ANÁLISIS

Torres (BBVA) busca un pacto privado con los damnificados del caso FG-Villarejo

Pretende mi­tigar el coste repu­tacional para la en­tidad y evitar de­mandas y pre­vi­si­bles con­denas

FG y Carlos Torres
FG y Carlos Torres

Superado el agri­dulce trance de la pre­sen­ta­ción de los re­sul­tados de 2018 y el le­van­ta­miento del se­creto del su­mario del caso FG-Villarejo, el BBVA de Carlos Torres ha pa­sado a la ofen­siva. En si­gilo y casi con ale­vo­sía, el su­cesor del ín­clito Francisco González en la pre­si­dencia de la en­tidad con sede en Bilbao ha con­vo­cado a al­gunos de los "damnificados" más sig­ni­fi­cados por el es­pio­naje con­ti­nuado del ex co­mi­sario ac­tual­mente en pri­sión para, apa­ren­te­mente, al­canzar un acuerdo de cese hos­ti­li­da­des. La in­ten­ción es clara: com­pensar los daños y per­jui­cios oca­sio­nados y evitar fu­turas de­man­das.

Como ya lo hiciera con el ex presidiario Luis Pineda, polémico presidente de la extinta Asociación de Usuarios Bancarios (Ausbanc), con la que pactó la retirada de su personación en el proceso que se le sigue por extorsión (cuyo juicio comenzó este martes en Madrid), Torres pretende evitar el previsible daño reputacional al banco por el largo proceso que se espera en la Audiencia Nacional y, sobre todo, que los damnificados por el espionaje presenten demandas multimillonarias contra la segunda entidad financiera española.

Según fuentes financieras solventes, Torres ha mantenido ya varias entrevistas con varios perjudicados, incluyendo a alguno de la época en la que su predecesor Francisco González compartía presidencia con Emilio Ybarra tras la fusión del BBV y Argentaria. En ellas, Torres ha repetido su discurso habitual, el mismo que relató en la presentación de resultados de finales del pasado enero: el BBVA es una entidad respetable y sólida, tanto ética como financieramente, y ahora nada tiene que ver con la que heredó de su mentor y predecesor, el imputado Francisco González.

Su intención es pasar página cuanto antes, pedir disculpas si es necesario y evitar litigar ante los Tribunales en el previsible caso de una sentencia condenatoria y adversa para la entidad financiera, imputada por el magistrado Manuel García Castellón y acusada de posible comisión de delitos graves.

Una vez levantado el secreto del sumario, en cuyo auto se considera que hubo "continuados delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos" por parte de empleados del BBVA, de las que sería responsable jurídicamente la propia entidad, la iniciativa seguida por Torres responde a la estrategia recomendada por sus abogados, los despachos Garrigues y Uría Menéndez, que se basa en total colaboración con la Justicia (aunque en el BCE y en la Fiscalía se haya puesto en duda en ocasiones), admisión de responsabilidades si así decide el juez y contención máxima de daños, sobre todo reputacionales.

Medios financieros consideran que Torres llamará una a una a las personas físicas personadas en el proceso. Para ello ya ha solicitado directamente la mediación de un financiero de solvencia reconocida ante los previsibles perjudicados, a fin de evitar litigios posteriores, en línea con la denominada "doctrina Botín" que fue absuelto por el olvidado caso de las cesiones de crédito ante la inexistencia de reclamaciones .

Entre los personas físicas personadas en el sumario, como eventuales perjudicados, se encuentran el ex ministro socialista con Zapatero, Miguel Sebastián; el ex vicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas; el ex presidente de Sacyr Luis del Rivero; el ex consejero de Sacyr y ex empleado del BBVA Vicente Benedito; el ex consejero del BBVA José Domingo Ampuero y hasta el presidente de Ausbanc, Luis Pineda.

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