Monitor del Seguro

La OCDE cri­tica al­gunas de las me­didas adop­tadas en España

Las pensiones vuelven a entrar en escena

Inverco y Unespa piden de nuevo un sis­tema de ads­crip­ción por de­fecto

Sistema de pensiones
Sistema de pensiones

Sostenibilidad es un vo­cablo que se ha con­ver­tido en parte con per­so­na­lidad propia del lé­xico em­pre­sa­rial y hasta po­dría de­cirse que está de moda. Escucharlo evoca con­ceptos como lucha contra el cambio cli­má­tico, transición ener­gé­tica, fin de la po­breza y del hambre o el fo­mento de la salud y el bien­es­tar. Todos ellos, en prin­ci­pio, ob­je­tivos muy loa­bles que se com­parten am­pliaemnte. Pero, ade­más, esta pa­labra se usa de forma re­cu­rrente en otro ám­bito, el de las pen­sio­nes.

Pensiones y sostenibilidad son dos palabras que en boca de autoridades, expertos, responsables de entidades financieras, aseguradoras y demás, van prácticamente siempre unidas.

Y van unidas fundamentalmente en dos sentidos: cuando se habla de la necesaria sostenibilidad del sistema de pensiones y cuando se hace referencia al conocido como factor de sostenibilidad, un mecanismo de ajuste automático de ciertos parámetros de las pensiones (edad de jubilación, años de cotización necesarios o importe inicial de la pensión) a la esperanza de vida de la población y que ya está implantado en varios países europeos. En España tendría que haber entrado en vigor en 2019, pero no ha podido ser.

Finalmente, el factor de sostenibilidad no se incorporó al cálculo de las pensiones, ya que la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado dispuso que su aplicación se llevará a cabo “una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante, y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023.”

A este factor de sostenibilidad, y al retraso en su aplicación, se refirieron la semana pasada en Madrid los expertos de la OCDE en la presentación del informe bianual de la OCDE Pensions at a Glance. Obviamente consideran que no implantarlo perjudica “la sostenibilidad” de las pensiones; lo mismo que eliminar el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que fue introducido en España por la Ley 20/2013 sustituyendo al Índice de Precios al Consumo (IPC), pero que duró pocos años. Hasta que en 2018 el Gobierno socialista decidió volver a utilizar el IPC, lo que posibilitó incrementar las pensiones ese año y en 2019 un 1,6% en lugar del 0,25% que habría correspondido con el IRP.

La parte pública del sistema de pensiones tiene problemas, y la privada también. En este ámbito la OCDE también manifestó su disconformidad con algunas de las medidas tomadas en España, como la de permitir que los planes de pensiones puedan rescatarse cuando las aportaciones cuenten con una antigüedad de 10 años, medida que entra en vigor en 2025. Consideran que permitir el rescate tras 10 años ahorrando desnaturaliza el propio concepto de plan de pensiones convirtiéndolo en un mero plan de ahorro a largo plazo con ventajas fiscales.

La visita de los expertos de la OCDE sirvió de marco perfecto para que la industria financiera española más estrechamente relacionada con el ahorro hiciera sus peticiones. En el acto de presentación del informe, el presidente de la asociación, Ángel Martínez Aldama, reclamó cuatro medidas al nuevo Gobierno (ninguna nueva): establecer un sistema de autoadscripción a planes de pensiones similar al modelo de Reino Unido; enviar a los ciudadanos la información sobre su futura pensión (iniciativa que ya fue aprobada en 2011, pero que ningún Ejecutivo se ha animado a poner en marcha); establecer un marco fiscal estable y que anime el ahorro privado; y extender a productos como planes y fondos de inversión las ventajas fiscales de las rentas vitalicias (exención de tributar las plusvalías por la venta de activos como inmuebles o acciones si se destinan a rentas vitalicias).

El sistema de pensiones de Reino Unido también ha sido reivindicado recientemente por la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, en varias ocasiones. De hecho, la asociación profesional del seguro ha presentado hace poco un estudio sobre el sistema de adscripción por defecto británico, evento en el que González de Frutos aseguró que de haber implantado en España este sistema hace 20 años hoy no tendríamos un problema con las pensiones.

En cualquier caso, hoy por hoy, lo cierto es que en España el ahorro privado en planes de pensiones es escaso. Según explicó la presidenta de Unespa en la presentación del mencionado informe, en lo que va de siglo, los holandeses han destinado el 16% de su renta a la previsión capitalizada, los daneses y británicos el 11% y los holandeses, el 4,4%. En España ese porcentaje es del 1,9%. Ahorramos poco, pero ahorramos más.

Según los datos de Inverco correspondientes a finales de 2019, el patrimonio en planes de pensiones asciende a 116.419 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,9% respecto a diciembre de 2018. Un avance significativo que se ha apoyado en unas aportaciones netas de 798 millones de euros y, sobre todo, en unas rentabilidades nunca vistas gracias a la buena evolución de los mercados. Estos instrumentos cerraron el ejercicio con la mejor rentabilidad de la serie histórica: un 8,8% de media en el año. Un excelente resultado que podría ejercer de gancho para atraer más ahorradores hacia estos productos.

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