CORRUPCIÓN

BBVA utiliza argumentos jurídicos sorprendentes para negar documentos al juez

La en­tidad tras­lada al juz­gado la res­pon­sa­bi­lidad de "buscar lo que sea per­ti­nente"

Francisco Gonzalez, ex presidente de honor del BBVA
Francisco Gonzalez, ex presidente de honor del BBVA

El BBVA ha re­cu­rrido la de­ci­sión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por la que re­cla­maba a la con­sul­tora PricewaterhouseCoopers (PwC) las más de 2.000 coin­ci­den­cias que ob­tu­vieron para su in­forme 'forensic' al cruzar el nombre del ex­pre­si­dente del banco Francisco González con la pa­labra clave 'Ausbanc'. La en­tidad uti­liza "extraños ar­gu­mentos ju­rí­di­cos", según ex­pertos con­sul­ta­dos, al afirmar con esta pro­vi­dencia del ma­gis­trado "se vul­nera el de­recho de de­fensa de BBVA". "Es como si im­pi­diera un re­gistro do­mi­ci­liario ar­gu­men­tando que se va a en­con­tear ma­te­rial in­cri­mi­na­to­rio", señalan los ex­per­tos.

El caso, según una fuente consultada, plantea problemas jurídicos "ilógicos" y contraviene el sentido jurídico común. "Nadue estña se puede negar a entregar documentación pertinente a la autoridad judicial bajo el argumento de que se le puede incriminar y perjudicar su defensa. Pues claro, la idea es esa, conocer los actos delictivos", señalan las fuentes.

Conviene repasar la sucesión de hechos. Según informa EuropaPress, la petición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 llegó el 29 de junio a solicitud del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, que está personado como perjudicado en la pieza 9 de la macrocausa 'Tándem', en la que se investigan los trabajos que realizó para el banco durante más de una década el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo. Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional celebra estos días el juicio contra Pineda, al que se le acusa de delitos de extorsión y organización criminal y para el que se piden más de 118 años de prisión.

El banco alega ante esta diligencia del juez que requerir a PwC que entregue grupos determinados de 'hits' --que surgen al cruzar determinadas palabras en la base de datos que contiene gran cantidad de documentos de la entidad como 'mails' o mensajes-- o que realice búsquedas específicas de archivos "vicia de nulidad de pleno derecho" ese requerimiento.

No obstante, el BBVA pone voluntariamente a disposición del juez instructor y del Ministerio Fiscal "el universo de 2,3 millones de hits" resultante del trabajo realizado por PwC para que busque lo que considere pertinente.

En su recurso, el banco recuerda al juez que la consultora es "un asistente técnico de la defensa letrada de BBVA" --que detenta Garrigues--, y que ha sido contratada por ella, por lo que "su actuación se enmarca en el ejercicio del derecho de defensa de BBVA". Por eso, insiste en que no puede "requerir bajo apercibimiento de delito de desobediencia" los documentos específicos solicitados.

El magistrado daba en su escrito siete días naturales --a contar desde el 29 de junio-- para que el testigo-perito y senior manager de forensic de PwC, Alberto García Martín, no sólo aportara esas más de 2.000 coincidencias, sino que también requería información relevante sobre Francisco González y más documentos relacionados con las palabras clave 'Operación Nelson' y 'Denuncia anónima'.

La entidad apunta además que no concuerda lo que solicitó en su día Pineda de viva voz con lo que el juez acuerda en la diligencia, por lo que entiende que es improcedente. "El requerimiento (...) difiere y excede de lo acordado por el instructor a petición del señor Pineda en la declaración de PwC", indica, para luego añadir que el personado como perjudicado sólo quería "la justificación de por qué se hallan 2.007 hits incluidos en el tag 'Ausbanc' en el custodio --persona sobre la que se indaga-- señor González y, entre ellos, algunos como 'Operación Nelson' y 'Denuncia anónima'.

LA PROVIDENCIA ES UN "ERROR" En este sentido, la defensa del banco recuerda también que Pineda pedía sólo en relación a las palabras clave 'Operación Nelson' y 'Denuncia anónima' la fecha de la primera vez que aparecían y en relación a qué persona. "Esas preguntas no implicaban, de ningún modo, que se exigiera al testigo-perito la entrega de ningún archivo", incide el BBVA.

Así, el banco interpreta que la providencia del juez es fruto de un "error" y considera claro que el magistrado "no ha otorgado trámite de alegaciones al Ministerio Fiscal y al resto de partes con carácter previo" al dictado de este requerimiento al suponer que lo solicitado por Pineda "se correspondía perfectamente con las preguntas que formuló en la declaración". "La realidad es que en su escrito el señor Pineda estaba solicitando algo muy diferente", añade.

Por este motivo, el banco carga contra Pineda señalando que ha aprovechado su escrito, "obviando la indicación" que le dio García-Castellón, para incluir peticiones nuevas no autorizadas por el juez instructor el día de la declaración, "y que exceden absolutamente de los términos en los que planteó en su interrogatorio" el propio presidente de Ausbanc.

Además, la entidad apunta a que "parece claro" que el presidente de la asociación de usuarios de banca solicita información ajena a la causa, y cita por ejemplo la solicitud realizada por Pineda para que PwC explique la inclusión en el forensic de la clave 'Javier López Pérez' --presidente de Credit Services--. Esta empresa es acusación particular en el juicio oral contra Ausbanc y Manos Limpias.

QUE BUSQUE EL JUEZ ENTRE EL UNIVERSO DE 2,3 MILLONES DE HITS A esto, el banco suma una explicación de cómo funciona el trabajo de PwC a la hora de realizar informes forensic y añade que el total de 3.503 documentos que solicita el juez (donde están incluidos esos 2.007 que hacen referencia a Francisco González) "se encuentran dentro del universo de 2,3 millones de hits" pero no han sido ni extraídos ni agrupados.

Como no están en carpetas separadas del resto de material listas para ser entregadas, el BBVA explica al juez que la consultora necesitaría llevar a cabo un proceso de análisis, procesado y extracción al que dedicaría "recursos y tiempo". Y entiende que si lo hace hoy para Pineda, "mañana se le podría requerir que lo hiciera para otra acusación o defensa" a capricho.

Por eso, desde el BBVA indican que de ninguna manera puede aceptarse esta dinámica e insisten en que ellos han ejecutado la investigación forense sobre la base de criterios adecuados, razonables y transparentes, "que han logrado un equilibrio adecuado entre exhaustividad y recursos invertidos (tiempo y dinero), y muy especialmente entre exhaustividad y velocidad".

"Si se considera por parte del Juzgado que el trabajo debe realizarse conforme a otros criterios, le corresponde a la Instrucción aplicar los criterios que considere pertinentes para buscar dentro del universo de los 2,3 millones de hits que voluntariamente y sin tener ninguna obligación de hacerlo hemos puesto a disposición del Instructor y del Ministerio Fiscal", subrayan.

SUSPENDER EL REQUERIMIENTO POR EL RECURSO INTERPUESTO Eso sí, a la par advierten de que dentro de esos 2,3 millones de documentos "existe información cuyo acceso, conocimiento, cesión o revelación vulnerará derechos" del banco y de terceros, "por lo que resulta indispensable adoptar las medidas de protección".

Tras esto, la defensa del banco indica, no sin reiterar antes que ofrecen su plena colaboración a la investigación judicial, que lo que procede es que si el Juzgado considera que es necesario emplear criterios de búsqueda distintos a los aplicados por ellos, "reciba el universo de los 2,3 millones de hits ofrecidos por esta parte, procediendo a su expurgo a fin de incorporar solo lo que sea relevante para la causa y salvaguardar los derechos potencialmente afectados".

Por otro lado, el banco indica que puesto que el juez daba siete días naturales para aportar esos documentos --plazo que expira este mismo martes 7 de julio-- solicita a García-Castellón "suspender la ejecución de dicho requerimiento" puesto que ahora existe un recurso sobre el mismo.

BBVA está imputado como persona jurídica por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios en la pieza 9 del 'caso Tándem' por los presuntos trabajos de espionaje pagados al comisario a lo largo de 13 años y por los que éste habría percibido más de diez millones de euros.

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