Monitor de Seguro

En España, las primas de esta mo­da­lidad re­pre­sentan solo el 2,4% del PIB

¿Cómo impulsar el desarrollo del seguro de Vida?

Las po­lí­ticas pú­blicas a su favor juegan un papel fun­da­mental en su evo­lu­ción

Sede de ICEA
Sede de ICEA

El se­guro de Vida pro­por­ciona a las per­sonas y sus pa­tri­mo­nios pro­tec­ción ante im­pre­vistos a través de co­ber­turas para casos de fa­lle­ci­miento, de pro­ductos des­ti­nados al ahorro o me­diante una com­bi­na­ción de ambas mo­da­li­da­des. Tiene un papel fun­da­mental en la eco­nomía y en la ac­ti­vidad fi­nan­ciera, ya que es uno de los prin­ci­pales in­ver­sores ins­ti­tu­cio­na­les. Según ICEA, a fi­nales de marzo el se­guro es­pañol ma­ne­jaba un vo­lumen de in­ver­siones de 304.880 mi­llones de eu­ros; y la car­tera de Vida re­pre­sen­taba un 55% de ese total frente al 12,6% de la de No Vida.

Se trata, por tanto, de un instrumento vital que conviene tener bien engrasado, para lo que, a su vez, es muy importante la actitud de los poderes públicos. Mapfre Economics ha abordado este tema en el estudio ‘Elementos para el desarrollo del seguro de Vida’, el cual, entre otras cosas, pretende identificar aquellas prácticas que puedan considerarse como un referente a la hora de diseñar las políticas públicas orientadas al estímulo del ahorro a través de este tipo de productos. El informe analiza una serie de países seleccionados, entre ellos, España.

Para situarnos unas primeras cifras. A finales de 2019, las aseguradoras españolas gestionaban 194.786 millones de euros en seguros de Vida, las primas ascendieron a 27.523 millones, representando alrededor del 2,4% del Producto Interior Bruto (PIB). Aquí ya encontramos un dato interesante. Según el estudio de Mapfre, la media en los mercados aseguradores desarrollados es del 4,3% del PIB. Además, el peso de las primas respecto a las primas totales (índice de profundización) es del 45% (con datos de 2018) frente al 55,7% de los mercados desarrollados.

No se trata de un hecho coyuntural. Estas diferencias en ambos indicadores se dan a lo largo de toda la serie histórica (2009-2018), por lo que “en el caso de España, se trata de un mercado que presenta un grado de desarrollo estructural notablemente inferior a la media de los desarrollados y, en el que, por lo tanto, el tipo de productos que se comercializa presenta un menor grado de sofisticación”.

Una de las cosas que está afectando especialmente al seguro de Vida es el prolongado contexto de bajos tipos de interés, consecuencia de la política monetaria ultralaxa del BCE con el fin de estabilizar las economías de los países periféricos de la zona euro desde la crisis de 2012. Este panorama impacta sobre todo en el negocio de Vida Ahorro, “al hacer cada vez más complejo el ofrecimiento de productos con garantías de tipos de interés atractivos para los tomadores de seguros”, explica Mapfre en su informe.

De todos estos datos se extrae una conclusión: al seguro de Vida español le queda camino por recorrer, pero no lo puede hacer solo. Como se mencionaba al inicio de este artículo el diseño e implementación de políticas públicas es clave. Y por ello Mapfre Economics expone una serie de elementos de política pública que pueden tomarse en consideración a la hora de diseñar estrategias para impulsar el ahorro en una economía.

Estos elementos de política pública los estructura en tres grupos. En el primero de ellos se encuentran las medidas asociadas a la definición de aspectos relativos a la regulación prudencial a la que se encuentra sujeta la actividad aseguradora. Entre ellas destaca la necesidad “de un marco regulatorio técnicamente apropiado, estable y lo más uniforme posible”.

El segundo grupo de medidas están vinculadas al papel de los seguros de Vida en el marco de los sistemas complementarios de pensiones. Y en este ámbito de nuevo desde el sector se pide el establecimiento de sistemas de previsión social complementarios para las pensiones del tipo cuasiobligatorio, y de nuevo aludiendo al ejemplo de Reino Unido, “donde las autoridades han establecido la obligación para las empresas de dar de alta a los empleados en un plan de pensiones colectivo de empresa (automatic enrolment), con contribuciones provenientes de la empresa, del trabajador e, indirectamente, del Estado a través del otorgamiento de beneficios fiscales, el cual se encuentra abierto a las entidades aseguradoras y se complementa con elementos adicionales que permiten elevar el nivel de competencia de este mercado, con el fin de garantizar la aplicación de precios competitivos en las comisiones de gestión”.

En este punto enlazamos con el tercer grupo de medidas, que son las que hacen referencia a los incentivos fiscales, “una práctica de política pública ampliamente difundida en los mercados analizados”, y que adoptan diversas formas. Ahí quedan el mensaje y las propuestas.

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