Las tres libertades exigidas por los negociadores británicos en tiempos de Delors - circulación de mercancías, capitales y personas- no supusieron un avance de la economía británica a la del resto del continente. Todo lo contrario.
El Reino Unido recula para coger carrerilla y sortear las reglas de la competencia de Bruselas. Un código de buena conducta liberal que condena las ayudas de Estado a las empresas no rentables y cuestiona la presencia del sector público en el desarrollo de la actividad empresarial. Competencia limpia defendida por Margaret Thatcher y ahora cuestionada por Boris Johnson, el incoherente residente de Downing Street.
Naturalmente la primera gran industria que se creará en el Reino Unido será la de las aduanas. Alrededor de 50.000 británicos enrolados en éste cuerpo de fronteras para atender los trámites de mercancías que entren y salgan del Reino Unido.
El nuevo estado soberano decidirá su propio destino económico: aranceles y contingentes garantizarán la creación de un campeón tecnológico financiado con un billón (trillion anglosajón) de dólares o euros. Este nuevo titán tecnológico, como decía un editorial del Financial Times, permitirá al sr. Johnson una prosperidad libre de las ataduras comunitarias o de las servidumbres de los EEUU o China.
El Reino Unido de Johnson sueña con los éxitos del intervencionismo en la economía del mismo modo que Stalin apostó por la dirección del Partido Comunista de la URSS y la industria pesada para adelantar a las economías capitalistas. Incluso en nuestra rugosa y ensangrentada piel de toro, hace 80 años, los gobiernos del general Franco implantaron la autarquía como el camino más directo hacia la prosperidad.
El partido comunista y la industria pesada soviética se derrumbaron, al igual que el muro de Berlín, así como la autarquía corporativa se desvaneció con el Plan de Estabilización y la apertura de las fronteras en 1959-60.
Johnson y su asesor Cummings en un ejercicio de puro chantaje han decidido, con el apoyo de un primer voto favorable de los Comunes, corregir unilateralmente el acuerdo firmado por la UE y refrendado en el Parlamento británico.
Adiós al derecho internacional y al respeto de la ley, todo vale para satisfacer la impaciencia del premier británico incluso para modificar la frontera entre las dos Irlandas y entre Irlanda del norte y el resto del Reino Unido. Cualquier cosa sirve para liberarse de las reglas comunitarias, sobre el régimen de competencia, incluso incumpliendo la palabra dada.
Cinco ministros británicos, tres conservadores y dos laboristas plantean: “Is Britain a nation to be trusted?”