ANÁLISIS

La Comisión Europea pospone la reactivación pese a las urgencias de España e Italia

No ha re­ci­bido to­davía el visto bueno para du­plicar el pre­su­puesto, tal como de­manda Ursula von der Leyen

Urgencias
Urgencias

El mayor pro­blema lo tiene Italia, pero la deuda es­pañola tam­bién está bajo mucha pre­sión. En las úl­timas ope­ra­ciones re­gis­tradas du­rante el fin de se­mana en el mer­cado se­cun­da­rio, la deuda ita­liana co­ti­zaba al 1,85 %, con 238 puntos bá­sicos de di­fe­rencia res­pecto del bono alemán a 10 años, que tenía una ren­ta­bi­lidad ne­ga­tiva del 0,53 %. La deuda es­pañola ha in­cre­men­tado su di­fe­ren­cial hasta los 142 puntos bá­si­cos.

Las presiones sobre esta, de momento, siguen siendo asumibles. Y aunque los apoyos del Eurogrupo no son suficientes de cara al futuro, si han dado un respiro.

En cambio, la Comisión Europea ha vuelto a posponer el anuncio de la cuantía del Marco Financiero 2021-2027, en el que se incluirá el grueso de las medidas de Bruselas para apoyar las políticas de relanzamiento donde se incluirá la mayoría de las transferencias que espera conseguir el ejecutivo de Pedro Sánchez de cara a alejar el fantasma de una intervención de la economía española.

Así, según el vicepresidente del Ejecutivo comunitario y hombre fuerte de Ursula Von der Leyen, la nueva propuesta se anunciará el 20 de mayo. Consciente de la presión a la que están sometiendo los mercados a algunos países del Sur, en concreto Italia y España, Frans Timmermans se comprometía a que no habría más retrasos. Pese a que se quiere incluir en este mismo paquete a Francia, la presión no es la misma.

En la última operación realizada en el mercado secundario durante el fin de semana, la deuda francesa a diez años ofrecía una rentabilidad negativa del 0,03 % y su diferencial con el bono alemán era de solo 50 puntos básicos. Pero conviene insistir: el bono francés a 10 años, en el mercado secundario, tiene también rentabilidad negativa.

Al fijar inapelablemente la fecha del 20 de mayo como el momento en el que la presidenta de la Comisión Europea presentará el proyecto de presupuestos para los próximos siete años, Timmermans trataba de responder a las presiones de sectores económicos, grupos parlamentarios y gobiernos que quieren que la Comisión haga mucho más.

Pero la intervención del vicepresidente de la Comisión no ha aclarado mucho más que la fecha de presentación del marco presupuestario. Es verdad que ha añadido que el objetivo prioritario de la transición medioambiental sigue adelante, algo que en un sector tan relevante para España, como es el agroalimentario, se entiende que van a sufrir recortes.

No parece que la confianza que han manifestado los ciudadanos europeos en su sistema agrario, pese a la pandemia del coronavirus, vaya a hacer cambiar su idea inicial a la Comisión de destinar el grueso del presupuesto a la transición ecológica. Los cálculos iniciales de los anteproyectos conocidos mostraban que España pasará a ser contribuyente neto a partir de ese momento, lo que nos deja con mayor indefensión en el momento actual.

España es el segundo país del mundo, no solo de la Unión Europea, que va a sufrir la mayor contracción de su PIB este año a consecuencia de la pandemia de Coronavirus, el primero es Italia. Y en la previsión coinciden tanto el Gobierno, como la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

A estas incertidumbres que sitúan a España como uno de los países más afectados por la crisis, se añade la crisis de confianza sobre las actuaciones del Banco Central Europeo que ha provocado la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que cuestiona la política seguido por el BCE.

Pese a que la presidenta del banco emisor europeo, Christine Lagarde, aseguraba en un acto organizado por la agencia ‘Bloomber’g que “somos independientes y continuaremos haciendo lo que sea necesario para cumplir nuestro mandato, sin inmutarnos" los mercados no pueden obviar la sentencia del Constitucional alemán.

También la presidenta de la Comisión reaccionó muy rápidamente, incluso advirtiendo que podrían abrir un expediente a Alemania. En respuesta a un europarlamentario del grupo de los verdes, Sven Giegold, precisó que “estamos examinando los posibles próximos pasos, incluidos los procedimientos de infracción”. Von der Leyen añadió que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea siempre tiene la última palabra sobre el derecho de la UE”.

Aún teniendo esto en cuenta, y admitiendo que la primacía del derecho comunitario es sagrada, quizás convendría hacer algún comentario al respecto. Lo primero es que la sentencia del Tribunal Constitucional alemán no es una sentencia contra el Banco Central Europeo, sobre el que no tiene jurisdicción.

Los jueces del TC, en respuesta a una denuncia, dictaminan que el Gobierno Federal alemán y el Parlamento alemán han tolerado prácticas controvertidas que han generado enormes riesgos para los contribuyentes alemanes. Era lo que decía la denuncia.

Además, la sentencia obliga al Ejecutivo y al parlamento alemán a determinar en los próximos tres meses los mecanismos legales oportunos que garanticen que las aportaciones de dinero de los contribuyentes alemanes a los fondos del BCE cumplen los requisitos de transparencia y justificación de gasto que las propias leyes europeas bajo las que ya se rige el BCE disponen.

Según los jueces del máximo órgano legislativo germano tanto el gobierno de Merkel, como el parlamento no han examinaron como debieron haber hecho las decisiones del BCE.

Y atención, lo que es más importante. La sentencia prohíbe al Bundesbank participar en la puesta en funcionamiento de los programas de compra de bonos del BCE por un período de transición de no más de tres meses, a menos que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo explique claramente la proporcionalidad de la actuación y lo justifique.

En el escrito el TC alemán certifica que el BCE no proporcionó las justificaciones necesarias para realizar determinadas acciones de compra de bonos nacionales y en ello basa su sentencia.

La sentencia no se produce en el mejor momento para que Alemania dé el visto bueno al proyecto entre otros planteado por Pedro Sánchez, de poner a disposición de los Estados miembros hasta un billón y medio de euros, en su mayoría como transferencias, para afrontar la crisis del coronavirus. Mientras, el retraso de la presentación del Marco Financiero por parte de la Comisión Europea viene a sumar otra incertidumbre más que los mercados asumen muy negativamente.

Artículos relacionados