La instrucción del caso Popular se aplaza tras pedir el juez una valoración de activos

Luis de Guindos de­cla­rará el pró­ximo día 30 por vi­deo­con­fe­rencia tras ha­cerlo Albella

Emilio Saracho, ex presidente del Popular.
Emilio Saracho, ex presidente del Popular.

Con la de­cla­ra­ción del pre­si­dente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha re­to­mado el pro­ceso de ins­truc­ción del de­no­mi­nado caso Popular - que trata de de­li­mitar res­pon­sa­bi­li­dades en la si­tua­ción con­table que dio origen a su re­so­lu­ción- con las de­cla­ra­ciones tes­ti­fi­cales que que­daron pen­dientes en pri­ma­vera como con­se­cuencia de la pan­demia de la Covid-19.

La próxima declaración será la del exministro de Economía en el momento de la intervención, Luis de Guindos, en la actualidad vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE).

Fuentes conocedoras del proceso, que alaban la buena conducción técnica de la fase de instrucción a diferencia de lo que ocurrió en el caso Bankia, advierten de un nuevo retraso en la instrucción que comenzó hace tres años, en octubre del 2017, una vez que el juez titular del juzgado n º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, atendiendo a la petición de la Fiscalía, haya solicitado al Banco Santander que le presente un listado de los activos adjudicados, sus tasaciones y las empresas tasadoras.

El juez también reclama que se identifique al responsable del control de las tasaciones del Banco Popular en la fecha en la que se llevaron a cabo. Aunque no se especifica en el escrito del pasado 14 de septiembre, se da por hecho que la persona que realizó las tasaciones será citada también a declarar como testigo una vez que se ha convertido en uno de los principales puntos de controversia en los interrogatorios que se están llevando en la fase de instrucción.

Entre otras razones se considera clave, porque lo apunta el juez, quien ha pedido al Banco de España que le remita los criterios fijados en abril de 2013 sobre refinanciación, renovación, renegociación o reestructuración de créditos y deudas de sus clientes. El Banco de España lo que pretendía con estas directrices era que las entidades utilizaran las refinanciaciones de forma prudente y sin desvirtuar el reconocimiento del deterioro que suponen ante el riesgo de impago.

Fuentes presentes en las declaraciones consideran que una vez que se realicen las tasaciones de los activos adjudicados y su valoración por parte de los peritos que designe el Banco de España, se abrirá la puerta a posibles nuevas contradicciones entre los defensores y los detractores de la justificación de la intervención del Banco Popular, que ha dejado sin sus ahorros a 304.000 accionistas y ha dado lugar a agrias críticas a la actuación de la Junta Única de Resolución dependiente del Banco Central Europeo.

Hasta ahora las declaraciones de los testigos, según fuentes presentes en las mismas, solo han servido para dejar claro la totalmente enfrentada posición que mantuvieron los dos últimos presidentes de la entidad resuelta sobre la gravedad que atravesaba el banco desde años antes de la intervención.

Dada la obligación de decir verdad la próxima declaración considerada esencial para la resolución judicial del caso es la que hará el próximo día 30 el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, quien dos meses antes de la intervención decía que Banco Popular no tenía problemas ni de liquidez ni de solvencia, para añadir que la entidad sería lo que sus accionistas quisieran que fuera.

Tras su participación en el XXIV Encuentro del Sector Financiero, organizado por ABC, Deloitte y la Sociedad de Tasación, precisaba que cuando preguntaba al supervisor por la entidad que presidía Emilio Saracho la respuesta que recibía era que “es un banco solvente que no tiene ningún problema de liquidez”. Añadió incluso que el Gobierno y el Ministerio de Economía no tenían inspectores, “los tiene el supervisor y es el que analiza la situación de la entidad. Eso es lo que me dicen, ni problemas de solvencia ni de liquidez”. Habrá que esperar a ver cómo justifica su explicación de entonces.

Entre los abogados presentes en la instrucción, la sensación predominante es que todas las partes tratan de minimizar la responsabilidad que cada uno tuvo en la decisión. Ha sido el caso el pasado jueves de Sebastián Albella, presidente actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Albella ha tratado de reducir al máximo el papel de su participación en la ampliación de capital de 2016 de Banco Popular. Defendió que solo se limitó a aspectos técnicos y puntuales, siendo su socio en Linklaters Jorge Alegre, junto a un equipo, quien realizó el encargo de defender la conveniencia de la ampliación de capital.

Aunque lo aseguran así fuentes conocedoras de la declaración como testigo del que fuera socio-director de dicho despacho en la Audiencia Nacional, estas mismas fuentes interpretaban que esta explicación sobre su participación no concuerda con el hecho de que fue Albella quien habló en el consejo de administración del Banco Popular que decidió la ampliación, y no su socio Alegre. Además, esta es la versión que consta en las actas de dicho consejo y que figuran en la causa. Los testigos están obligados a decir la verdad.

Las fuentes consultadas recomiendan leer la comparecencia en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera y del Banco Popular en el Congreso de los Diputados. Para Albella el mensaje es que la crisis del Popular vino por un problema de liquidez, no de solvencia.

El proceso de instrucción en esta causa que consta de dos piezas separadas, la que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, centrada en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización, es muy probable que se vea retrasado además por la relevancia de las declaraciones todavía pendientes.

Más declaraciones

El 6 de octubre a partir de las 9.00 de la mañana, Calama ha citado a cinco testigos, los directores territoriales del Popular en el año 2016. Miguel Ángel Franco, encargado la zona norte; Manuel Quero, de la zona centro; Alfonso Ruspira, de la zona Cataluña/Baleares; José Baonza, de la zona de Levante y Luis Marín, de la zona de Andalucía. También comparecerá Fernando Merino, quien fuera responsable de la red del Banco Pastor en 2016.

El 8 de octubre a las 9.00 horas está previsto que testifique Ana Botín, y el 15 de ese mes ha citado al que fuera presidente de Banco Santander España Rodrigo Echenique. Si no hay nuevos contratiempos, quizás a final de año se podría cerrar la fase de instrucción para fijar la fecha de apertura de juicio oral para el segundo trimestre del año que viene.

Si sucediera como en el caso Bankia, como recuerdan fuentes jurídicas conocedoras del caso, cuyo proceso duró 10 meses, no es de esperar que antes del 2022 se produzca una primera sentencia cuyas consecuencias serán casi nulas para los 304.000 accionistas que perdieron sus ahorros.

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