Las cons­truc­toras con­vierten la Comisión para la Reconstrucción en un de­bate reivin­di­ca­tivo

El Covid-19 destapa las deficiencias en infraestructuras de un país siempre al límite

ACS, Acciona, Ferrovial, FCC y Sacyr ven en la crisis una oca­sión para más obra pú­blica

Nuevos contratos en infraestructuras de agua para GS Inima en ...
Nuevos contratos en infraestructuras.

Patronal y cons­truc­toras quieren con­vertir la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el foro de de­bate de los grandes pro­blemas que tienen las grandes in­fra­es­truc­turas del país. Seopan, ACS, Acciona, Ferrovial, FCC y Sacyr ven en la ac­tual crisis eco­nó­mica una gran oca­sión para abrir el melón de las in­ver­siones en pro­yectos de grandes obras y que el Gobierno des­tine parte del di­nero que re­ci­birá de Bruselas a tales fi­nes.

Fomento prevé sacar adelante en otoño, o como muy tarde en diciembre, el anteproyecto de la ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. La normativa establecerá las nuevas bases de cara a las futuras inversiones en infraestructuras y el nuevo modelo viario del transporte para la próxima década.

“Ahora es el momento. Si no lo logramos, habremos dejado pasar una oportunidad única para sacar adelante un plan de infraestructuras que ayude a salir al país de la actual crisis y recuperar el tiempo perdido”, han declarado a Capitalmadrid fuentes del sector de la construcción. La coyuntura actual es idónea para que, tanto el Gobierno como el Ministerio de Fomento, intenten arrancar un compromiso en la Comisión de Reconstrucción sobre la financiación de las inversiones a nivel privado y lograr ayudas de Bruselas para estos fines.

Los partidos políticos que forman parte de los grupos de trabajo creados para la reactivación económica, los problemas de la sanidad y las políticas sociales están recibiendo los consejos de las empresas, entidades financieras, CEOE, sindicatos, y expertos para desarrollar proyectos y mecanismos de financiación.

Presiones de las constructoras

Proyectos medioambientales, hospitalarios, educación, energía, aguas, transporte y movilidad, son los principales ejes sobre los que se intentan concentrar todo el esquema de posibles proyectos a ejecutar. La patronal Seopan y las constructoras están ejerciendo una gran presión para que el Gobierno destine parte de la financiación que reciba de Bruselas a infraestructuras de todo tipo.

En un reciente informe que acaba de actualizar por el Covid-19, la patronal estima que se necesitarán invertir unos 157.000 millones de euros para reactivar la economía en los próximos 10 años. En este paquete de grandes proyectos, se han incluido unos 23.600 millones adicionales tras el Covid-19 para hacer frente a la falta de hospitales que el país necesita y ampliar la capacidad sanitaria. Tal y como ha quedado evidentemente demostrado, de ser un país que creíamos tener la mejora sanidad pública, hemos comprobado que es muy deficitaria y, en algunos aspectos, en absoluto preparada para afrontar una pandemia como la que nos asola.

En el apartado de salud y bienestar, el sector ha detectado que se necesitarán invertir del orden de 21.400 millones de euros en 53.303 camas hospitalarias en España para incrementar la capacidad asistencial del 14,6% al 21,7%. Otros 2.200 millones de euros deberían dedicarse a la mejora de vías convencionales para reducir las muertes y lesiones por accidente en carreteras de este tipo. La Asociación Española de la Carretera (AEC) estima que un 78% de los accidentes y lesiones se concentran en las vías concesionales.

Déficit y deuda pública

Seopan considera que, con la coyuntura económica y financiera actual, con un fuerte incremento del déficit y de la deuda pública en 2020 y 2021, difícilmente va a poder incrementarse la inversión pública en el país por parte del Estado.

Con los mimbres actuales de los que dispone el Gobierno, de escasos recursos y muchos diques de contención haciendo aguas por la crisis que ha generado la pandemia, el sector estima urgente regresar a un sistema concesional público-privado con plenas garantías de recuperación de la inversión, adaptadas las mismas a los nuevos tiempos. “El Estado no puede hacer frente por sí solo a las inversiones que se requieren pero tiene que establecer los cauces jurídicos y regulatorios que aseguren la rentabilidad de las inversiones”, señalan fuentes consultadas.

Seopan y las cinco grandes constructoras del país ven obligado regresar al sistema de concesiones en la contratación pública, en desuso desde 2012, según manifiesta su presidente, Julián Núñez. El Gobierno de Pedro Sánchez barajó en el breve tiempo que duró la anterior legislatura establecer un sistema de financiación de toda la red de carreteras que soporte la conservación de las mismas pero se quedó en simples intenciones.

Este viejo debate fue desechado por el Gobierno del anterior presidente Mariano Rajoy debido a la quiebra en la que entraron algunas autopistas en la crisis de 2008 y debieron ser rescatadas por el Estado. Ahora, vuelve a plantearse la necesidad de establecer un peaje simbólico en los 14.130 kilómetros de la red de autovías del país.

Según los cálculos de Seopan, con una media de 0,09 euros por kilómetro recorrido para los coches y 0,19 euros para los camiones el Estado recaudaría 4.827 millones de euros al año, que servirían para mantener el firme de las carreteras españolas. Es una de las propuestas que el ministro de Fomento, José Ábalos, quiere incluir en el anteproyecto de la futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.

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