Las cons­truc­toras han per­dido ya un 29% de su ca­pi­ta­li­za­ción bur­sátil

La parálisis de la construcción tendrá un impacto superior al 1% del PIB español en un mes

El parón afec­tará a un total de 1,27 mi­llones de tra­ba­ja­dores del sec­tor, según Seopan

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Seopan.

La cons­truc­ción ha sido uno de los sec­tores in­dus­triales de este país que más ha visto pa­ra­li­zada su ac­ti­vidad por la pan­demia del co­ro­na­vi­rus. Pese a que la pe­na­li­za­ción no llega a la que sufre la in­dus­tria aérea o el tu­rismo, los ex­pertos creen que cau­sará efectos ne­ga­tivos per­ma­nentes en la eco­nomía es­pañola. Seopan, la pa­tronal de grandes cons­truc­toras y con­ce­sio­na­rias, cal­cula que se lle­varía por de­lan­temás del 1% del PIB es­pañol en tan solo un mes. Además, la re­cu­pe­ra­ción de las com­pañías en los mer­cados será lenta.

En términos de actividad, el sector de la construcción representa el 10% del total de la economía española. En 2019 generó una producción valorada en 124.049 millones de euros y ocupó a 1,26 millones de trabajadores. De este modo, la paralización total de los trabajos en el ladrillo por la actual situación de crisis sanitaria y el estado de alarma restaría “cerca de un punto porcentual del PIB” anual en tan sólo un mes, tal y como analiza la patronal.

A ello hay que añadirle la gran penalización que están teniendo estas compañías en los mercados. En su conjunto, los valores cotizados relacionados con la construcción se han desplomado un 29% en promedio. “Se trata de una reacción abrupta al descontarse que habrá una desaceleración fuerte también en su actividad”, pronostica José Luis Cárpatos, director de inversiones de Gloversia Eafi.

El peso de la industria

De ahí a que Seapan exija ampliar el plazo de ejecución de los contratos para compensar el menor ritmo de ejecución derivada de esta situación actual. Un entorno que repercute negativamente en un colectivo de 1,27 millones de trabajadores y cuyo desempleo, según fuentes consultadas, “se disparará a medida que pasen los próximos días”.

Por lo pronto, la realidad es que la actividad constructora se mantiene estable y únicamente se han paralizado algunos proyectos puntuales por petición expresa de los clientes y promotores, ya sean públicos o privados o, incluso, por algunos casos de empleados que han dado positivo en el test del coronavirus.

Según la patronal, el sector de la construcción e infraestructuras “tiene un enorme impacto en nuestro desarrollo económico y social, dado que se trata del sector productivo que genera la mayor actividad económica inducida de nuestra economía (1,92 euros por cada euro invertido) y además presenta la menor cuota de importaciones”.

Sus cálculos describen que la industria del ladrillo genera mensualmente unos 1.233 millones de euros y emplea a unos 152.000 trabajadores directos. A esto hay que sumarle las obras privadas que suponen otros 9.104 millones de euros mensuales y 1,11 millones de empleos. Concretamente, del conjunto de la actividad constructora total el 12% corresponde a la promovida por las administraciones públicas y el 78% por la iniciativa privada.

La ampliación de los plazos de los contratos

Con todo, pese a que desde la patronal abogan por que no se paralice del todo la actividad, reclama “ciertas medidas para el sector, adicionales a las generales ya adoptadas para afrontar la actual crisis”.

Para ser más exactos, exige aplicar una ampliación automática del plazo de ejecución de los contratos para que se pueda compensar el tiempo de trabajo que se haya perdido por “el ritmo más bajo de producción a causa de la epidemia”.

También, y en caso de las administraciones públicas, hace el planteamiento de medidas más técnicas. Por ejemplo, autorizar “anticipos a cuenta durante el estado de alarma, a deducir íntegramente de certificaciones futuras tras la finalización del tiempo que dure el brote”.

Estas herramientas que plantea utilizar además de no suponer un consumo de recursos públicos adicionales, “beneficiaría a todos los proveedores, subcontratistas y trabajadores autónomos”, argumenta la patronal. Así, supondría también “un alivio para la asignación de la línea de avales recientemente aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros”, concluye.

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