Podrán acceder al dinero acumulado en estos instrumentos de ahorro finalista los empleados a los que se les haya impuesto un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y empresarios y autónomos que hayan tenido que paralizar su actividad. La cantidad retirada tiene límites. No podrá exceder el sueldo dejado de percibir por el ERTE o los ingresos netos estimados que se hayan dejado de ingresar por el parón de la actividad. A esta disposición también podrán acogerse los ahorradores en Planes de Previsión Asegurados (PPA), Planes de Previsión Social Empresarial (PPSE) y mutualidades de previsión social.
La reacción del seguro a estas medidas ha sido clara y rápida. Apoyan la medida. En una nota de prensa conjunta, Unespa e Inverco aseguran que “este nuevo supuesto de liquidez va encaminado a paliar las consecuencias de la necesidad económica que, lamentablemente, la situación de emergencia sanitaria supone para muchos españoles y a que cada ahorrador pueda hacer frente a las consecuencias de dicha situación”.
Ambas asociaciones afirman sentirse “orgullosas, como ya ha sucedido en el pasado, de que los instrumentos de previsión social puedan contribuir a mitigar las peores consecuencias de esta contingencia, apoyando una pronta salida de la crisis y, con ello, la recuperación de los niveles de bienestar previos que permitan continuar ahorrando para complementar la jubilación futura de los españoles”.
Explican, además, que estos instrumentos de previsión social contemplan otros supuestos de liquidez (desempleo prolongado, enfermedad grave, incapacidad temporal, dependencia o desahucio de la vivienda habitual) para paliar situaciones de necesidad. Unas ventanas de liquidez que muchos ahorradores ya han aprovechado. En los últimos 10 años, los Planes de Pensiones han abonado anticipadamente 4.000 millones de euros correspondientes a más 726.000 partícipes que han pasado por una situación de desempleo; y lo PPA han abonado en los últimos seis años 339 millones de euros correspondientes a más de 44.000 asegurados.
También conviene recordar que en 2015 se introdujo el rescate de los Planes de Pensiones a los 10 años desde la primera aportación, es decir, los primeros rescates se podrán llevar a cabo a partir del 1 de enero de 2025. Una medida que se tomó para fomentar el ahorro a largo plazo entre el público más joven, pero que no gustó demasiado al sector al considerar que pervertía el objetivo finalista de este tipo de productos. En esta ocasión no hay ‘peros’, la grave situación en la que nos encontramos no les deja hueco, pero sí que hay voces que alertan de la necesidad de que se haga un uso limitado de estos nuevos supuestos especiales de liquidez para que en cuanto sea posible se pueda retomar el uso normal de estos productos.
Entre otras cosas, hay que tener en cuenta un factor muy importante, la valoración del mercado. Puesto que los Planes de Pensiones son instrumentos a largo plazo, un rescate antes de tiempo puede tener impactos financieros negativos. Y en el actual contexto, con la volatilidad e incertidumbre que reina en los mercados conviene no tomar decisiones precipitadas. Desde el Instituto Santalucía aconsejan tirar del ahorro más líquido si se necesita dinero a corto plazo, y en caso de no tener más remedio que acudir al Plan de Pensiones, deshacer las posiciones en los productos más conservadores, en los que los descensos de rentabilidad como consecuencia de las importantes caídas de los mercados en las últimas semanas han sido inferiores.
El director del área de Retirement de Willis Towers Watson en España, Gregorio Gil de Rozas, explica que el rescate de estos instrumentos requiere planificación. Además de la valoración de mercado, comenta que hay que analizar las implicaciones fiscales porque el rescate tributa como rendimiento del trabajo y, según informa, puede ser ineficiente si se trata de un ejercicio en el que se imputan otras rentas excepcionales.