Intereses cru­zados y con­flic­tivos con­vierten la quiebra en un es­cán­dalo ma­yúsculo

El Banco de Portugal protege bajo secreto 17 páginas de la venta de activos de Novo Banco

La firma Garrigues par­ti­cipó como asesor fi­nan­ciero en al­gunas ope­ra­ciones pro­te­gidas

Novo Banco
Novo Banco

Del es­cán­dalo por la quiebra y venta del Banco Espirito Santo (BES) se ha pa­sado al de su con­ver­sión en Novo Banco y, en el pro­ceso de sa­nea­miento, al de la venta ace­le­rada de sus ac­tivos de­cla­rados tó­xi­cos. Si bien los au­di­tores ex­ternos han dado su visto bueno a la ges­tión de Novo Banco (NB), creado a partir de los ac­tivos ren­ta­bles del BES, la pro­tec­ción por el Banco de Portugal a 17 pá­ginas del do­cu­mento, cu­biertas bajo el manto del se­creto ban­ca­rio, ha ago­tado la pa­ciencia pú­blica en Portugal. Además, se ha des­cu­bierto que firmas es­pañolas par­ti­ci­paron en las ven­tas, entre ellas el des­pacho Garrigues, como asesor fi­nan­ciero.

Aunque la auditoría independiente confiada a Deloitte sea globalmente favorable a la gestión de Novo Banco (NB), en relación principalmente con las polémicas ventas de los activos tóxicos heredados en 2014, tras la resolución por quiebra del grupo GES, propietario del todo poderoso Banco Espirito Santo (BES) y su presidente Ricardo Salgado, imputado en la causa penal abierta, las informaciones más polémicas han quedado veladas para la opinión publica.

Es esencia se trata de lo que afecta a eventuales conflictos de interés detectados en la venta de activos, realizados con descuentos de escándalo que provocaron abultadas pérdidas y que, como ocurre casi siempre, serán cubiertas por el Fondo de Resolución (FR) con cargo a los 3.890 millones de euros adjudicados por el Estado para su saneamiento por los compradores, el fondo norteamericano Lone Star. Se protege así todo lo relacionado con la identidad de los “compradores finales” de dichos activos y que ha quedado silenciado por el recurrente secreto bancario.

Los deudores, perdonados

Lo mismo pasa con los grandes deudores de NB. Sin embargo, pese a que el Banco de Portugal (BdP) y el gobierno socialista de António Costa protegen la auditoria de Deloitte, sus páginas tachadas se ha convertido en secretos a voces. La prensa lusa ha sacado a la luz algunos nombres de gran calado, como los grupos Ongoing y Moniz Maya, a cuyos entramados de empresas el antiguo BES facilitó créditos por casi 900 millones de euros y que por alguna razón, no fueron todavía vendidos como activos tóxicos.

La excepción a la regla, por parte oficial, es la que está relacionada con los 225 millones que NB prestó al grupo empresarial del presidente de Benfica, Luis Filipe Vieira, que deberá responder ante la Justicia por delitos de corrupción activa y la “compra” de jueces estrella como Rui Rangel (implicado en la “Operación Lex”, cuyo principal inculpado es el ex primer ministro socialista José Sócrates ), y en cuyo “comité de honor”, formado con vista a su nueva candidatura el frente del club luso, figuraban el mismísimo António Costa y el alcalde de Lisboa Fernando Medina.

Intereses cruzados

La promiscuidad de intereses cruzados existente entre la clase política y el mundillo del futbol, también ha sido ilustrada por otros equipos como el Oporto, que tiene al alcalde de la ciudad Rui Moreira como uno de sus principales dirigentes. Pero esta ligereza no es ni reciente ni es específica a Portugal.

Sin embargo, en esta ocasión el escándalo ha sido mayúsculo. Costa y Medida insistían en aquello de que solo actuaban como adeptos del Benfica, pero ante el escándalo público y la actitud crítica del jefe del Estado Marcelo Rebelo de Sousa, Filipe Vieira tomó la iniciativa de expulsarlos de su comité de honor.

En la cresta de la ola

En todo o caso, NB sigue en la cresta de la ola mediática, y casi siempre por motivos sospechosos. Las últimas revelaciones, al respecto, están relacionadas con la venta de la filial gala BESV, que a final del 2018 fue vendida por un precio de saldo de 48 millones de euros, con un descuento del 68,2% sobre el valor contable de 151 millones.

El comprador fue Promontoria MMB, una empresa que está en manos de Cerberus Capital, controlado desde 2016 por Lone Star, que en octubre 2017 solo tuvo que poner 1.000 millones para hacerse con el 75% del capital y la gestión de NB.

El eventual conflicto de interés pasa también por Byron Haynes, que Lone Star puso como “chairman” de NB, con altas responsabilidades ejecutivas. Hasta entonces había actuado como CEO de una entidad financiera austriaca, Bagaw PSK, controlado por un fondo equity texano, a través de Cerberus. De hecho, Deloitte subraya en su auditoría que NB no hizo sus deberes para averiguar el riesgo e impedir eventuales conflictos de interés, que en el caso de la venta del BESV, fue denunciado hace poco ante la Autoridad Europea de Mercados y Títulos (ESMA).

Más ventas polémicas

Lo mismo pasó con otras ventas polémicas que quedaron fuera del ámbito de la auditoria de Deloitte, que solo alcanzó las operaciones del BES y del NB realizadas entre 2014 y 2018. La operación más llamativa, sin duda, firmada en agosto 2019, fue el llamado “proyecto Sartorios”. Se trata de la venta de1.228 activos inmobiliarios, que tenían un valor en libros de 488 millones de euros, pero que fueron adquiridos por Cerberus, con un descuento del 67,9%. NB sostiene que la venta se hizo a precios de mercado, con el “ok” del BdP y del FR, pero ESMA investigará la operación.

Esta operación tuvo participación española, con Garrigues como asesor financiero. Lo mismo paso con otras ventas polémicas. Los proyectos “Albatros” (venta de créditos y otros activos españoles), “Viriato” (una cartera de 8.000 inmuebles vendida a Anchorage) y “Cannas” (venta de crédito moroso español), que tuvieron la asesoría de Alantra. Solo se conoce el impacto negativo de las dos primeras operaciones (34 y 159 millones, respectivamente). NB descartó utilizar Alantra Portugal, porque tiene al mando una antigua asesora de Ricardo Salgado.

En todo o caso, lo mínimo que podría decirse de la auditoria de Deloitte, que no hace mucho también actuó como asesora financiera de operaciones realizadas por el antiguo BES, pero en relación a las cuales tuvo el cuidado de evitar la mínima sospecha de eventuales conflictos de interés por su parte, es que el resultado final no respondió a las expectativas. Sobre todo, y en relación a la identidad de los compradores finales de los activos vendidos por NB a precio de saldo y que no figuran, por ninguna parte, en las 371 paginas de la auditoria.

Banco de Portugal, silencio sospechoso

Al margen del sello del secreto bancario decretado por el BdP, que ocultó el contenido de 17 páginas (probablemente la parte más polémica y esencial de la auditoria), Deloitte subraya no obstante, que no recibió ni tuvo acceso a información importante relacionada con operaciones polémicas realizadas tanto por el antiguo BES como por NB. La firma auditora, como ya le ha ocurrido a una competidora en España en el caso BBVA-Villarejo, encontró “grandes fragilidades” en la elaboración y el estudio de los procesos de concesión de crédito; y que los servicios de análisis de riesgo no hicieran bien su labor.

También subraya la extrema complexidad y obscuridad de algunos de los fondos de inversión que se hicieran con los activos tóxicos del NB, que pasaran, así, a manos de inversores finales desconocidos y a través un complicado entramado de sociedades situadas en diversos paraísos fiscales. NB sostiene no obstante que las ventas se hicieran a precios del mercado y con el “ok” tanto del BdP y del FR. Además, respecto a los compradores finales, recalca que su identidad solo es exigible, por ley, cuando sus participaciones en los fondos inversores superan el 25%.

Lo cierto es que la frustración que cunde tanto en la opinión pública, como en la clase política es enorme, sobre todo teniendo en cuenta que según las reglas dictadas en 2017, cuando Lone Star solo tuvo que poner 1.000 millones para hacerse con 75% del capital y el control total del NB, mientras que el FR quedó con los restantes 25%, pero sin voz ni voto en la gestión de la entidad, y sobre todo asumiendo el compromiso de tener que cubrir las pérdidas del banco hasta un total de 3.890 millones, de los cuales solo queda ya una reserva de 890 millones.

El problema tiene dos vertientes: es el sector bancario en su conjunto (de hecho, la estatal CGD, el BCP, SantanderTotta/Banco Popular , CaixaBank/BPI, Montepio Geral, Crédito Agrícola y el pequeño BIC) que deberán poner los mencionados 3.890 millones de capital contingente previstos tras la resolución del BES y la creación del NB, pero en ultima analice, cabe pensar que todo el dinero saldrá de las arcas públicas, teniendo en conta que el FR tiene el estatuto de entidad pública, dependiente del BdP.

Le problema que se plantea, es que los recursos del FR son a todas luces insuficientes para hacerse cargo de las pérdidas de NB: la aportación anual del sector bancario no supera los 250 millones, con que el Estado tuvo que avanzar 2.100 de los 3.000 millones inyectados en NB desde 2017, y para cuya devolución al Estado la banca tendrá de plazo hasta 2046. BCP es el que más protesta, y solo renunció acudir a los Tribunales porque con ello pondría en riesgo el tanto el proceso de la venta de NB a Lone Star, como la estabilidad del sistema financiero.

Lo que se plantea ahora, ante la enorme frustración provocada por la auditoria de Deloitte, es la creación de una comisión de investigación oficial, a cargo del Parlamento y del Tribunal de Cuentas. Eso es lo que reclama la izquierda (BE, PCP) y la derecha (PSD), y también el Partido Socialista, que no gana para sustos y al que ya se vaticina un futuro incierto, sobre todo tras el escándalo provocado por su líder António Costa, al proclamar a los cuatro vientos el “honor” de un dirigente clubista presuntamente con mala imagen y quizás con las manos bien sucias.

Artículos relacionados