Pese a estos buenos datos, para el bolsillo de los residentes de esas instalaciones o sus familias, lo cierto es que en Euskadi también hay una parte negativa en relación al déficit actual que existe para cubrir la demanda del sector. Así pues, faltarían más de 6.000 nuevas plazas residenciales para, de esta manera, llegar a la ratio recomendada por organismos internacionales de 5 plazas por cada 100 personas que hayan ya cumplido los 65 años.
Unas 70.000 si nos fijamos en el conjunto de toda España. En el caso del País Vasco, esta realidad es compartida con otras comunidades en su misma tónica como son Andalucía, Comunidad de Valencia, Galicia, Cataluña, Comunidad de Madrid, Canarias y Región de Murcia.
Y es que el número de plazas residenciales, lamentablemente, no ha crecido al mismo ritmo que ha ido envejeciendo la población de nuestro país. Mientras hace una década los mayores de 65 años llegaban a los 8 millones en el censo de población nacional, el pasado 2020 ya eran más de 9 millones. Una década en la que la oferta de plazas en residencias de mayores solo se ha incrementado en algo más de 20.000 según se desprende de un estudio del IMSERSO. Un número bastante alejado como puede comprobarse.
¿Cuánto vale de media una residencia pública? ¿Y una privada? Una vez conocidos los datos anteriores, la inmediata pregunta que a uno le surge es el precio anual que tiene una plaza en estos equipamientos con financiación pública. Así, la media ronda los más de 20.000 euros a finales de año en el caso de las públicas, mientras que, en las concertadas, ese coste se reduce en algo más de 1.000 euros. Un desembolso que en el caso de los residentes de dichos espacios asistenciales deben cubrir en un 40% del mismo de media.
Por el contrario, las que son privadas cuentan con una horquilla de precios que, de media, se acerca a los 1.800 euros al mes. Cerca de 22.000 euros al año que en su totalidad debe ser abonado cada persona con sus ahorros, ayudas familiares, con la venta de su vivienda, accediendo a una hipoteca inversa o bien optando (en algunos casos) a ciertas ayudas a la dependencia. Jubilarse en Euskadi
El hecho de que en Euskadi haya el mayor número de plazas públicas en residencias de mayores contrasta con que en este territorio también se observen diferencias notables en cuanto a otras prestaciones públicas que reciben sus mayores de 65 años. Es el caso de la pensión de jubilación. Así pues, un jubilado vasco puede llegar a cobrar hasta 467 euros más que, por ejemplo, uno de Extremadura. Diferencias entre regiones que no se pueden impedir incluso con un sistema de pensiones como el nuestro que se basa en la solidaridad territorial.
Así, mientras la pensión media de jubilación en Álava, Vizcaya o Guipúzcoa es de más de 1.400 euros de media al mes (la más alta de todo el país), en el caso de los extremeños ese abono ni siquiera hace que sean ‘mileuristas’. De media cobran 963 euros en dicha comunidad autónoma.
¿A qué se debe esa brecha entre ambas comunidades? Las prestaciones por jubilación, pese a lo que pueda creerse en un principio, se gestionan a nivel nacional por organismos estatales; por lo que ahí no reside la respuesta a dicha pregunta. Tampoco se responde por otro lado ya que el sistema de pensiones español se basa en la solidaridad territorial por la que en todo el país se aplica la misma normativa y los mismos criterios de adjudicación.
Ahora bien, en territorios como Euskadi, los sueldos son más elevados por lo que una cotización más alta durante la vida laboral hace que la base reguladora sea mayor y, por tanto, esto hace que en un futuro cuando una persona deja de trabajar con la edad legal permitida pueda tener derecho a una pensión más alta. A esto se suma otro factor, las pensiones también se utilizaron como política de subsidios hacia las regiones que se desindustrializaban. Es el caso del País Vasco.