Monitor de Consumo Bancario

Hay quejas sobre su­puestos so­bre­costes en las ven­tanas por la nor­ma­tiva del co­vi­d-19

Los consumidores desacreditan la 'cuarentena hipotecaria' del Gobierno

Un es­tudio de­nuncia que sólo uno de cada 10 de los usua­rios cum­plen los re­qui­sitos para la mo­ra­toria

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La mo­ra­toria hi­po­te­caria es­ta­ble­cida por el Gobierno para ali­viar la merma de in­gresos de los ho­gares es poco más que un brindis al sol para los con­su­mi­do­res: según un es­tudio tan sólo el 10% de usua­rios, uno de cada diez, cum­pliría los re­que­ri­mientos para ac­ceder a ella. El Ejecutivo aprobó la mo­ra­toria hi­po­te­ca­ria, con­sis­tente la sus­pen­sión de las cuotas del prés­tamo por vi­vienda, para pa­liar la si­tua­ción de aque­llas fa­mi­lias que se en­cuen­tren en una si­tua­ción ex­trema de vul­ne­ra­bi­li­dad.

Sin embargo, las condiciones a cumplir son tan excluyentes que una asociación de consumidores bancarios no ha dudado en utilizar la palabra "cicatera".

En el caso de los asalariados, podrán acceder a la suspensión aquellos que se hayan quedado sin empleo como resultado de esta crisis; y también los trabajadores por cuenta propia los que hayan sufrido "una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas", cifrada por el real decreto ley del Gobierno en al menos un 40%.

Los ya citados son los requisitos fundamentales, pero hay otros más específicos. La medida sólo tiene efecto en los préstamos firmados para la adquisición de una vivienda habitual, y siempre y cuando los pagos y gastos derivados del contrato sumen al menos el 35% de los ingresos netos de la unidad familiar al completo. "Cicatera"

En un comunicado de prensa, el estudio critica que debido a estos filtros la medida estrella del Gobierno de Pedro Sánchez podría alcanzar finalmente a un escaso 10% de sus potenciales beneficiarios. El resto, quedaría automáticamente excluido durante el proceso de tramitación por incumplir alguno de los cuatro supuestos que establece la norma.

Los Ertes a vueltas

En ese sentido, algo más del 82% se ve afectado por el primero de ellos, es decir, haber sufrido un ERTE o unas pérdidas del 40% de ingresos o facturación. Le sigue el tercer requisito, con algo más de la mitad de los solicitantes en condición de acreditar que las cargas hipotecarias y los suministros básicos ya suponen el 35% o más de los ingresos de la unidad familiar.

Algo más del 30% de los solicitantes cumplen con el segundo requisito de ingresos familiares con respecto al IPREM y un 20% aproximado han visto multiplicado por 1,3 el esfuerzo en asumir la carga hipotecaria.

En suma, cerca de un 74,5% cumple con alguna de las condiciones, pero no en su totalidad. Algunos solicitantes, el 3%, cumplirían con todos los requisitos pero quedarían expulsados de la ayuda ya que la situación de vulnerabilidad presentada es anterior a las circunstancias de emergencia sanitaria del Covid-19. Porcentaje que se eleva al 12%, en el caso de familias que ya se encontraban en alguno de los supuestos de vulnerabilidad con carácter previo a la emergencia sanitaria, según los datos de Asufin.

La organización presidida por Patricia Suárez defiende que a través de una leve modificación de los supuestos se podría llegar a triplicar el número de beneficiarios, alcanzando a algo más del 32,65%. "Se obtendría tomando en consideración la combinación de dos de los requisitos que nos parecen más razonables: el empeoramiento profesional, formar parte de un ERTE o sufrir un 40% de reducción de ingresos o facturación, por un lado, y el aumento considerable de la carga que supone la hipoteca, del 35% o más, con respecto a los ingresos totales de la unidad familiar, por otro", explican.

La política de la banca durante la cuarentena, a examen

Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Seguros y Cajas de Ahorro (Adicae), ha puesto el foco sobre los aplazamientos en los créditos y préstamos ofrecidos por las entidades financieras.

Según la asociación presidida por Manuel Pardos, son una “trampa” que, lejos de instrumentar fórmulas razonables y eficaces para los consumidores, encubre no sólo costes muy elevados para los hipotecados y deudores que accedan a estas medidas, sino un grave riesgo de anulación en la práctica de las moratorias legales acordadas por el Consejo de Ministros.

"CECA y AEB han apuntado a fórmulas diversas pero confusas de aplazamiento de los pagos" -denuncia Adicae en un comunicado- "Unos aplazamientos parciales que sólo difieren el pago del capital pero que en ningún caso cubren los intereses, que es además la parte más grande de la cuota en muchas hipotecas y que sí cubría la moratoria legal en vigor del Gobierno".

Adicae considera que algunos bancos sólo ofrecen “carencias parciales”, en las que el usuario verá reducida en parte su cuota, "muy levemente si la hipoteca fue constituida en los últimos 5 años, pues casi toda la cuota son intereses en esos momentos iniciales de la hipoteca", a cambio de aumentar exponencialmente el 'bote' de intereses.

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