Entonces, Sánchez acababa de iniciar su primer mandato después de ganar la moción de censura contra el ex presidente Mariano Rajoy y era demasiado pronto como para abrir un frente con uno de los colectivos empresariales más potentes. La banca, las empresas automovilísticas y las telecos se echaron igualmente encima por los nuevos impuestos que el Ejecutivo quería aplicar.
Ahora, la situación es diferente, pues el Gobierno está en coalición con Unidas Podemos y el momento económico y la crisis generada por la pandemia pueden justificar la medida en algunos aspectos. “El Gobierno está en eso, algunas de las subidas de impuestos que se han anunciado son fundamentales en esa área medioambiental al tener un déficit frente a los países de su entorno”, ha señalado Escrivá.
Nueva arquitectura presupuestaria
La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado que quiere presentar a la Comisión Europea para mediados de octubre un borrador de Presupuestos para 2021. Al término de un encuentro informal de ministros de Economía y Finanzas de la UE en Berlín, Calviño aseguró que el Ministerio de Hacienda está preparando la “arquitectura básica de este proyecto de Presupuestos Generales del Estado”. Cuando se concluya este paso, se convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera y “se pondrá en marcha el proceso para la adopción de la senda de estabilidad presupuestaria”.
Escrivá no ha especificado qué clase de impuestos medioambientales se aplicará pero todo apunta a que los tipos impositivos de los combustibles pueden ser modificados en los futuros presupuestos. Escrivá ha comentado igualmente que se está trabajando en la eliminación de algunas bonificaciones fiscales, no de tipo general pero sí “específicas”, de forma que paguen más aquellas empresas o consumidores que se estén beneficiando de dichas bonificaciones.
Unos 60.000 millones en beneficios fiscales
Un informe encargado por el Ejecutivo a la Autoridad Fiscal de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIReF) subraya que los beneficios fiscales ascienden hasta 60.000 millones de euros, por lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su equipo están analizando aquellas ayudas fiscales que no están justificadas y que deberían ser eliminadas o, en segundo lugar, rebajadas en algunos aspectos.
Por otro lado, la nueva política de descarbonización marcada por la Unión Europea obliga a los países comunitarios a modificar, en unos casos, algunos modelos impositivos y, en otros, a aplicar nuevos impuestos. Por ese motivo las petroleras y eléctricas se han puesto en guardia.
El plan inicial del Gobierno era subir los impuestos al gasóleo un 28%, un 11% a las gasolinas y un 6% al gas natural, pero la propuesta se quedó en el cajón ante las duras críticas por parte de Repsol, Cepsa y BP y las propias compañías automovilísticas.
El presidente de la patronal AOP, Luis Aires, calificó en su momento de “chapuza” el hecho que se quiera aumentar un 28% inicialmente el precio del gasóleo. “No se pueden hacer chapuzas para lograr unos fines recaudatorios que va a permitir cumplir el objetivo de reducción de emisiones a 2030”, señaló en su momento.
Un sector recaudador de impuestos
Las petroleras consideran, por otro lado, que no se puede penalizar a un sector que genera el 2,5% del PIB, que recauda el 10% de los impuestos que se cobran en España y que el 50% del consumo energético que se produce provienen de los productos petrolíferos.
En el terreno medioambiental, insisten en que el problema no está ni en el gasóleo ni en las gasolinas sino en la antigüedad de los vehículos. La edad media del parque automovilístico español supera los 12 años y, según la patronal Anfac, cada año se venden en España unos 130.000 coches con más de 20 años. Las cifras señalan que circulan por las carreteras españolas más de siete millones de coches con 10 años de vida.
AOP pone toda su carga crítica en este punto, pues piensa que es uno de los problemas más graves y donde hay que ser más exigentes. “Deben gravarse todas las emisiones de CO2 pero hay que buscar una neutralidad fiscal. Si vamos a una tributación pura, el motor que más consuma debería pagar más “, reclamaba en su día Luis Aires.
La patronal petrolera considera que la fiscalidad medioambiental debe estar en línea con otros países de la Unión Europea y que cada tecnología pague en función del CO2 que genera. “La imposición indirecta que soportan las gasolinas y los gasóleos están por encima de 200 euros por tonelada de CO2 y de lo que se habla es de una horquilla que está entre los 35 y los 50 euros por tonelada”. Por eso, habrá que esperar a ver si la nueva política verde que prepara el Gobierno afecta a los combustibles y a la electricidad. Alguna modificación casi seguro que habrá.