El sector in­tenta huir de me­didas ju­di­ciales y de de­cretos gu­ber­na­men­tales

Ante la expansión del covid-19, las telecos brasileñas tienden la mano a los clientes morosos

Garantizan la con­ti­nuidad de los ser­vi­cios y el pago apla­zando deudas y re­trasos

Vivo
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Las grandes ope­ra­doras bra­si­leñas -Telefónica Vivo, Claro, Tim y Oi- lle­garon a la con­clu­sión que ante el drama del Covid-19 en un país como Brasil, donde va­rias de­cenas de mi­llones de per­sonas están sin tra­bajo o ca­recen de em­pleos es­ta­bles con co­ber­tura so­cial, solo cabía hacer frente, con­jun­ta­mente, al pro­blema del for­zoso con­fi­na­miento. Con prác­ti­ca­mente toda la po­bla­ción en­ce­rrada en su do­mi­cilio desde el 18 de marzo, nadie en­ten­dería que la parte so­cial más vul­ne­rable que­dara in­co­mu­ni­cada, sobre todo por falta de pago de los ser­vi­cios de te­le­fo­nía.

No fue solo por cuestiones de sensibilidad y solidaridad social que el sector de las telecos tomó la iniciativa de plantear las soluciones que considera más adecuadas, y que, en mayor o menor medida, van todas en la misma dirección: conceden tiempo a sus clientes morosos para pagar las facturas con retraso los servicios post-pago. Por ejemplo Vivo, la filial de Telefónica, que ofrece la posibilidad de retrasar hasta después de diez mensualidades, sin interés ni multas. Además, facilitan recargas de pre-pago a crédito, etc., pero sobre todo acordaron con la reguladora Anatel restablecer los servicios que previamente a la crisis habían sido cortados por falta de pago.

En lugar de una guerra por el cliente, las operadoras rivales decidieron actuar conjuntamente, aunque con margen para adecuar los remedios propuestos a sus situaciones particulares. Hubo además el recelo de tener que tomar medidas más onerosas dictadas tanto por el Gobierno federal, por el regulador Anatel y las autoridades locales como por los tribunales, que ante el aislamiento forzoso de la población, ya habían dictado sendas sentencias condenando los limitados cortes de los servicios de voz y de Internet por falta de pago.

Esquiroles siempre hay

Sin embargo, no todos los actores del sector aplauden la iniciativa conjunta de Vivo, Claro, Tim y Oi, y aún menos la posibilidad de una intervención de las autoridades más favorable a la clientela morosa. Es el caso de las ISP´s (pequeñas operadoras regionales), que tiemblan ante el riesgo de sufrir una hemorragia de clientes y una “explosión” aún más intensa de los niveles de morosidad, que en el ámbito local y regional pasó de representar solo un 8% en febrero a un 15% en marzo y que alcanzaría el 30% a final de abril y podría llegar al 50% durante los próximos meses por la pandemia.

Según la asociación sectorial Abrint, frente a las grandes operadoras, que tienen medios para superar sin grandes riesgos ni traumas un fuerte incremento de la morosidad, no pasará con muchas ISP’s, que se verán condenadas a desaparecer. “Es la sostenibilidad de los pequeños y medios proveedores que está en peligro”, denunciaba Abrint, que amenaza con acudir a los tribunales, acusando a Vivo, Claro, Tim y Oi de dar la espalda a la ley general de telecomunicaciones y a los principios fundamentales de la actividad económica.

Antes de ponerse de acuerdo para reponer los servicios cortados por falta de pago y facilitar la vida a la clientela morosa, las grandes telecos ya habían tomado otras medidas para hacer más llevadero el aislamiento forzoso de la población. Telefónica Vivo, por ejemplo, decidió que, en las próximas semanas, sus abonados de televisión de pago tendrá acceso, sin cargos adicionales, a más de un centenar de canales Premium, como Viacom CBS, Fox Premium, Paramount HD y Discovery, que no estaban incluidos en los planes contratados.

A favor del sector

Sin embargo, no cabe descartar que la crisis del coronavirus también acabe jugando un papel que va a favor del conjunto del sector de las telecomunicaciones (grandes y pequeñas operadoras, proveedores de servicios, proveedores de servicios, instaladores de infraestructuras, trabajadores…), que tienen planteadas ante Anatel, el gobierno federal y las autoridades regionales y municipales muchas y variadas reivindicaciones, Se trata de facilidades de pago y rebajas de la carga fiscal, y sobre todo mayor flexibilidad para la instalación de antenas y el despliegue de redes de fibra óptica, empezando por aquellas demandas de licencias que llevan años esperando la luz verde oficial.

La población, la más beneficiada

Con un total de 210 millones de habitantes, Brasil es uno de los países más vulnerables a la crisis del coronavirus. El presidente del país, Jair Bolsonaro, rechazó ver el problema que, preocupado únicamente con las repercusiones económicas de una ola de pánico, insistía en aquello de una “pequeña gripe” sin riesgos para la vida de las personas afectadas, con que fue necesaria la presión de la cúpula militar, para que el líder populista brasileño y admirador de Trump, aceptara firmar la declaración del “estado de calamidad social” y el confinamiento de la población que el ministro de la Salud, Luis Henrrique Mendieta, reclamaba a gritos.

Un millón de muertos

Según un estudio realizado por el instituto británico Imperial College de Londres, sin medidas drásticas de aislamiento poblacional el coronavirus provocaría en Brasil más de un millón de víctimas mortales. Y advierte, que aún con un aislamiento severo (que a todos luces es casi imposible en el país de las “favelas” gigantescas), pero sin la vacuna necesaria, el número de muertes superará los 40.000. Según los últimos datos oficiales, del pasado martes, el coronavirus mató ya 667 personas en Brasil, y el número de afectados supera los 14.000.

En todo o caso, cabe pensar que los remedios anunciados por las cuatro grandes telecos del país, y cuya aplicación no alcanza más allá de las pocas semanas de aislamiento poblacional que las autoridades tienen previstas, suenan a una gota en el mar, frente a los retos sanitarios y económicos del coronavirus, en un país con una población activa de 92 millones de personas (45% del total): más de un 12% están en el paro y un 41% (34 millones) operan en la llamada “economía informal” que según fuentes oficiales representa 17% del PIB brasileño.

Además de los “autónomos” que cubren un amplio espectro social (muchos de ellos con un buen nivel de vida), la mayoría de los “trabajadores informales” viven al día, de chapuzas y ocupaciones callejeras. O sea, sin derechos laborales y con una frágil cobertura social, y ante una población confinada a domicilio, no será con la modesta ayuda humanitaria de 115 euros mensuales creada ahora, que representa la mitad del salario mínimo nacional y con la que deberán sobrevivir los próximos tiempos, que podrán no solo mantenerse a flote, sino también pagar “bienes esenciales” como la electricidad, el gas, el agua y las telecomunicaciones.

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