Tsta cantidad, de ser finalmente ejecutada dado lo contradictorio del laudo con otros dictámenes, corresponde a la participación del 41,6% en el consorcio Grupos Unidos por el Canal, que se encargó de construir el tercer juego de esclusas de la ampliación del Canal de Panamá.
La compañía asegura que su sólida situación financiera le permite atender con su propia caja el resultado negativo para sus intereses de esta decisión, sin comprometer ningún proyecto en curso ni alterar su ruta de crecimiento.
Este laudo, además, afecta tan solo al 8,8% del total de las reclamaciones que el consorcio ha interpuesto y el resto podrían ser favorables, como esperan. En cualquier caso, apunta Sacyr, la decisión de la Cámara no altera su rumbo estratégico, que seguirá incidiendo en la gestión eficiente de la caja, en la reducción de la deuda corporativa y en la generación de valor para el accionista.
Al respecto, la constructora presentará su nuevo plan estratégico 2021-2025 en los próximos meses centrado en los negocios concesionales, con una aportación en torno al 80% del Ebitda, y en impulsar la sostenibilidad de la compañía. Al tiempo, pese al golpe recibido, Sacyr ha reafirmado la intención del consorcio en el que participa de continuar defendiendo en las distintas instancias internacionales sus argumentos en relación con las reclamaciones justas a la Autoridad del Canal de Panamá.
De hecho, el laudo, sí ha reconocido el pago de 21,5 millones de euros por parte de la firma panameña al consorcio derivados de los gastos adicionales de laboratorio y por la existencia de fallas no detectadas en el terreno.
El mercado, en cualquier caso, no se fía del optimismo mostrado por Sacyr. Las acciones del grupo han sufrido un severo castigo tras conocerse la noticia de más del 20% rompiendo a la baja casi todos los suelos relevantes formados por el valor en la fase de rebote tras los intensos ajustes de marzo. De momento, parece haber aguantado sobre los 1,5 euros por acción, su última línea de resistencia para evitar caer hacia el euro por acción. Zona de mínimos, lo que obliga a los accionistas a ponerse el casco ante lo que pueda venir.