dependencia del gas.

Situación coyuntural

Pese a todos estos argumentos de España y Francia, la Comisión se basa en que la situación es coyuntural, debido esencialmente a los precios desorbitados del gas y que los precios de la electricidad se mantendrán altos a lo largo de todo el invierno y comenzarán a bajar en primavera, cuando se espera la situación se estabilice. Los precios de la electricidad han vuelto a subir y se espera alcancen los 215,63 euros MWh.

La propia ministra ha calificado de “manifiestamente incongruentes” las propuestas planteadas por la Comisión Europea. Según ha expresado, dichas propuestas “no abordan la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos”.

Ribera destaca que la tensión en el mercado de gas “puede mantenerse todavía algún tiempo y sería una pena que Europa no esté a la altura de las circunstancias, intentando corregir, cortar esa hemorragia que se produciría en el conjunto de la economía europea si no se reaccionara”.

El varapalo al Gobierno en Bruselas se ha producido justo cuando el Congreso votaba, sin cambios, el Real Decreto Ley del 14 de septiembre que incluye medidas de choque para rebajar los precios de la luz. La norma prevé un recorte de 2.600 millones de euros en los ingresos de las eléctricas al eliminar los denominados beneficios caídos del cielo de la energía hidráulica, la nuclear algunas centrales renovables.

Este hachazo al sector ha sido duramente atacado por parte de los inversores y las agencias de calificación porque genera mucha incertidumbre regulatoria en el sistema eléctrico español. Consejeros delegados de varias utilities europeas como Enel, Orsted, EDP, y Vattenfall, entre otras, han firmado una carta en la que critican la medida aplicada por el Ejecutivo español contra las eléctricas españolas. En la misiva, advierten de que, con decisiones de este tipo se corre el riesgo de socavar la confianza del mercado y hacer “descarrilar la transición verde”.

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