El Gobierno es­pañol re­clama me­didas de gracia tem­po­rales para ali­viar el pro­blema

Bruselas se resiste a modificar el sistema de fijación de precios para abaratar la luz

El Comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, pro­pone una es­tra­tegia a largo plazo y re­em­plazar com­bus­ti­bles por re­no­va­bles

Virginijus Sinkevicius, Comisión Europea.
Virginijus Sinkevicius, Comisión Europea.

Sería la se­gunda vez que Bruselas quita la razón a España en fe­chas re­cientes sobre sus con­sultas para re­bajar los pre­cios de la ta­rifa ener­gé­tica. La pri­mera fue cuando España planteó la po­si­bi­lidad de es­ta­blecer un tope a los pre­cios apli­cados por las em­presas y la Comisión la des­cartó por ir contra la norma co­mu­ni­ta­ria. La se­gunda ha sido en el Consejo de Medio Ambiente ce­le­brado el vier­nes. El co­mi­sario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, in­sistió en que la mo­di­fi­ca­ción del sis­tema de fi­ja­ción de pre­cios debe plan­tearse a largo plazo y no adoptar ahora me­didas a corto.

A la gravedad del problema de los precios, se añade ahora del temor del sector de que en algún momento del invierno España pueda sufrir una seria crisis por no contar con el gas suficiente para alimentar su industria o sus hogares.

En cuanto a la idea defendida por el Comisario de Medio Ambiente es clara, hay que reemplazar la dependencia de Europa de la necesidad de importar combustibles fósiles, por una apuesta decidida por las energías renovables de generación autónoma de los países comunitarios en línea con lo que defiende Alemania frente a España y Francia.

El responsable de Medio Ambiente de la Comisión no descarta, en cambio, que se puedan utilizar ayudas para paliar la gravedad de la situación de la escalada de precios que algunos analistas la comparan con la ocurrida en 1973 cuando se cuadruplicó el precio del petróleo en unos meses.

Según Sinkevicius, su propuesta no significa que no haya que pensar en ofrecer la posibilidad de conceder ayudas temporales ante las negativas consecuencias de las fluctuaciones de los combustibles, pero, según el Comisario, esta situación “no tiene que llevarnos a intervenciones ad hoc que puedan socavar la confianza en el mercado y crear incertidumbre en los inversores”.

Estas palabras han sido muy bien acogidas por el sector energético en España que las considera como un apoyo abierto a sus reivindicaciones ante el Gobierno de Pedro Sánchez para que las decisiones que se adopten no cambien la normativa legal vigente cuando ya se hayan realizado cuantiosas inversiones.

Interpretan que suponen un rechazo, al menos inicial y en parte de las medidas adoptadas en el real decreto aprobado el pasado 14 de septiembre por el Gobierno y que entró en vigor dos días después, que les supondrá un importante deterioro en los ingresos previstos, salvo que el Ejecutivo modifique las condiciones del mismo en las negociaciones que ha iniciado con las eléctricas.

Según el decreto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez espera recuperar 2.600 millones de euros de las empresas energéticas hasta el 31 de marzo del año que viene, fecha de vigencia de las medidas, por la devolución de “los beneficios extraordinarios sobrevenidos”, los conocidos como “beneficios caídos del cielo” por los altos precios del gas en el mercado mayorista.

Pero estas mismas fuentes del sector advierten de que esta posición del comisario europeo de Medioambiente tiene que concretarse en los próximos días de cara a la Cumbre Europea de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará los próximos días 21 y 22 en Bruselas.

Ya el próximo miércoles dará a conocer en rueda de prensa la comunicación de la Comisión Europea sobre los precios de la energía a cargo del vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, y de la comisaria de Energía, Kadri Simson.

Hasta ahora las manifestaciones de la Comisión han sido muy genéricas y no siempre en el mismo sentido. Inicialmente, se ha entendido que su presidenta, Ursula Von der Leyen, era receptiva ante una reforma como la propuesta por España y apoyada por Francia, República Checa, Rumanía y Grecia.

Escaso apoyo a iniciativa española

Se interpretaba que había apoyo comunitario a la iniciativa española tras asegurar Von der Leyen que “si los precios de la electricidad están altos, es porque los del gas están altos y tenemos que ver la posibilidad de desvincularla dentro del mercado, porque tenemos mucha energía barata como, por ejemplo, las renovables”. La presidenta no especificó más. Tampoco lo hizo el comisario de Asuntos Económicos, Paulo Gentiloni, quien el lunes reconocía que estaban preparando medidas.

En cambio, varios de sus vicepresidentes y comisarios han rebajado las expectativas generadas por la presidenta. Este ha sido el caso del mencionado responsable de Medio Ambiente.

Junto a estos últimos se alinea Alemania que vuelve a liderar al grupo de países contrarios a modificar el actual sistema de precios que suponga en avanzar hacia una política energética común que le vaya a suponer más gastos a su presupuesto. Lo que se haga, si conlleva costes, que se realice a nivel nacional.

Así, el pasado viernes la ministra alemana de Medioambiente, Svenja Schulze, consideraba “muy positivo que a nivel nacional se adopten medidas para proteger a los consumidores", pero no ve la necesidad de un cambio de sistema por la vía de urgencia.

En Alemania los precios no se han elevado de forma tan drástica, debido a que en la composición de sus tarifas tienen un mayor peso las energías menos encarecidas. Su industria incluso es ahora más competitiva al contar con un mix con más carbón, más renovables y más nuclear que España o Francia.

Los países que esperan medidas urgentes confían en el anuncio que realice la Comisión el próximo miércoles en el que se conoce ´caja de herramientas´ para abaratar los precios.

Según adelantaba la semana pasada la comisaria de Energía, Kadri Simson, esta caja de herramientas o de medidas estará formada por medidas fiscales y pagos directos para quienes estén en riesgo de pobreza energética.

España ha presionado para que se saque el gas del sistema marginalista, de forma que fuera la segunda energía más cara la que fije, de forma temporal, el precio de la tarifa energética hasta que acabe esta escalada alcista del gas, que se prevé dure como mínimo hasta la primavera del año que viene. Otra alternativa también prevista por el Ejecutivo español es la de poner un tope en el precio máximo para el megavatio, porque además era algo que existía hasta mediados de año.

La Comisión no tiene todavía adoptada su propuesta final que deberá ser aprobada posteriormente por el consejo de ministros correspondiente. El Consejo Europeo debe alcanzar previamente un acuerdo político que desarrollen los ministros de Industria y Medio Ambiente. Todo está en el aire.

En el colegio de comisarios se produce una división similar a la del consejo de ministros. Pero saben que tienen que ser audaces. A Bruselas han llegado voces de alarma de varios países, entre otros el de España. A los problemas del precio, para el que se espera una respuesta audaz, se suma el del riesgo de una crisis de abastecimiento. Fuentes del sector advertían a Capitalmadrid.com de que no se debe descartar que España en algún momento del invierno pueda sufrir una crisis de abastecimiento y no contar con el gas suficiente para alimentar su industria o sus hogares.

Artículos relacionados